La transversalidad del sector eléctrico colombiano


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La electricidad es ese engranaje central que mueve a todos los sectores, y en un mundo cada vez más tecnológico y globalizado parece imposible alcanzar las metas de desarrollo sin contar con ella. Si lo pensamos bien, la luz eléctrica se ha hecho indispensable para casi cualquier actividad económica y humana. Desde la producción industrial, la consecución de un dictamen médico y el desplazamiento al trabajo hasta hablar con la familia, ver un partido de fútbol y, para algunos, cepillarse los dientes.

Por ello, “un colapso del sector eléctrico significa un colapso económico y social. Sin electricidad el mundo contemporáneo no funciona. Hoy la economía está mucho más electrificada que en el apagón de 1992”, comenta Milton Montoya, director del Departamento de Derecho Minero-Energético de la Universidad Externado.

Esta premisa puede verse en estudios como la “Matriz Insumo-Producto” que realiza el DANE, en la que muestra una radiografía de cómo los sectores de una economía se compran y venden cosas entre sí y en la que la energía eléctrica se catalogó como “clave” para la producción, representando un 4,84 % de los costos totales de consumo intermedio en la economía.

La Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgén) explica que cada sector depende de la energía eléctrica para su funcionamiento y para optimizar su eficiencia y productividad. Para corroborarlo, se refiere a la evidencia de la matriz de multiplicadores, una herramienta económica que muestra cómo un aumento o disminución en la demanda de bienes o servicios de un sector específico se propaga a través de toda la economía, afectando a otros sectores y al conjunto de la actividad económica.


¿Qué dice esta matriz del sector de energía eléctrica? Que tiene un multiplicador de 2,3, es decir, que por cada peso que se demanda, se generan 2,3 pesos en el total de la economía. José Antonio Vargas Lleras, presidente de la Junta Directiva de Enel Colombia, añade que está comprobado que los países con mayor consumo de energía per cápita suelen tener los índices más altos de bienestar.

“Un sistema eléctrico robusto no solo fortalece la confiabilidad energética, sino que fomenta la inversión extranjera, genera empleo de calidad, mejora el acceso a servicios básicos en comunidades aisladas y apoya la transición energética al facilitar la integración de fuentes limpias, generando beneficios económicos y ambientales para el país”, precisa Vargas.

Según estudios del Banco de Bogotá, una hora de apagón podría costarle al país entre $175.000 millones y $204.000 millones. Fedesarrollo estima que un racionamiento prolongado podría reducir el Producto Interno Bruto (PIB) 1,5 puntos porcentuales, unos $24 billones. Una caída de este tipo incrementaría el desempleo en un punto porcentual, destruiría 230.000 empleos y llevaría a 203.000 personas a la pobreza y a 102.000 a la pobreza extrema.

Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgén, recalca que los impactos de un apagón no solo serían económicos, sino que estarían relacionados directamente con el bienestar y la calidad de vida del país: “La energía eléctrica está presente en nuestro día a día. Por poner algunos ejemplos, con esta funcionan los electrodomésticos en los hogares y comercios, los refrigeradores para que los alimentos se conserven adecuadamente en las casas, supermercados y restaurantes, y los equipos de comunicación y herramientas de estudio y trabajo como celulares, computadores, entre otros”.

Según el Sistema Único de Información (SUI), de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en 2024, 16,5 millones de suscriptores recibieron una factura de energía eléctrica, de los cuales el 91 % son usuarios residenciales y el 9 % son no residenciales. Esa prestación del servicio a los usuarios aportó a la economía $36,5 billones en los tres primeros trimestres del año: el 3 % del PIB de ese período, según el DANE.

Afectaciones posibles


Desde Acolgén señalan que el sector eléctrico ayuda a impulsar la transición hacia energías renovables, como la solar, la eólica o la hídrica. Si el sector entra en crisis se afecta la transición energética. “El 73 % de la capacidad instalada en proyectos de tecnología solar, el 97 % de la capacidad hidráulica y el único proyecto eólico que actualmente está entregando energía al sistema son proyectos de las empresas asociadas a Acolgén”, puntualiza la Asociación.

También habría afectaciones en los aportes sociales y ambientales de las generadoras, que en 2023 invirtieron $182.000 millones en reforestación y conservación de la biodiversidad en 17 departamentos, siembra de 215.000 árboles y protección de flora y fauna. Asimismo, destinaron $237.000 millones a saneamiento básico y mejoramiento ambiental en municipios del área de influencia de los proyectos. Y más de $111.000 millones para infraestructura comunitaria y escolar, apoyo a comunidades étnicas, electrificación rural, entre otros.


Los expertos coinciden en que se debe aumentar la capacidad del sistema eléctrico y diversificar la matriz actual sin perder su diversidad y complementariedad. Y que se requieren planeación y estrategia que involucren desde el Gobierno hasta las comunidades. “Colombia debe organizar urgentemente una nueva subasta para todas las tecnologías en generación de energía”, dice Montoya.

“Según Acolgén, el nivel de inversión necesario varía según la matriz de generación adoptada. Si se opta exclusivamente por proyectos solares fotovoltaicos, se necesitarían $11 billones anuales. Una distribución con 50 % solar, 30 % eólica y 20 % hidráulica menor reduciría la inversión requerida a $9 billones por año, manteniendo un enfoque sostenible y eficiente”, concluye Vargas Lleras.

La presidenta de Acolgén dice que este año se espera que ingresen 3.613 MW nuevos: “No son suficientes para aumentar el margen entre la demanda y la oferta de energía en firme. Para 2026, según pronósticos de demanda de la UPME y de oferta de XM, identificamos un margen de 1,8 % bajo un escenario de demanda media, pero en un escenario de alta demanda se espera un déficit de 1,8 %”.