Las angustias del sector TIC

Los principales operadores del país piden al Gobierno un marco regulatorio que incentive la inversión. La entidad a cargo asegura que así lo ha hecho, poniendo por encima de todo el bienestar del usuario.

María Alejandra Medina C. / @alejandra_mdn
02 de junio de 2017 - 03:00 a. m.
Los operadores Telefónica, Claro y Tigo Une coinciden en que se debe mejorar el entorno para promover la inversión.  / Mauricio Alvarado
Los operadores Telefónica, Claro y Tigo Une coinciden en que se debe mejorar el entorno para promover la inversión. / Mauricio Alvarado
Foto: MAURICIO ALVARADO

Para la industria de las telecomunicaciones, los días en que el sector crecía el doble de lo que repuntaba la economía nacional quedaron atrás. Incluso, aquellos en que iban al mismo ritmo son cuestión del pasado. En 2016, los servicios de correo y telecomunicaciones, en su conjunto, de acuerdo con información del DANE, cayeron 1,9 %. Con ese resultado, los trimestres en terreno negativo suman casi dos años. Unos lo llaman crisis. Otros, como el operador Claro, incluso hablan de una “recesión”.

Por eso, para quienes se desempeñan en el negocio, es fundamental que en el entorno existan las condiciones para invertir, una acción inevitable en esta industria que básicamente depende de su capacidad de innovar y que ocupa los primeros puestos entre los sectores que más invierten en el país. Con mayor razón, dicen las compañías de telecomunicaciones, eso debe ocurrir para perseguir el objetivo del Gobierno de tener un país inmerso en la economía digital. Así lo sostuvieron los tres principales operadores, Claro, Movistar y Tigo Une, en el encuentro anual organizado por la Asociación Colombiana de Ingenieros (Aciem).

“La situación se debe en gran parte a la reducción en el consumo, los altos costos derivados de la tasa de cambio, puesto que hacemos compras de contenidos o de equipos en dólares y hemos sido impactados por la nueva carga tributaria: un incremento de IVA al 19 %, un impuesto al consumo de 4 %, más los impuestos locales”, sostuvo Natalia Guerra, directora de regulación de Telefónica Colombia.

Pese a que el último boletín de las TIC no ha sido publicado, por lo pronto el último trimestre de 2016 no fue tan desalentador: las conexiones a 4G en internet pasaron de tener una participación de 21 % en el mismo período de 2015 a 31 % a finales del año pasado. En cuanto al número de equipos que tienen los colombianos para conectarse a banda ancha (1 mbps), aumentó 15 puntos entre 2015 y 2016, al pasar de 54,5 a 69,55, de acuerdo con el indicador publicado este mes por el Mintic.

Para Jaime Plaza, vicepresidente de regulación de Tigo Une, es necesaria “una visión estratégica de Estado orientada a promover la inversión. El tema nos urge la inquietud porque el Departamento Nacional de Planeación publicó un estudio que señala que Colombia tendrá que invertir $95 billones para insertar al país en la economía digital”.

Al respecto, el viceministro TI, Daniel Quintero, quien escuchó las inquietudes del sector sobre las condiciones para invertir, afirmó que en efecto hay “temas regulatorios que se están revisando con mucha atención y hay reuniones permanentes con el sector”. Quien tiene la responsabilidad en la materia, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, asegura que se han hecho esfuerzos para promover la competencia y la inversión partiendo del beneficio al usuario.

Juan Manuel Wilches, comisionado de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), destacó que el país adoptó el nuevo régimen de calidad de servicio y el nuevo régimen de protección a usuarios. “Privilegiamos que la competencia se dé a través de los usuarios. Buscamos promover que haya más información para el usuario con el fin de que quien se destaque en servicio, calidad y atención al cliente sea quien más llame la atención, que sea el usuario quien tome la decisión dependiendo de las tarifas, planes, servicio y calidad que ofrecen”, afirmó.

Agregó que en dos meses, más o menos, estarán los resultados de un estudio que marcará la hoja de ruta para la economía digital, para que vacíos como los que han destapado Uber y Netflix se puedan empezar a llenar. “El objetivo es mirar qué tiene que hacer la CRC para promover el desarrollo y no restringirlo, y generar recomendaciones para los reguladores de otros sectores para que adopten la visión de promover y no restringir”.

El debate sobre la subasta

Una de las grandes apuestas del Ministerio TIC es la subasta de espectro de 700 MHz, el carril más apetecido en la autopista invisible por donde viajan las telecomunicaciones. Según lo que espera el sector, ese proceso concluiría a finales de este año o comienzos de 2018. Sin embargo, las posiciones están encontradas: mientras Tigo Une y Movistar consideran que no es el momento para sacar adelante esta subasta, precisamente porque no hay condiciones para invertir y aún hay reclamos e incertidumbre de seguridad jurídica, Claro opina que puede llevarse a cabo, pero “no así”.

La petición, según Juan Carlos Archila, presidente de América Móvil Colombia, a la que pertenece Claro, es que haya equidad para competir. “Hoy dan ventajas a ciertos operadores. A Movistar y Claro no nos permiten aplicar por el bloque más grande (de espectro) de 30 MHz, que da ventajas en calidad como en precio”. Asimismo considera que, a diferencia del pasado, por ser el mayor operador del país, no debería asumir las mayores obligaciones que el Estado exige a cambio de la asignación de espectro, como, por ejemplo, garantizar la cobertura en un determinado número de municipios. “Las obligaciones deberían alinearse a la cantidad de espectro que a cada quien se le asigne”.

Por lo pronto, el proceso se encuentra en revisión de los comentarios que los interesados hicieron sobre los borradores, frente a los cuales Tigo Une, por ejemplo, protestó, porque se propone cambiar los topes o cantidad máxima de espectro que un operador puede manejar. La inconformidad parte de que, tras la fusión de Tigo con Une, la compañía se vio obligada a devolver MHz, precisamente por sobrepasar los topes. A Movistar, de otro lado, le preocupan las garantías y el futuro que depende de peleas jurídicas que tiene la compañía con el Estado.

Lo cierto es que el Gobierno ha insistido en la importancia de adelantar ese proceso para que la autopista de las telecomunicaciones no se quede corta de cara a la demanda de servicio que tiene el país. El tiempo corre en contra, contemplando además que el próximo año habrá un cambio de Gobierno. Eso no quita, sin embargo, que de semejante proceso dependa buena parte del futuro de la conectividad y la competitividad del país.

Por María Alejandra Medina C. / @alejandra_mdn

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