Las apuestas de la nueva MinAmbiente para hacerle frente a la minería ilegal
Susana Muhamad, ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, habla sobre la importancia del trabajo con las comunidades y la comunidad internacional para mitigar el impacto que genera la minería ilegal en Colombia.
Diego Ojeda
La minería ilegal en Colombia es un problema serio. Un reciente estudio de la Contraloría General de la República muestra que el 85 % del oro que se exporta proviene de esta práctica, lo que contamina fuentes hídricas con metales pesados como el mercurio y el cianuro.
En comparación con el negocio ilícito de la cocaína, menciona el informe, el de la minería ilegal puede resultar más atractivo, pues un kilo de estupefaciente puede estar en el mercado por alrededor de $5 millones, mientras que un kilo de oro ilegal puede estarlo por el orden de los $250 millones. “Esto ha hecho que la minería ilegal de oro esté disparada y contaminando, de manera crítica ríos como el Atrato, en Chocó”, aseguró el contralor delegado para el Medio Ambiente, Gabriel Adolfo Jurado.
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Además de las fuentes hídricas, las zonas forestales también se han visto fuertemente castigadas por cuenta de la minería ilegal. El reporte de la Contraloría informa que el país pierde diariamente 500 hectáreas de bosque, lo que equivale a unos 1.000 estadios tan grandes como El Campín de Bogotá.
“Colombia está en presencia de una masacre ambiental, ante el creciente fenómeno de la deforestación. En el año 1990, Colombia tenía cerca de 65 millones de hectáreas de bosque y hoy, 32 años después, se está llegando a 59 millones de hectáreas. Es decir, se han perdido más de 6 millones de hectáreas”, advierte la Contraloría.
En el marco del Séptimo Congreso Empresarial Colombiano (organizado por la ANDI) la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, comunicó que para el Gobierno de Gustavo Petro es importante atacar este mal, y reveló parte de la estrategia que se busca emplear para tal fin.
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“Tenemos que trabajar en los territorios donde hay más susceptibilidad, y que también son ambientalmente sensibles”, menciona la jefe de cartera, quien añade que en estos lugares es importante trabajar con las comunidades para darles reales garantías y oportunidades económicas y sociales.
El segundo actor importante en esta materia, según lo descrito por Muhamad, es el Estado, quien con su acompañamiento debe evitar que las economías ilícitas pululen en estos territorios. En esa misma línea, cree importante que se fortalezca la justicia y la capacidad de investigación.
La tercera protagonista sería la comunidad internacional, pues se requiere de su participación para la lucha contra las organizaciones criminales que se dedican a la minería ilegal.
“La minería ilegal está trabajando en muchos territorios fronterizos de Colombia. Cuando las autoridades de un país intentan interceder, ellos se pasan la frontera. Esto requiere una cooperación internacional en la Amazonía y un trabajo de fortalecimiento frente a la justicia, para que las comunidades no terminen siendo utilizadas por la economía ilícita”, detalla.
Hay que esperar cómo evolucionan estas y otras estrategias en el gobierno de Gustavo Petro, pues uno de los pilares en su programa de gobierno implica la protección del medio ambiente, tanto de actividades legales como ilegales.
Ventanilla contra la corrupción
En su intervención en el congreso, Muhamad propuso a los empresarios la creación de una ventanilla en el ministerio, en la que pueden poner sus quejas con hechos relacionados a corrupción cometida por funcionarios del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
“Si un empresario siente que hay algún chantaje por parte de alguna autoridad ambiental, si hay algún funcionario que no se está comportando adecuadamente, puede denunciarlo por medio de esta ventanilla”, concluyó.
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En comparación con el negocio ilícito de la cocaína, menciona el informe, el de la minería ilegal puede resultar más atractivo, pues un kilo de estupefaciente puede estar en el mercado por alrededor de $5 millones, mientras que un kilo de oro ilegal puede estarlo por el orden de los $250 millones. “Esto ha hecho que la minería ilegal de oro esté disparada y contaminando, de manera crítica ríos como el Atrato, en Chocó”, aseguró el contralor delegado para el Medio Ambiente, Gabriel Adolfo Jurado.
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Además de las fuentes hídricas, las zonas forestales también se han visto fuertemente castigadas por cuenta de la minería ilegal. El reporte de la Contraloría informa que el país pierde diariamente 500 hectáreas de bosque, lo que equivale a unos 1.000 estadios tan grandes como El Campín de Bogotá.
“Colombia está en presencia de una masacre ambiental, ante el creciente fenómeno de la deforestación. En el año 1990, Colombia tenía cerca de 65 millones de hectáreas de bosque y hoy, 32 años después, se está llegando a 59 millones de hectáreas. Es decir, se han perdido más de 6 millones de hectáreas”, advierte la Contraloría.
En el marco del Séptimo Congreso Empresarial Colombiano (organizado por la ANDI) la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, comunicó que para el Gobierno de Gustavo Petro es importante atacar este mal, y reveló parte de la estrategia que se busca emplear para tal fin.
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“Tenemos que trabajar en los territorios donde hay más susceptibilidad, y que también son ambientalmente sensibles”, menciona la jefe de cartera, quien añade que en estos lugares es importante trabajar con las comunidades para darles reales garantías y oportunidades económicas y sociales.
El segundo actor importante en esta materia, según lo descrito por Muhamad, es el Estado, quien con su acompañamiento debe evitar que las economías ilícitas pululen en estos territorios. En esa misma línea, cree importante que se fortalezca la justicia y la capacidad de investigación.
La tercera protagonista sería la comunidad internacional, pues se requiere de su participación para la lucha contra las organizaciones criminales que se dedican a la minería ilegal.
“La minería ilegal está trabajando en muchos territorios fronterizos de Colombia. Cuando las autoridades de un país intentan interceder, ellos se pasan la frontera. Esto requiere una cooperación internacional en la Amazonía y un trabajo de fortalecimiento frente a la justicia, para que las comunidades no terminen siendo utilizadas por la economía ilícita”, detalla.
Hay que esperar cómo evolucionan estas y otras estrategias en el gobierno de Gustavo Petro, pues uno de los pilares en su programa de gobierno implica la protección del medio ambiente, tanto de actividades legales como ilegales.
Ventanilla contra la corrupción
En su intervención en el congreso, Muhamad propuso a los empresarios la creación de una ventanilla en el ministerio, en la que pueden poner sus quejas con hechos relacionados a corrupción cometida por funcionarios del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
“Si un empresario siente que hay algún chantaje por parte de alguna autoridad ambiental, si hay algún funcionario que no se está comportando adecuadamente, puede denunciarlo por medio de esta ventanilla”, concluyó.
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