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26 Nov 2021 - 10:41 p. m.

Las cinco grandes fallas en el proyecto Hidroituango, según la Contraloría

La entidad identificó una serie de atrasos y decisiones que, según su análisis, llevaron a la contingencia de 2018, hechos por los cuales profirió fallo de responsabilidad fiscal, por $4,3 billones, que cobija a 26 personas y empresas.
El objetivo de EPM es empezar a generar energía en el segundo semestre de 2022.
El objetivo de EPM es empezar a generar energía en el segundo semestre de 2022.
Foto: Mauricio Alvarado

Este viernes, la Contraloría dejó en firme el fallo de responsabilidad fiscal por el caso Hidroituango.

La ratificación del fallo de la Contraloría llega 11 meses después de que la entidad imputara cargos por el caso Hidroituango, que en su momento cobijó a 28 personas naturales y jurídicas. Actualmente, la decisión compromete a 26 personas, entre naturales y jurídicas.

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En sus múltiples expedientes, el ente de control ha insistido en que la raíz de los males en el proyecto fue una acumulación de atrasos que se remontan a la construcción de las vías de acceso al sitio en donde se excavarían los túneles de desviación del río Cauca. Tanto la carretera como los túneles son piezas claves de la infraestructura de todo el proyecto porque sin desviación de las aguas era imposible construir la presa y, sin el muro, no es posible hablar de una central hidroeléctrica en general.

En el fallo, la Contraloría asegura que, si bien todo se remonta a los atrasos con las vías, hay por lo menos otros cuatro puntos clave más que explican cómo el megaproyecto llegó a la contingencia de 2018.

En el ítem de las vías, la entidad señala que, desde el principio, se comenzaron a idear e implementar “planes de aceleración, contingencia y/o recuperación de tiempos, lo anterior como consecuencia de falta de planeación, de desórdenes administrativos de Hidroituango, del hecho de que la junta directiva no conminara al gerente a cumplir en tiempo las decisiones que se adoptaban, y de decisiones improvisadas que introdujeron modificaciones sustanciales a las características del proyecto”.

Como segundo hecho, la Contraloría señala la “inclusión de salvedades en el contrato BOOMT que operaron en perjuicio del proyecto al convertir una típica obligación de resultado como es la construcción de una obra en una obligación de medio -aminorando de esta forma la responsabilidad de EPM-, y que adicionalmente modificaron la distribución de riesgos del contrato en perjuicio de Hidroituango”.

En el cronograma inicial de la megaobra, las obras de desviación del río “deben comenzar a más tardar en febrero de 2011 para tenerlo totalmente desviado en 2012″. Pero en marzo de 2011, debido a los atrasos, tocó suscribir un contrato para intentar desatrasar el proyecto (conocido como BOOMT). En ese documento, la desviación ocurriría en enero de 2013.

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Para 2012, EPM corrió una simulación para ver cómo los problemas que habían acumulado hasta ese momento impactarían el desarrollo del proyecto y concluyó, cita la Contraloría, que la obra no estaría lista a tiempo (de hecho, llevaba nueve meses de atraso).

Y esta conciencia es clave para el ente de control porque EPM se presentó para una subasta de energía a futuro, en la que le fueron asignadas Obligaciones de Energía Firme (OEF) mediante el popular cargo por confiabilidad para un periodo entre diciembre de 2021 y el 30 de noviembre de 2038. Esta fue la segunda subasta en la que participó el proyecto, vale la pena aclarar. En otras palabras, el proyecto estaba asumiendo responsabilidades futuras de generación en un momento en el que, según la Contraloría, tenía claro que la fecha de finalización y puesta en marcha de la central estaba en veremos.

En la lista de la Contraloría, el tercer hecho que señala las fallas en el proyecto es el atraso en “la suscripción del contrato de construcción de los túneles de desviación, como consecuencia de problemas de planeación que se manifestaron en decisiones administrativas y presupuestales inoportunas”.

En 2012, la desviación del río no se había realizado (y sólo se podía hacer en los meses de verano, por razones obvias) y tampoco se había contratado las obras para fabricar las compuertas que regularían el caudal del río a través de los túneles. Para diciembre de 2013, dice la Contraloría, estos elementos llevaban un atraso de 91 % respecto al cronograma.

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Y es por este lado que se suscribe el cuarto punto identificado por la Contraloría: “Atrasos y defectos en la ejecución del contrato de los túneles de desviación suscrito con el consorcio CTIFS que supuso la implementación de planes de contingencia, recuperación de tiempos y/o aceleración, todo lo anterior como consecuencia de situaciones atribuibles fundamentalmente al contratista, las cuales no fueron mitigadas a tiempo por EPM ni por Hidroituango desde su rol de vigilancia y control establecido en el contrato BOOMT”.

Como los frentes de las compuertas y la desviación arrastraban retrasos, se decidió no instalar las guías de las compuertas (cada una de siete metros de alto por 14 de ancho) y, a su vez, construir un tercer túnel para manejar las aguas del Cauca, la famosa Galexía Auxiliar de Desviación (GAD). Esta estructura no estaba incluida en el plan inicial de obras.

El quinto punto que identificó la entidad va justo al corazón de este asunto al decir que la “terminación de las obras de desviación por parte de CCCI -contratista de las obras principales- bajo un plan de aceleración lo que aunado a problemas de planeación por la no contratación en tiempo de las compuertas para los túneles de desviación y la decisión de no ponerlas por falta de tiempo, en contravía de lo aconsejado por el board de expertos, condujo a lc

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