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En 2024 solo ingresó el 22 % de la energía prevista para ampliar la oferta. Y en 2023 la situación fue aún peor, porque solo ingresó al sistema el 17 % de la energía esperada a inicio de año. En 2022, el 28 %, y en 2021, el 7%.
¿Y qué pasa con la demanda? Sigue creciendo. En 2024 la demanda del Sistema Interconectado Nacional fue de 82.121 GWh, presentando un aumento del 2,7 % con respecto a la de 2023 (que fue de 79.982 GWh). Este contraste entre el crecimiento de la demanda y los problemas para ampliar la oferta explica por qué cada vez hay más llamados de alerta sobre los riesgos de escasez y la necesidad de tomar medidas para evitar contingencias en el sistema.
Según XM, en el país hubo un incremento en la demanda comercial en 2024. En el Caribe el aumento fue del 3,16 %, en la región Centro llegó al 1,67 % y en Antioquia fue del 2,43 %.
Las proyecciones basadas en los datos de oferta de XM y demanda de la UPME indican que el balance de energía firme (la que se puede generar de manera continua, incluso en condiciones críticas como sequías) podría bajar hasta 1,4 % en 2026 y a solo 0,2 % en 2027. Así las cosas, habría un déficit del 3,1 % en 2028. Y en escenarios más críticos, el déficit podría presentarse desde 2025,
¿Por qué llegamos a este punto? Hay varios factores. El primero son los problemas de conectividad o licenciamiento ambiental, como los que demoraron más de cinco años la licencia ambiental para el proyecto de transmisión Colectora, en La Guajira. Ese problema impide conectar proyectos de energía renovable esenciales para la estabilidad del sistema eléctrico.
También hay dificultades propias de las consultas previas, la conflictividad social y la seguridad en los territorios. “Estos procesos, aunque necesarios para respetar derechos constitucionales, carecen de una gestión eficiente y coordinación gubernamental, lo que paraliza proyectos claves”, precisa Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo. Sin olvidar el impacto por la presencia de actores armados ilegales en áreas con proyectos energéticos, lo que ha alimentado un clima de desconfianza tanto entre las comunidades locales como entre los inversionistas. Conclusión: el proceso para obtener licencias ambientales resulta burocrático y lento.
Otro foco de incertidumbre son los mensajes del Gobierno. “Sus señales contradictorias sobre la transición energética generan inseguridad para los inversionistas. La falta de reglas claras y la crisis financiera de algunas empresas del sector (por ejemplo, debido a la opción tarifaria acumulada desde 2020) limitan los recursos para modernizar la infraestructura. La incertidumbre se ha visto agravada por los anuncios de la CREG sobre el posible cambio en el mecanismo de formación de precios en la bolsa de energía”, dice Mejía.
Camilo Marulanda, presidente de Isagen, pide acelerar la subasta de expansión prevista para 2026 para atraer inversiones y garantizar la confiabilidad del suministro: “En vez de generar incentivos para que se construyan nuevos proyectos, se está tratando de intervenir en el mercado con señales que atacan el síntoma, y no el problema, y ponen a los inversionistas a dudar sobre si invertir o no, lo que agrava la falta de oferta”.
La Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgén) ha insistido en la necesidad de estabilidad regulatoria y políticas claras para fortalecer la confianza inversionista. “Ya hemos visto varios casos de compañías que le apostaron al desarrollo de proyectos eólicos y que decidieron suspender y poner en venta sus proyectos. Para garantizar suficiente energía firme en la próxima década se requieren inversiones entre $10,9 y $13,3 billones de anuales, dependiendo de la tecnología, para lo que se necesitan señales de política pública claras, coherentes, que den confianza a los inversionistas y que piensen en el futuro del país”, señala Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgén.
Sin reglas claras, los proyectos seguirán enfrentando obstáculos que impiden su ejecución oportuna y ponen en riesgo la confiabilidad del suministro eléctrico en el mediano plazo. Y habrá retrasos en la diversificación de la matriz, clave para incluir fuentes renovables. El país ha avanzado en incorporación de energías solares y eólicas, pero la hidroeléctrica es la columna vertebral del sistema. De la capacidad efectiva neta con la que cuenta Colombia (21.467,62 megavatios), el 61,5 % es de energía hidráulica. El resto es térmica, solar y cogenderador, según XM.
Marulanda enfatiza en que la ampliación de la capacidad térmica es fundamental para respaldar la confiabilidad del suministro. “Las condiciones climáticas extremas y del mercado exigen avanzar hacia la transición energética. La capacidad hidroeléctrica sigue soportando la demanda y se hace cada vez más valiosa, especialmente cuando se trata de plantas que pueden almacenar energía con sus embalses y proveer firmeza al sistema”, dice.
La expectativa apunta a que se consolide una estrategia integral que incluya energías renovables (como la energías solar y la eólica), así como las convencionales (hidroeléctrica y térmica, las cuales utilizan combustibles fósiles), para garantizar la seguridad energética del país.
“En Acolgén apoyamos el desarrollo de todas las tecnologías, reconociendo los atributos que cada una aporta, pero vemos con preocupación que las señales nos llevan a que solamente vamos a crecer con proyectos solares, y esto significa que tenemos que adaptar el sistema o vamos a sufrir restricciones cuando no tengamos Sol. Insistimos en la importancia de la complementariedad eficiente entre tecnologías, ya que cada una con sus atributos particulares es fundamental para la seguridad energética”, añade Gutiérrez.
Como explica Mejía, “las medidas urgentes para evitar un déficit energético en Colombia deben abordar la oferta y la demanda, considerar las limitaciones actuales del sistema y los riesgos climáticos y económicos, e incluir la aceleración de proyectos de generación y transmisión, gestión eficiente de la demanda y fortalecimiento institucional y coordinación”. Sin una acción decidida del Estado y los reguladores, el rezago en la oferta podría derivar en una crisis de precios y abastecimiento, impactando a los consumidores y la economía en general.
Finalmente, desde el sector ven con optimismo la llegada del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, con quien esperan retomar los temas fundamentales del sector y trabajar de manera conjunta con base en criterios técnicos y objetivos comunes, entendiendo que el ministro Palma, en su rol de interventor de Air-e, entendió los retos del sector.