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Colombia tiene un nuevo gobierno. Abelardo de la Espriella asumió como presidente de la República y, en su primer discurso, reveló las cartas que marcarán su agenda económica durante los próximos meses.
Antes de desmenuzar cada uno de esos puntos, es necesario revisar el país que recibe de Gustavo Petro.
Si bien es cierto que el “Gobierno del Cambio” le deja a “La patria milagro” varios indicadores positivos, como una baja tasa de desempleo y cerca de cuatro millones de personas que salieron de la pobreza extrema, también es cierto que le hereda una nación con importantes desafíos financieros.
Muestra de ello es que, según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), Colombia podría cerrar 2026 con un déficit fiscal del 7,4 %. Para entender qué significa esa cifra, imagine que el país es una familia que cada mes recibe ingresos por COP 10 millones, pero gasta COP 10.740.000. En otras palabras, por cada COP 100 que le entran, termina gastando COP 107,4. Los COP 7,4 que le faltan debe conseguirlos, por lo general, mediante deuda.
Según el CARF, la deuda llegaría al 61 % del PIB en 2026, el registro más alto de la historia.
Concretar grandes transformaciones económicas, desde una base financiera tan inestable, pareciera necesitar un verdadero milagro ¿Cómo plantea materializarlo el nuevo presidente?
Reforma tributaria
Cada vez que se habla de los desafíos fiscales de Colombia aparece un término que ya se ha vuelto paisaje: la reforma tributaria. En términos generales, se trata de un conjunto de cambios al sistema de impuestos que busca modificar la forma en que el Estado recauda dinero, ya sea para aumentar sus ingresos, hacer más eficiente la recaudación o ajustar la estructura tributaria del país.
Lo que anunció De la Espriella es una reforma tributaria estructural, es decir, una propuesta que transforme a fondo el sistema de impuestos en Colombia, apuntando así a resultados más largoplacistas. Algunos expertos consideran que esto es clave, pues en promedio cada año y medio el Congreso está debatiendo reformas tributarias, lo que habla de la poca efectividad que están teniendo estos ajustes para solucionar los problemas financieros de la nación.
Aunque hay que esperar los detalles de esta propuesta, el nuevo presidente anticipó un ajuste importante: se acabará el impuesto al patrimonio. Dicho anuncio ha generado polémica, pues si bien hay analistas y funcionarios que la consideran un camino de redistribución de ingresos en un sistema tributario saturado de beneficios y exenciones; hay otros que la califican como un castigo a la inversión.
Por ejemplo, cálculos del Ministerio de Hacienda aseguran que “para 2024, dicho impuesto fue pagado por 32.397 contribuyentes, lo que implica que alrededor de 0,5 % de los declarantes del impuesto de renta de personas naturales hacen parte de los contribuyentes del impuesto al patrimonio”.
El impuesto al patrimonio es defendido por organizaciones como Oxfam y por una amplia lista de académicos (nacionales e internacionales) como un instrumento efectivo y fundamental para la redistribución de la riqueza, especialmente en contextos de alta desigualdad.
Pero, a la vez, también tiene detractores. José Ignacio López, presidente del centro de pensamiento económico Anif, asegura que es un impuesto nocivo para la inversión, el empleo y el crecimiento. Varios analistas coinciden en que incrementar la carga para las empresas podría tener efectos negativos sobre el conjunto de la economía.
En uno de los varios intentos por incrementar lo que hizo la administración Petro, el Observatorio Fiscal de la U. Javeriana aseguró que “la sostenibilidad de las finanzas públicas no solo depende del recaudo inmediato, sino de preservar las condiciones para el crecimiento, la inversión y la generación de empleo”.
Esta iniciativa necesitará el aval del Congreso. De momento, deja importantes dudas sobre cómo plantea el nuevo Gobierno obtener o compensar esos ingresos que, eventualmente, dejaría de recibir por el impuesto al patrimonio. Sobre este punto también hay que recordar que De la Espriella anticipó un tijeretazo al costo operativo del Estado, un anuncio que, de momento, no termina de convencer.
Respeto a la independencia del Banrep
Abelardo de la Espriella señaló en su discurso que respetará los análisis y las decisiones del Banco de la República. El anuncio es relevante si se tiene en cuenta la tensa relación que mantuvieron el gobierno de Gustavo Petro y el Emisor durante el último periodo.
Según lo manifestado por el saliente ministro de Hacienda, Germán Ávila, así como por las centrales obreras en Colombia, las apuestas del Banco de la República por incrementar las tasas de interés, o mantenerlas altas, estaban siendo un obstáculo para la economía colombiana, especialmente para las poblaciones más pobres y vulnerables, pues el encarecimiento de los créditos estaba castigando sus bolsillos y alejando de hacer inversiones y comprar vivienda.
Para la Junta Directiva del Banco de la República, las decisiones que se han tomado en los últimos años han sido acertadas, pues lo que se ha buscado es atajar la inflación para, precisamente, evitar que los hogares colombianos pierdan más poder adquisitivo.
El argumento del Emisor parte de la teoría de que cuando el crédito se encarece, las personas y las empresas tienden a pedir menos préstamos y, por lo tanto, a gastar e invertir menos. Al reducirse la demanda, también disminuye la presión sobre los precios, lo que ayuda a controlar la inflación.
Para Abelardo de la Espriella esta es la mirada correcta y, por lo tanto, anuncia que respaldará la independencia del Banco de la República para tomar este tipo de decisiones.
Seguridad energética
Este tema se considera clave porque se esperaría un cambio radical en la estrategia del Gobierno.
Hay que recordar que las apuestas de Gustavo Petro se encaminaron en pausar la exploración de hidrocarburos para encaminar los esfuerzos de la nación hacia la denominada transición energética, donde se busca el reemplazo de energías convencionales por otras más limpias, como la solar, la eólica y el hidrógeno verde.
Aunque la intención es clara: frenar los impactos ambientales que está causando la emisión de gases de efecto invernadero, en la práctica se ve amenazada la autosuficiencia energética de Colombia, ya que se llegó a importar esos combustibles que el Gobierno pasado se propuso dejar de producir.
Según lo anunciado por De la Espriella, es necesario que se retomen las labores de exploración para aumentar las reservas, al tiempo en que se avanza en la transición energética.
Para esto será necesaria una práctica altamente cuestionada: el fracking. Las críticas a la fracturación hidráulica no son pocas, pues se asocia a un gasto inmenso de agua, la contaminación de la misma al mezclarse con químicos tóxicos, problemáticas como la sismicidad inducida y riesgos para la salud de las comunidades aledañas, solo por mencionar algunos ejemplos.
Sobre esto, el posesionado presidente insiste en que se implementarán labores de “fracking responsable y sostenible”, un término que ha venido acuñando desde su campaña y del que sectores más críticos tienen considerables reparos.
También se refirió a Ecopetrol, de la que dijo que fue “depredada” durante el gobierno de Gustavo Petro, y muestra de ello es que sus utilidades pasaron de COP 33,4 billones en 2022 a 9 billones al cierre de 2025.
Y, si bien las cifras son correctas, el detrás de los números es algo más complejo: bajos precios del petróleo, a pesar de que la producción nacional se ha mantenido estable; pero, a la vez, también se estableció una carga tributaria sobre el sector petrolero que impactó las utilidades de la compañía petrolera. Sólo en el primer semestre de este año, la carga impositiva (entre renta e impuesto al patrimonio) le restaron COP 1,2 billones a las utilidades de la petrolera.Su apuesta será la de fomentar la exploración y explotación de los hidrocarburos bajo, puntualiza, “estándares ambientales para un fracking responsable y sostenible”. Este será uno de los puntos de mayor debate en la agenda extractiva del nuevo Gobierno, pues las palabras fracking y sostenibilidad raramente van en la misma frase de acuerdo con una diversidad de estudios.
En materia energética, De la Espriella tiene un problema a la vuelta de la esquina: el fenómeno de El Niño. Para enfrentarlo dijo que implementará regulaciones e inversiones encaminadas a evitar escenarios de racionamiento y apagones.
“Fortaleceré la generación térmica, protegeré los embalses y diversificaré la matriz energética”, dijo.
Hasta un punto, es normal que los discursos tengan un aire de vaguedad en decisiones y puntos concretos. Pero aquí cabe recordar que, hasta el momento, hay más de medio centenar de medidas para manejar los efectos adversos que El Niño pueda tener sobre el sistema energético. A la vez, también hay una larga lista de pedidos que gremios y analistas le hacen al nuevo Gobierno para mejorar el ecosistema energético, especialmente en lo que tiene que ver con la electricidad.
El campo
Sobre el componente económico, De la Espriella concluyó su discurso hablándole a los campesinos de Colombia. Dijo que quienes se dedican al campo han sido abandonados y empobrecidos en un marco de violencia y falta de oportunidades financieras.
Prometió que les brindará líneas de crédito, asistencia técnica, mejores vías, conectividad a internet, seguridad, presencia del estado y una comercialización justa.
De nuevo, todas estas son acciones que son mucho más complejas de ejecutar que de enunciar. Y algunas de estas tienen rezagos históricos que resultarán muy difíciles (por no decir imposible) de cumplir en medio de un escenario fiscal con grandes presiones. Las vías terciarias son uno de los principales ejemplos de esto.
“El programa Cosecha Solidaria, que emprendí en la pandemia, será convertido en una política de este gobierno. La Orinoquía tendrá la vocación de convertirse en una despensa mundial y motor del crecimiento económico”, concluyó.
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