“Lo técnico debe primar”: Luz Stella Páez

El Comité Minero Energético (CME) presentará el 19 de abril su análisis sobre las oportunidades, impactos y riesgos en seguridad y derechos humanos para la industria extractiva ante la eventual firma de un acuerdo con las Farc.

 

La directora ejecutiva de la organización (de la que hacen parte empresas, Gobierno y sociedad civil), Luz Stella Páez, asegura que aun sin haber llegado a un acuerdo final, el proceso de posconflicto ya comenzó. Asegura que el principal reto del Estado será evitar la politización de las decisiones técnicas sobre la industria.

 

 

Lo que se ha construido es un análisis de las oportunidades, riesgos e impactos en seguridad y derechos humanos. Nos dimos a la tarea de revisar los posibles resultados de la implementación de los acuerdos y que tienen una directa relación con el sector. Lo sustantivo del trabajo es que la identificación de situaciones que se generarían de la paz tuvo un consenso. También discutimos los riesgos asociados a esta situación que podrían enfrentar las empresas, qué oportunidades y, a la vez, qué impactos positivos o negativos.

 

 

Lo cierto es que cuando hay operaciones en contextos complejos, en conflicto, por ejemplo, es probable que sucedan circunstancias que afecten los derechos humanos. Las empresas tienen un deber, y quienes siguen los estándares internacionales tienen esa preocupación para no verse incursos en alguna situación de violaciones de estos derechos. Y a su vez el Estado piensa en cómo generar las condiciones para que no suceda.

 

 

Tenemos diez recomendaciones puntuales. Por ejemplo, la de la gestión del riesgo para prevenir el secuestro. Otro, es que hay empresas que operan en zonas donde hay comunidades indígenas o minorías, entonces revisamos cómo hacer un trabajo conjunto para que quien en últimas ejerce la seguridad de la nación tenga interiorizados los valores corporativos en términos de respeto por la comunidad. Otro tema fue el de cómo gestionar los convenios de colaboración de la fuerza pública para mejorar las condiciones no solo para las empresas, sino para el entorno.

 

 

El CME reconoce la protesta legítima. Parte de las capacidades que tienen que desarrollar las empresas es cómo generar un mejor relacionamiento con las comunidades y el entorno. Parte de los mensajes del Gobierno, entendiendo que en el posconflicto habrá una profundización de la democracia y la participación política, es que habrá un reto mayor para esos vínculos con la comunidad. Sin embargo, creemos que las vías de hecho son las que impiden la marcha adecuada de los negocios. Por eso, la mejor comprensión del entorno es la vía para que la protesta social no escale a vías de hecho.

 

 

Uno puede entrever que va a haber grandes proliferaciones de instancias y comisiones, porque de los acuerdos se desprende que el Gobierno va a tener que desplegar una institucionalidad nueva en los territorios para responder a los compromisos. Esto genera riesgos, porque puede haber decisiones técnicas que pueden politizarse y eso es un riesgo para la operación de los negocios, porque lo técnico es lo que debe primar, así como el interés general. La claridad desde lo institucional es fundamental para no generar discursos a favor o en contra, sino que se privilegien las decisiones técnicas y el desarrollo de los territorios.