Las investigaciones y sanciones más insólitas del mundo económico en 2018

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En la Superintendencia de Industria y Comercio, en la Contraloría y en la Superintendencia de Sociedades abundaron casos que van desde lo indignante hasta lo absurdo. Ni el fútbol ni el refrigerio de los niños se salvaron de estos hechos de corrupción y de malas prácticas. El Espectador muestra las investigaciones y sanciones más insólitas de este año.

Malas prácticas en empresa de buenas prácticas

Bureau Veritas, una firma que certifica buenas prácticas, y Tecnicontrol fueron multadas por la Superintendencia de Industria y Comercio por violar las normas de libre competencia en una licitación de Ecopetrol que tenía un valor de $27.000 millones y cuyo objetivo era una consultoría en materia de seguridad, salud ocupacional y medioambiente.

Según los hallazgos de la SIC, en 2013, ambas compañías “simularon o fingieron ser empresas competidoras” en dicha licitación, cuando “en realidad actuaban de forma coordinada y concertada, en beneficio de Bureau Veritas”.

La empresa responde por sus multados

Tecnoquímicas fue multada a mediados de septiembre pasado por la Superintendencia de Industria y Comercio, con más de $25.000 millones, por asumir las multas que sus directivos recibieron hace dos años por el cartel de los pañales desechables.

La SIC encontró cómo, por medio de operaciones fachadas, la empresa pagó las multas emitidas en 2016 de Ernesto Trujillo ($198 millones), de María del Pilar Correa Lenis ($117 millones), Vanessa Hatty Benavides (24,8 millones), Luis Felipe Puerto Tobón (39 millones) y Diego Humberto Quijano ($155 millones).

Por esto la SIC también volvió a sancionar a estos directivos: $312 millones para Trujillo y Quijano, $234 millones para Correa, $50 millones para Hatty y $78 millones para Tobón.

Los recursos de la salud

Medimás EPS habría girado, según una investigación de la Contraloría General de la República, más de $718.623 millones de recursos de la salud a diferentes proveedores médicos sin la existencia de los soportes legales ni las garantías necesarias.

La entidad también asegura que se hallaron pagos de bonificaciones a empleados de la EPS, así como pagos a proveedores, por el diseño, la ejecución y el seguimiento de supuestas estrategias de comunicación y relaciones públicas.

Multiniveles milagrosos

Varios multiniveles que prometían irreales rentabilidades, y que funcionaban con modelos ilegales, fueron denunciados por la Superintendencia de Sociedades este año. Por ejemplo, algunas aseguraban que negociaban con monedas virtuales, que invertían en Forex (la bolsa mundial de divisas) o que generaban ganancias con servicios de educación financiera.

También se destaca el caso de Emgoldex, que aseguraba falsamente que era vigilada por la Supersociedades. Además, este multinivel indica que tiene sedes en Alemania y Dubái, lo cual representa una violación a la norma que dice que no puede haber multiniveles extranjeros operando en Colombia sin tener una sociedad registrada en el país.

Internet ilimitada que no era ilimitada

Tigo Une anunció a mediados de septiembre un nuevo servicio de telefonía móvil a la cual catalogó como disruptiva: “El todo ilimitado”, es decir, planes ilimitados de datos (internet), voz y mensajes de texto (SMS). Sin embargo, a los tres días del lanzamiento de este servicio la Superintendencia de Industria y Comercio ordenó suspender la campaña al considerar que la empresa incurrió en publicidad engañosa.

Según la entidad, en la letra pequeña de las piezas promocionales se mencionaba una restricción en el servicio de internet móvil atada al consumo del usuario, pues una vez consumida la capacidad adquirida (15 o 30 GB, según el caso) la velocidad de navegación se reduciría a 256 KB por segundo.

Sin embargo, este episodio no terminó ahí, pues a los pocos días Tigo Une lanzó por diferentes canales un aviso en el que volvía a promocionar esos paquetes: “No podemos llamarlos ‘ilimitados’”, tú decides como llamarlos”, decía en las piezas. Finalmente, la SIC volvió a reaccionar ordenando la suspensión de esta última campaña.

¿No aprenden?

Linio, el portal de comercio en línea, fue sancionado por cuarta vez por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por no respetar derechos de titulares de los datos personales. La más reciente sanción, de más de $351 millones, se anunció el pasado 5 de diciembre por el caso de una persona que en seis ocasiones le solicitó a la empresa que dejara de enviarle información publicitaria. En total, las cuatro multas que ha recibido por vulneración del derecho de hábeas data suman casi $1.000 millones.

Gol a los colombianos

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y las empresas Ticket Shop y Ticket ya estuvieron en el ojo del huracán por dos casos que anunció la Superintendencia de Industria y Comercio este año.

En el primero, la investigación se abrió por la forma como fue adjudicado y ejecutado el contrato para la venta de las boletas de los partidos de la selección de Colombia durante la eliminatoria para el Mundial de Rusia. Por esto, el pasado 30 de julio la SIC formuló pliego de cargos en contra de la FCF, Ticket Shop y Ticket Ya, y 18 personas naturales, entre ellas Ramón Jesurún (presidente de la FCF) y Luis Bedoya (involucrado en el Fifagate).

El segundo caso es la multa de la SIC de $740 millones a Ticket Shop y sus directivos por publicidad engañosa en la venta ficticia de 6.000 boletas para el partido Colombia vs. Brasil de la eliminatoria para Rusia 2018, el 5 de septiembre de 2017. La entidad encontró que las entradas fueron desviadas masivamente a través de Ticket Ya para la reventa.

Un cartel de más de 10 años

La Asociación Colombiana de Proveedores de Alimentos (Asoproval), 10 contratistas y 18 personas naturales fueron cobijados con imputación de cargos por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio por presuntamente integrar un cartel de refrigerios del Plan de Alimentación Escolar (PAE) de Bogotá, que operó entre 2007 y 2017.

La cartelización habría afectado procesos de contratación pública por un presupuesto aproximado de $1,5 billones, en 178 zonas de la capital que fueron adjudicadas en esos 10 años.

Si se confirma la violación de la libre competencia económica, Asoproval y los 10 contratistas investigados podrían enfrentar una multa de $78.124 millones, y las 18 personas naturales implicadas tendrían que pagar una sanción de $1.562 millones.

Nota del editor: el título de este artículo fue cambiado con la intención de hacerlo más preciso e informativo.