“Los colombianos tendrán que pagar con impuestos”: CCI sobre peajes

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Foto: Ministerio de Transporte

El Gobierno decidió no incrementar las tarifas de peajes en 2023, medida que aplica tanto para las estaciones a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invías) como para las de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

En rueda de prensa, Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, aseguró que la medida es un “cambio intempestivo en las reglas de juego en un negocio de largo aliento” que depende del recaudo de los peajes para pagar las inversiones realizadas en la infraestructura concesionada.

En este escenario, el Estado tendrá que compensar a los privados, el cálculo de la CCI indica que es cerca de un billón de pesos que vendrán del Fondo de Contingencias y presupuestales.

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“Esta medida causa un desequilibrio económico de los contratos, por cuanto las tarifas reales de cada año serán menores a las previstas en la estructuración de los mismos, al no ser restablecidas”. Lo que más preocupa son las IP (Iniciativas Privadas) que se financian exclusivamente con el recaudo de los peajes. Según Caicedo, la medida genera el riesgo de que no se puedan garantizar la sostenibilidad financiera y, por ende, de que los contratos terminen de manera anticipada. En caso de que así ocurra, el Estado tendría que reconocer las inversiones, finalizar las obras y mantener las vías. Además, advierte Caicedo, se podría generar desempleo y eventuales incumplimientos con proveedores por parte de las concesiones.

“La principal consecuencia para el país, de cara a los alcances del decreto expedido, es que, a partir de la fecha, serán el Gobierno y todos los colombianos -incluso aquellos que no transitan por las carreteras concesionadas- quienes terminarán respondiendo, vía impuestos, por los dineros que dejen de recaudar los proyectos”, dijo el presidente.

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El gremio asegura que los proyectos concesionados también han sufrido los efectos de la coyuntura económica, por ejemplo, con los aumentos en el valor de los insumos. Otra de las preocupaciones es que el cambio en las reglas del juego genere “un clima de inseguridad jurídica” que implica incertidumbre entre financiadores e inversionistas. Evitar que se deteriore la confianza es la principal solicitud de la CCI para no afectar el modelo con el que se han construido 10.000 kilómetros de carreteras en los últimos 30 años.

Frente a la pregunta de qué tan viable consideran que vía valorización se obtengan esos recursos, Caicedo aseguró que no hay mayor información por parte del Gobierno y que preocupa en cuánto tiempo se puede implementar.

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