15 Sep 2021 - 2:00 a. m.

Los cuestionamientos a la solución definitiva del kilómetro 58 de la vía al Llano

Mientras algunos expertos plantean que hacer la obra en 11 meses es prácticamente imposible, siguen las presiones desde el Meta para avanzar en el proyecto. El Invías adjudicará el viaducto el 6 de octubre.
El kilómetro 58 está ubicado en la entrada del municipio de Guayabetal (Cundinamarca).
El kilómetro 58 está ubicado en la entrada del municipio de Guayabetal (Cundinamarca).
Foto: ANI

“Llevamos décadas luchando. Esto no empezó con el cierre de hace dos años, empezó casi en 1974 con la tragedia de Quebrada Blanca. Desde esa época hemos pagado peajes caros, hemos puesto los muertos, se ha deprimido nuestra economía y se ha afectado el empleo”.

Las palabras son del gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, quien habla de la situación en el kilómetro 58 de la troncal Bogotá-Villavicencio, el punto más crítico de una vía que resulta vital para la economía de los Llanos Orientales y la conectividad del centro del país hacia el oriente.

Hablar de este punto de la carretera es casi un sinónimo directo de problemas y, cada cierto tiempo, tragedias. Los hechos más recientes incluyen los deslizamientos del mes pasado en Guayabetal y la caída de una roca de más de 200 toneladas en la vía. Esto sin olvidar el deslizamiento de 2019: con el invierno, más de 620.000 metros cúbicos de tierra cayeron a la carretera, el equivalente al agua que contienen unas 250 piscinas olímpicas.

Desde los años 90 el país le ha prometido a los Llanos Orientales una vía segura y a la altura de las más de 1,5 millones de toneladas que se mueven cada año entre esta región y el centro del país.

La solución definitiva a los problemas en este punto de la carretera será, según los planes del Invías, la construcción de un viaducto que permita aislar mejor la vía del humor variable de la montaña, especialmente en la medida en la que los inviernos se vuelven más crudos en un planeta en crisis climática.

El Invías cerró este 7 de septiembre la licitación para el viaducto, que tendrá 750 metros de longitud, y que, según la información oficial, tendrá una inversión de $150.000 millones. El proceso, en el que participan tres consorcios con nueve empresas, será adjudicado el 6 de octubre y la obra debería estar lista en once meses.

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Menos de un año para solucionar un problema de décadas. Suena bien. Demasiado bien para algunos.

Según William Valencia —especialista en vías, magíster en infraestructura vial y expresidente de la Sociedad de Ingenieros del Meta—, una de las principales preocupaciones es, justamente, el tiempo en el que se debe construir el viaducto. “Esto no corresponde al valor, la complejidad de la obra ni a las condiciones inestables del terreno”, advirtió.

Valencia considera que para realizar la obra en este sitio se requieren análisis profundos que necesitan tiempo. Además, afirma que las condiciones contractuales no son claras por falta de información en algunos detalles en el diseño. Por otro lado, se plantearon dudas con respecto a si sería necesaria una licencia ambiental.

De hecho, por observaciones técnicas, jurídicas y administrativas de los contratistas y empresarios interesados en participar, la licitación se suspendió el 28 julio de 2021, cuando llevaba menos de quince días. Aun así, por medio de una audiencia pública, el Invías dio a conocer los resultados de las seis mesas técnicas que se realizaron, cuyas conclusiones ratificaron la viabilidad del proyecto, y el 30 de agosto se reanudó la licitación.

A las objeciones técnicas se sumó este mes la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), pues la organización envió una carta al Ministerio de Transporte y al Invías en la que manifiesta su preocupación por el tiempo y el valor del contrato (de $124.000 millones), una inquietud que ya había advertido a mediados de julio.

“El plazo de ejecución del contrato es irreal frente a la gran envergadura y complejidad de las obras a ejecutar. También, por el nivel de maduración del proyecto y las grandes incertidumbres sobre las obligaciones de tipo ambiental, predial y social, prevemos la insuficiencia del presupuesto oficial estimado por la entidad para desarrollar el contrato”, indicó la CCI.

Entre otros argumentos, la organización detalla que el contratista debe, antes del vencimiento del plazo de la etapa de preconstrucción (sesenta días calendario), adelantar las gestiones sociales, prediales y ambientales. Para la CCI, esto “es casi un imposible”, especialmente la gestión predial, que se puede demorar mínimo seis meses, si no hay contratiempos. De ahí que concluyen que la obra no estará terminada el 31 de julio de 2022 e incluso advierten que si se presentan imprevistos tampoco estaría lista en 22 meses.

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Por su parte, Germán Pardo, presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI), indicó que las dudas que se habían presentado se aclararon. El director general del Invías, Juan Esteban Gil, asegura que las condiciones para los oferentes son claras y que el proceso se llevará con transparencia.

En cuanto a las objeciones por el tiempo, el Invías le dijo a este diario que para solucionar la emergencia en este corredor vial está considerando “un proyecto con los máximos técnicos previstos”, por eso aseguran que el plazo “es, en condiciones óptimas, el 31 de julio de 2022”. Sin embargo, ante la complejidad de la zona por la vulnerabilidad, geotécnica y otras amenazas como la lluvia, se realizará una mesa permanente.

La entidad afirmó que no hay falta de información en los diseños. Por el contrario, sostiene que contrataron un diagnóstico con la SCI para establecer el comportamiento y las posibles causas de la falla que allí se presenta. Ese primer estudio especializado y científico arrojó la prefactibilidad de construir un viaducto al frente del kilómetro 58.

“Con ese insumo técnico, el Invías contrató una consultoría que desarrollará específicamente la solución del viaducto. Esa consultoría tiene todos los componentes técnicos de la obra y los estudios necesarios para la factibilidad del viaducto (...) Esto quiere decir que la obra ha tenido no solamente una consultoría, sino un estudio regional y el acompañamiento de la SCI, que le dio la no objeción técnica de los diseños”, señaló el Invías.

Finalmente, la entidad asegura que el viaducto, al ser una actividad de mejoramiento de la vía existente y, además, de atención a una situación de emergencia, no requiere una licencia ambiental. “Es importante precisar que esto ha sido evaluado y definido por el consultor, la interventoría de los estudios y la subdirección de Medio Ambiente del Instituto Nacional de Vías”, manifestaron.

Las presiones políticas

Pese a lo que ha dicho el Invías, algunos mantienen sus reparos. John Jairo Rey, especialista en Derecho Administrativo y exsecretario privado de la Alcaldía de Villavicencio, manifiesta que, aunque atender este punto es urgente, “entre otras cosas, preocupa que el Instituto haya rechazado las observaciones, aún cuando quince empresas expertas en ingeniería manifestaron que se necesitan mínimo tres años para construir el viaducto, argumentando que deben contar con los recursos técnicos y humanos para hacerlo en once meses”. Para el abogado, el Gobierno podría estar improvisando en la licitación y poniendo en riesgo la obra.

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Por otra parte, para el gobernador Zuluaga, que la obra se demore once meses ya es una eternidad para la región, teniendo en cuenta que los recursos están asignados hace más de un año y que por cada día de cierre el comercio del Meta pierde $48.000 millones. Del mismo modo, la vicepresidenta del Senado, Maritza Martínez, espera que no haya cambios en el cronograma. La congresista le dijo a este diario que esta es una situación que la bancada del Meta advirtió desde 2019, cuando se reunieron con el presidente Iván Duque para exigir una solución definitiva.

“Cuando anunciaron que el Invías se encargaría del trámite contractual, les dijimos que no porque el Instituto es demorado en los trámites, dos años después Invías suspende la licitación por aparentes fallas. Lo habíamos advertido y no lo íbamos a aceptar”, concluyó.

Por la vía al llano pasan diariamente más de 200 camiones que mueven, principalmente, hidrocarburos y productos del agro, como arroz, carne, aceite de palma, fríjoles, haba, soya y maíz.

A pesar de ser un corredor clave en la movilidad económica del país, la carretera sigue teniendo pasivos enormes, como la reconstrucción tardía y accidentada de Chirajara. Para que esta vía deje de ser sinónimo de problemas, la solución del kilómetro 58 podría ser un buen comienzo.

Los otros pendientes en la vía al Llano

El gobernador del Meta señala que, respecto a la vía al Llano, son cuatro los puntos que le piden al Gobierno. El primero es que se cumpla el calendario propuesto para el kilómetro 58; el segundo es que la reconstrucción del puente Chirajara (que se cayó en enero de 2018) se realice sin demoras en los 32 meses estipulados. El tercero tiene que ver con los 134 puntos críticos: para el mandatario local es urgente atenderlos e incluirlos en el contrato de concesión.

El cuarto es que se defina la construcción de la segunda calzada del primer tramo que desde la salida de Bogotá (por Usme) conduce hasta el sector de El Tablón (Cundinamarca), conocido como la puerta de entrada a los Llanos Orientales. Es válido recordar que para este tercio solo se contrataron labores de mantenimiento e intervención cuando se estructuró la licitación en 1994. Aunque con el tiempo al proyecto Bogotá-Villavicencio se le agregaron nuevas calzadas, conectantes, retornos y accesos veredales, todavía no se ha concretado nada para el primer tramo.

“¿De qué sirve tener en los otros 60 kilómetros de doble calzada en construcción mientras no se ha garantizado la misma doble calzada en el tramo uno? siempre terminaremos embotellados”, afirma la vicepresidenta del Senado. Y agrega que con este requisito se podría garantizar una movilidad segura, en el tiempo de 90 minutos que se prometió hace casi 30 años.

Tras las emergencias presentadas por las lluvias y los reclamos de diferentes sectores, se realizó en los primeros días de septiembre un Puesto de Mando Unificado con las autoridades locales de los departamentos del Meta y Cundinamarca. Al finalizar, la viceministra de Infraestructura, Olga Lucía Ramírez, aseguró que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) ya realizó un recorrido con los concesionarios e interventorías para priorizar los sitios que se van a intervenir en la vía con los $68.000 millones del Fondo de Pasivos Contingentes.

Entre estos se encuentran las obras de Estabilización en el Puente Quetame; el diseño y construcción de un puente vehicular en el kilómetro 46+200; la construcción de pozos subterráneos y la ejecución de obras geotécnicas en el talud localizado en el kilómetro 58. También el diseño y obras de mitigación del talud en el kilómetro 64+200 y las obras de mitigación en el kilómetro 66+600. El Gobierno también anunció $2.000 millones para apoyar a las gobernaciones de Cundinamarca y el Meta en la atención de la vía terciaria el Calvario – Villavicencio.

En los últimos días, por redes sociales, la congresista Martínez también informó que en la Ley de Inversión Social quedó incluida la realización de proyectos de importancia nacional bajo la modalidad de obras por impuestos, lo que le abriría paso al primer tramo en doble calzada.

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