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La situación financiera por la que atraviesa la empresa Air-e es compleja. En septiembre del año pasado esta compañía, dedicada a la prestación, comercialización y distribución del servicio de energía eléctrica, fue intervenida por la Superintendencia de Servicios.
Una parte importante del problema se debe a la denominada opción tarifaria que, hay que recordar, fue una medida que se estableció durante la pandemia con el propósito de aliviar la carga que estaban teniendo los servicios públicos en los hogares que se encontraban cesantes.
La opción tarifaria permitió que los usuarios accedieran a una tarifa más baja, acumulando los saldos restantes para que se pagarán tras superarse la emergencia.
El problema es que ese no pago continúa, acumulando más de $1,8 billones.
Tras la intervención, los problemas financieros continúan en Air-e, al punto de que quienes le generan la energía están vaticinando apagones si no les pagan por sus servicios.
Desde la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (ANDEG) se le hizo un llamado a la Superintendencia de Servicios, pues Air-e acumula deudas que superan los $2 billones, de los cuales $1,2 billones son obligaciones vigentes con generadores térmicos.
“Esta situación pone en riesgo la continuidad del servicio en regiones como Magdalena, Atlántico y La Guajira. Sin pagos a los generadores, no se puede garantizar la prestación del servicio eléctrico, por lo que el llamado a la Superservicios, en cabeza del doctor Yanod Márquez, es para que asuma la responsabilidad de cumplir con el pago de las obligaciones que Air-e tiene con las empresas de la cadena de energía eléctrica”, advirtió Alejandro Castañeda, presidente ejecutivo de ANDEG.
Desde la agremiación se hizo un especial énfasis en la obligatoriedad que se tiene de garantizar la continuidad del suministro, tal y como se establece en el artículo 136 de la Ley 142 de 1994, especialmente con los usuarios que son regulados y que requieren un servicio de calidad, así como la preservación de las condiciones pactadas con los agentes del mercado.
“Las empresas generadoras han tenido la mejor disponibilidad para acoger plazos razonables de pago, someterse a los acuerdos de pago y proponer medidas que contribuyan a una solución. Pero lo que no es viable es que se desconozca el régimen jurídico que rige al sector de generación, especialmente en un entorno competitivo. El incumplimiento afecta directamente la operación del sistema eléctrico nacional y pone en riesgo la estabilidad del sector”, reiteró Castañeda.
Como solución, la ANDEG propuso que se evalúen nuevas fuentes de financiación para evitar que colapse la cadena de prestación del servicio.
“Entre las alternativas sugeridas están la expedición de un documento CONPES que garantice recursos suficientes, o promover el uso de mecanismos como operaciones de crédito público, garantías de la Nación y créditos de tesorería”, concluyó.
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