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Los límites de las buenas intenciones

Tres iniciativas estructurales tiene el presente Gobierno en materia económica: la reforma al régimen de regalías, la regla fiscal y convertir la estabilidad fiscal en un derecho fundamental.

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En cuanto a empleo, va a ser casi imposible cumplir con las metas que se ha impuesto, pues las medidas tomadas son modestas.

No es fácil hacer un balance de la gestión de un gobierno después de cien días. Los gobiernos deben juzgarse por sus resultados, no por sus intenciones. En cien días uno puede, tal vez, adivinar un énfasis, intuir una dirección, anticipar ciertos problemas. Pero no mucho más. En últimas, los resultados serán los encargados de dar el veredicto final. Por ahora sólo queda analizar lo dicho, no lo hecho.

A la hora de los balances, conviene hacer una distinción entre los proyectos legislativos y las medidas administrativas. Los gobiernos deben ocuparse de lo urgente y lo importante, de lo coyuntural y lo estructural, del corto y el largo plazo. Dentro de los proyectos estructurales, el Gobierno le ha dado prioridad a una reforma constitucional al régimen de regalías. La reforma pretende ahorrar una parte de la plata, distribuir mejor la otra parte y de esta manera disminuir la corrupción y el desperdicio. Inicialmente el Gobierno intentó centralizar parcialmente los recursos, pero rápidamente desistió de esta intención, probablemente por razones de realismo político.

La reforma de las regalías ya sorteó tres debates en el Congreso. Parece tener el camino despejado. Pero ha venido cambiando, transformándose en el tránsito legislativo. Uno podría fácilmente imaginarse una mejor reforma, más enfocada, menos cositera, sin tantos cajoncitos pero la política es un asunto complejo. Con todo, la reforma actual es un buen ejemplo de posibilismo, un compromiso entre lo deseable y lo factible.

El Gobierno está impulsando dos iniciativas estructurales en el frente fiscal. Ambas fueron promovidas por el gobierno anterior. La primera, la llamada regla fiscal, busca crear un mecanismo de ahorro automático en los buenos tiempos que evite, por ejemplo, la necesidad de ajustes abruptos en momentos de crisis. La regla fiscal es una iniciativa razonable, un seguro parcial contra ciertas tentaciones populistas o ciertos excesos de entusiasmo. Pero no lidia con el principal problema del presente: el desequilibrio de las finanzas del gobierno central.

La segunda iniciativa es más original. El Gobierno pretende convertir la estabilidad fiscal en un derecho fundamental. En teoría este nuevo derecho, esta innovación constitucional, limitaría los excesos de jueces y magistrados, quienes ya no sólo tendrían que tutelar los derechos fundamentales de los individuos, sino también el derecho colectivo a la estabilidad. En últimas, la idea es combatir el santanderismo judicial con una cosa parecida, el santanderismo económico. En mi opinión esta iniciativa (original sin duda) estimulará cientos de debates doctrinarios, enfrentará a abogados y economistas pero no resolverá nada, generará más calor que luz. La conciencia sobre las restricciones fiscales, sobre los límites del Estado, es un asunto cultural, una institución informal que no puede ser sustituida con un articulito.

En materia de empleo, las cosas son más complicadas. El problema no es la irrelevancia: es la inacción. El Gobierno ha propuesto dos reformas. Una disminuye los impuestos al trabajo para las empresas que contraten trabajadores jóvenes y la otra promueve la formalización empresarial con un poco de zanahoria y algo de garrote. Varios analistas han llamado la atención sobre la insuficiencia de estas medidas. Algunas de ellas ya se ensayaron en el pasado sin mucho éxito.

Las metas oficiales de empleo son ambiciosas, pero las medidas son modestas en el mejor de los casos. A pesar de la reducción reciente del desempleo, las cifras no son positivas, muestran una creciente precarización del trabajo.

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Cien días después, apenas en los inicios del gobierno, no es aventurado hacer una predicción: la meta de empleo, los dos millones y pico de nuevos empleos formales que supuestamente van a ser creados durante el cuatrienio, no se van a cumplir. Ni siquiera vamos a estar cerca.

Entre las medidas coyunturales, no planeadas, tomadas en parte para hacer frente a la apreciación del peso, sobresalen dos: una reforma arancelaria (la primera en más de una década) y una reforma tributaria (no tiene otro nombre) que elimina los incentivos para la inversión en activos fijos. Ambas medidas son positivas. Pero más allá de sus posibles efectos, reflejan un cambio de estilo. Las dos fueron tomadas sin las ya casi proverbiales consultas con el sector privado, sin las negociaciones o los conversatorios que tanto afectaron la toma de decisiones en el gobierno anterior. Aparentemente los empresarios ya no desensillan en Palacio. O lo hacen con menos frecuencia.

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“Llegó la hora de Colombia”, dijo el presidente Santos el día de su posesión. Ciertamente las perspectivas económicas son buenas. Pero no son extraordinarias. La economía colombiana podría crecer a una tasa promedio anual de cinco por ciento durante el cuatrienio: un resultado aceptable pero insuficiente para alcanzar la prometida prosperidad. Sobra decirlo, todavía no es hora de cantar victoria. El entusiasmo es bueno, pero en pequeñas dosis. En dosis mayores puede llevar a la complacencia. Cien días después no sobra recordar que la hora de Colombia no ha llegado todavía.

* Decano de economía de Universidad de los Andes

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