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Cantidad no es sinónimo de calidad. Ese, en otras palabras, podría ser uno de los mensajes de un estudio presentado este miércoles por Fedesarrollo sobre los planes de desarrollo en Colombia y su efectividad. El documento llama la atención sobre el hecho de que esta herramienta de planeación (específicamente sus bases) en 25 años pasó de contar con algo más de 200 páginas a más de 1500, algo que, aunque técnicamente sea muy sólido, vuelve difusas las prioridades y, por tanto, dificulta hacerles seguimiento.
Otro de los puntos que resaltan los investigadores del centro de pensamiento es la especie de “ley ómnibus” en la que se ha convertido el Plan Nacional de Desarrollo (PND), en referencia a los cambios normativos que deberían discutirse como proyectos de ley aparte pero que terminan “colgados” del plan de desarrollo. Mientras en 1995 el PND contó con 47 artículos, el más reciente cuenta con 336, luego de pasar por la mayor adición de artículos al comparar la primera versión del proyecto con la que fue aprobada por el Congreso.
Así, simplificar el documento base, reducir o concretar metas y derogar obligaciones que complejizan el contenido del PND y distorsionan su objetivo (como la de formular planes sectoriales) son algunas de las principales recomendaciones de Fedesarrollo en el documento, titulado “Planes nacionales de desarrollo en Colombia: Un análisis estructural y recomendaciones de política”.
Según Luis Fernando Mejía, director de la entidad y exdirector de Planeación Nacional, Colombia debe empezar a discutir qué otros mecanismos, más flexibles y versátiles, se pueden implementar, teniendo en cuenta que los planes de desarrollo han demostrado ser más efectivos en países de ingresos bajos o medios, grupos a los cuales, según Mejía, Colombia ya no pertenece.
Sobre esto último, sin embargo, Cecilia López, exministra, exsenadora y exdirectora de Planeación Nacional —quien participó en el evento de presentación del estudio de Fedesarrollo—, señaló que no se puede hablar de que Colombia sea un país de ingreso medio-alto teniendo en cuenta los niveles de pobreza y desigualdad que venían incluso desde antes de la pandemia, así como los retos en desarrollo sostenible, paz y cierre de otras brechas que persisten. Y es precisamente ese tipo de desafíos a los que, según esta economista, los planes de desarrollo deben apuntar.
No obstante, dicha tarea, agregó López, se ha dificultado por la “ruptura institucional” que ha habido en el país. Según ella, el Departamento Nacional de Planeación ha “perdido el poder que tenía” en cuanto a política social. “Se desarticuló. Si eres anciano, vas a un sector; si eres mujer, a otra comisión; si eres niño, al ICBF; si eres pobre, al DPS”, explicó. Sobre el estudio de Fedesarrollo, López Montaño aseguró estar de acuerdo en que el documento del PND se volvió “inmanejable”, que las prioridades se “diluyen” y que es necesario tener visiones claras de más largo plazo (no de cuatro años, como los actuales planes de desarrollo).
El senador Rodrigo Lara, quien también participó en la presentación del estudio, por otro lado señaló que los planes de desarrollo son herramientas “anacrónicas” y que plantean muchos objetivos “en abstracto”, contrario al carácter concreto y descentralizado que requiere el desarrollo territorial.
Daniel Gómez, subdirector del DNP, resaltó el valor de los planes de desarrollo como procesos de construcción de metas comunes y articuladores de diálogo regional y del gobierno con la sociedad. Asimismo, como herramienta valiosa para las rendiciones de cuentas. Estuvo de acuerdo, sin embargo, es que en necesario un mecanismo que alinee los planes nacionales de desarrollo con agendas de competitividad de más largo plazo, así como criterios más claros para los debates en el Congreso: una especie de flujograma que permita saber cuándo una proposición es o no pertinente para el proyecto.
Añadió que queda trabajo por hacer para continuar con la “desconcentración” del poder central y que la voz regional o territorial tenga más peso. No obstante, reivindicó el esfuerzo de planeación como instancia de convocatoria a debates que llevan a consensos y visiones comunes de desarrollo.
De alguna forma, los expertos coincidieron en que la planeación del país requiere simplificación, que dependería en gran parte de ajustes en el ordenamiento jurídico colombiano. Asimismo, en que es necesario contar con visiones no solo de más largo plazo, sino con metas macro que estén articuladas de forma adecuada y tengan como prioridad las necesidades regionales. Colombia está a dos años de volver a discutir una estrategia nacional de desarrollo, con la oportunidad de aprender de lecciones pasadas.
