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El congreso de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), que se desarrolla esta semana en Santa Marta, fue el lugar en donde se reveló el más reciente estudio del gremio sobre los problemas que afectan a la empresa privada. Más de 20 riesgos y amenazas detectó la investigación, y van desde el ámbito político y social hasta el tributario.
Una de las principales amenazas es la hiperregulación: “La intervención del Estado en la economía es alta, incremental, y se desarrolla en escenarios altamente politizados”, advierte el informe. Una muestra de esto es que entre 2000 y 2016 la rama ejecutiva ha expedido 17.168 decretos, 2.376 circulares y 2.057 acuerdos. Además, sobresale que se han emitido 68.698 resoluciones, es decir, más de 11 cada día, según cálculos del Departamento Nacional de Planeación.
Las entidades con mayor producción de decretos son los ministerios, sumando casi el 76 % de la emisión de estas regulaciones. Y entre los problemas que tienen estas normas están que los textos son ambiguos y complejos de entender. Además, no hay coordinación institucional, por lo cual hay una regulación simultánea desde diferentes entidades.
Respecto a la legislación empresarial, el estudio de Fenalco revela que tan solo en la legislatura 2016-2017 se encontraban 527 proyectos de ley en trámite. De este número, 167 son del interés del sector privado y 95 son de alto impacto para el comercio. “Todo esto indica que hay un gran riesgo regulatorio, lo que hace casi imposible para los empresarios navegar en este mar de normas”, indicó Guillermo Botero, presidente del gremio.
El otro problema que advierte el estudio se refiere a la dimensión económica. El dato más revelador es que el emprendimiento no está viviendo su mejor momento.
A pesar del gran despliegue mediático que se le ha dado al tema, las cifras de Confecámaras no mienten: entre 2014 y 2016 el número de empresas creadas pasó de 349.672 a 223.450. Y aunque ha bajado, el dato de sociedades (empresas) cerradas sigue siendo alto, tras pasar de 278.710 a 216.238.
“Una de las razones por las cuales las sociedades y empresas cierran en el país, son las altas cargas tributarias que tienen, así como la falta de desarrollo de políticas públicas que incentiven el emprendimiento nacional”, advierte el informe.
De hecho, el Freedom Economic Index y el Doing Business Index sugieren que la tasa efectiva de impuestos para las empresas oscila entre 70 y 80 %. Por esto, la tasa impositiva de Colombia es mayor en nueve puntos porcentuales a la de Europa, América Latina y el Caribe.
La otra advertencia de índole económica va enfocada al gasto del Gobierno, pues el déficit fiscal aumentó 66,16 % entre 2010 y 2016. Además, se vienen presiones presupuestales por el posconflicto, que podrían generar costos anuales adicionales del 1,1 % del Producto Interno Bruto (PIB).
El informe también advierte sobre las protestas: “Las luchas sociales se han convertido en un factor de decisión para proveer bienes y servicios públicos sin un previo análisis técnico. Estas vías de hecho conducen a realizar inversión pública en sectores específicos de la sociedad y no en políticas de impacto general”.
Se trata de una situación que merece atención, pues las protestas vienen en aumento: de acuerdo con las cifras del Cinep, en 2010 se reportaron 640 luchas sociales y en 2016 se registraron 1.019. Las principales razones de las manifestaciones son el incumplimiento de los pactos sociales (20 %), demandas sociales (18 %), petición de políticas públicas y reivindicación de derechos (14 %.)
Otro riesgo advertido por el estudio de Fenalco son las consultas previas: en los últimos tres años se han realizado cerca de 104 de estos procesos, de los cuales 89 fueron por proyectos viales. Se estima que realizar una de estas consultas les cuesta a los privados entre $2.000 y $10.000 millones.
De esta manera, los principales riesgos y amenazas que enfrenta la empresa privada se podrían resumir en tres aspectos: muchas normas, impuestos y protestas. Problemas que urge solucionar para reactivar el comercio colombiano, sector que, según las estimaciones que el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dio en el Congreso, crecería 1,3 % durante el segundo semestre de 2017.