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Esta semana es clave para el futuro de la reforma laboral. De hecho, hay altas probabilidades de que en los próximos días se apruebe su tercer debate.
En la mañana de este lunes, la senadora Aída Avella (Pacto Histórico) radicó en la secretaría de la Comisión Cuarta del Senado su ponencia alternativa, la cual se compone de 103 artículos.
Según lo manifestado por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, esta ponencia recoge las preguntas de la consulta popular, así como gran parte del texto que aprobó la Cámara de Representantes.
La ponencia de Avella es la única alternativa presentada en la comisión, pues el resto de los congresistas le apostaron a la otra, la cual será radicada en la tarde.
La ponencia de Avella
Gran parte del espíritu de la reforma original se ve plasmado en los 103 artículos propuestos por la senadora del Pacto Histórico.
Ejemplo de esto es que el contrato a término indefinido sigue siendo una columna de la reforma, pues se pone límite a otras formas de contratación, como el trabajo a término fijo, cuya duración no puede exceder dos años.
También se prohíbe la contratación por servicios para labores que son misionales en las empresas, para ese tipo de tareas, precisa la ponencia, se debe adoptar la contratación a término indefinido.
La jornada nocturna ha sido uno de los temas más polémicos de la reforma. La senadora Avella propone que esta inicie desde las seis de la tarde y se extienda hasta las seis de la mañana. En esto hay discrepancia con el texto que aprobó la Cámara de Representantes, pues esta última acordó que el inicio sea desde las siete de la noche.
Otro punto neurálgico es el recargo en días de descanso. Su ponencia, al igual que el texto de la cámara, propone que esta llegue al 100 % de forma gradual, partiendo del 80 % en 2025, pasando por el 90 % en 2026 y llegando al 100 % en 2027.
Sobre los aprendices del Sena, que es otro tema que ha tenido una amplia discusión, esta ponencia pide que el contrato de aprendizaje tenga un carácter laboral, es decir, que los estudiantes accedan a trabajos formales (con cotización a seguridad social y beneficios como primas y vacaciones).
Sobre esto se propone que, en la etapa lectiva, el estudiante reciba el 60 % de un salario mínimo, mientras que en su etapa práctica este sea del 100 %.
Las empresas que estarían obligadas a contratar estudiantes del Sena para la realización de sus prácticas, y no lo hagan, pagarían la denominada cuota de aprendizaje, la cual equivaldría a dos salarios mínimos (en la Cámara de Representantes se aprobó que este valor fuera de 1,5 salarios mínimos).
También se promueve la creación de una política pública para que los jóvenes puedan hacer sus prácticas en entidades del Estado. Esto se considera clave, pues se eliminarían las barreras por falta de experiencia que experimenta esta población para encontrar sus primeros empleos.
Se mantiene lo acordado para los repartidores que trabajan mediante aplicaciones. Para estos se propone formalidad, al exigirle a las empresas el pago por las prestaciones sociales de estos trabajadores, independientemente de si cuentan con una vinculación directa con la compañía, o si sus labores las realizan de forma autónoma.
En materia de formalización, también respeta lo que se propuso en la inclusión de ciertos trabajadores a la cotización de seguridad social, como artistas, periodistas, deportistas, trabajadores domésticos, trabajadores rurales, madres comunitarias y manipuladores de alimentos del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
Como lo mencionó Sanguino, esta ponencia también recoge postulados de la consulta popular, como lo es la incapacidad laboral por ciclos menstruales incapacitantes.
Los micronegocios, según este articulado, también podrán realizar pagos a la seguridad social a tiempo parcial (para esos casos deberán computarse en semanas al finalizar cada mes).
“El Gobierno nacional priorizará y protegerá a los sectores de hotelería, restaurantes, bares, agricultura, turismo y transporte”, se lee en el documento.
Se incluye, además, la licencia de paternidad, la cual aumentará de manera progresiva a 4 semanas en 2026 (en 2025 subiría a 3 semanas).
En materia sindical también recoge lo que se acordó en Cámara, como la prohibición de los denominados pactos colectivos (acuerdos pactados entre empleadores y trabajadores no sindicalizados).
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