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Panamá vuelve hoy a la incertidumbre sobre el futuro de una de sus más importantes fuentes de ingresos: el canal interoceánico. Ayer, a pesar de que tanto el gobierno como Sacyr, la firma española que lidera las obras de ampliación y amenaza con frenar los trabajos si no se le reconocen sobrecostos por más de US$1.600 millones, mostraron sus primeras fórmulas para resolver el desacuerdo, la posibilidad de una solución definitiva parece aún muy lejana.
Por un lado, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), entidad que gestiona la vía, manifestó que aportará US$180 millones a cambio de que la constructora suspenda su amenaza de parar el 20 de enero y sus accionistas inyecten otros US$100 millones; sin embargo, los ejecutivos españoles buscan que el istmo les gire US$400 millones y amplíe los plazos de entrega formulados en el desembolso del primer anticipo para iniciar la obra, cercano a los US$2.000 millones.
A la espera de un acuerdo definitivo se encuentra Ana Pastor, ministra española de Fomento, quien viajó al istmo para entrevistarse con el presidente panameño, Ricardo Martinelli, y resolver un conflicto que adquirió matices diplomáticos. Claro que su presencia no es gratuita: según el diario El Mundo, Sacyr obtuvo el contrato gracias a una póliza de Cesce, aseguradora pública de España, por más de US$200 millones.
El acuerdo es necesario para la compañía, aquejada por las excesivas pérdidas que el impasse le está generando a su acción en la bolsa de Madrid con una caída de 10,34% en el último mes. El escándalo, además de minar la confianza en futuras concesiones (uno de los puntos fuertes de su operación), también ha reflejado las irregularidades administrativas que suelen cometer sus directivos.
Por ejemplo, el diario El País reveló que Sacyr (participa con el 48% de las acciones en la sociedad Grupo Unidos por el Canal de Panamá, GUCP) ocultó los sobrecostos en sus balances al reportarlos como ingresos de la operación, además de retrasar el envío de información contable a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el supervisor financiero español.
Tampoco es grato su recuerdo en Colombia, ya que entre 1997 y 2007 protagonizó una de las grandes disputas administrativas de la historia del país. La firma lideró entonces el consorcio Commsa, encargado de construir la troncal del Magdalena Medio, una autopista de más de 600 kilómetros de longitud que quedó inconclusa por incumplimiento del contrato.
Tras 10 años de disputas legales, que llegaron incluso a tribunales de arbitramento, los accionistas aceptaron pagarle al Estado US$77 millones.
La firma también lideró la Futura Sociedad Anónima Concesionaria de la Red Férrea del Pacífico, el consorcio que, a pesar de ganar en 1998 la licitación para revivir el ferrocarril en el occidente colombiano, nunca realizó la obra. Hoy opera bajo la sociedad Sacyr Concesiones Colombia, que está precalificada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para concursar en las licitaciones de ocho carreteras.
En diálogo con Blu Radio, Luis Fernando Andrade, presidente de la ANI, afirmó que la entidad no permitirá que Sacyr emplee en el país tácticas similares a las que ha puesto en marcha en Panamá: “Exigimos que nos entreguen una póliza de cumplimiento, un aporte de capital superior al 20% del valor de la obra y una carta de un banco que muestre que la firma tiene ese dinero disponible. Si realizan la misma estrategia, ejecutamos la póliza e iniciamos un proceso de liquidación en el que perderían su patrimonio”.
Por Redacción Negocios
