“Los recursos no renovables se usan como una chequera”

José Luis Samaniego, director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la Cepal. / Luis Ángel

El director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la Cepal, José Luis Samaniego, estuvo en el país por invitación de la Universidad del Rosario. En su paso por Colombia habló con El Espectador sobre la industria extractiva de América Latina.

Dice que en Colombia es necesaria una mayor supervisión de esta industria y mayor participación de las comunidades en la toma de decisiones. Asimismo manifestó su preocupación por la caída del precio de las materias primas, que anunciaría la flexibilización de la legislación para la extracción de commodities.

¿Cómo define el desarrollo sostenible?

Es algo que te hace tomar en cuenta las dimensiones económicas, sociales y ambientales simultáneamente, y es un desarrollo que no va empobreciendo el capital económico, ni el social, ni el patrimonio natural. Los países conservan la capacidad de producir, e incluso se puede incrementar para las generaciones futuras.

En América Latina, los países han apostado por la extracción de recursos naturales. ¿La región ha logrado esa meta de aprovechar los recursos de manera responsable?

No. Estamos muy lejos de eso. Ha habido períodos de la historia reciente en los cuales ha aumentado la responsabilidad en la explotación de los recursos naturales, pero llegar a la sostenibilidad requiere más esfuerzo. En el caso de los recursos renovables es claro que hemos ido perdiendo biodiversidad y cobertura forestal, hemos seguido en el proceso de degradación de los suelos. En el caso de los no renovables, en lugar de manejarlos como un capital los hemos utilizado como una chequera de la que vamos girando contra esos recursos sin preservar el capital, convirtiéndolo en un flujo monetario.

¿Qué nos falta?

Es un conjunto de cosas. Es necesario tener una legislación, asimilar más los procesos de participación pública en las decisiones, generar información ambiental, tener acceso a los mecanismos de justicia para reparar a la gente; en la economía hay que internalizar el daño ambiente en la valoración de las inversiones, lo que implica transformaciones importantes en el sistema financiero. Todo esto permite avanzar y mejorar el manejo de los recursos naturales. Lo ideal es convertir esos patrimonios en otros, como población educada, y en la transformación del capital natural, el petróleo y el carbón, en una especie de cuenta de la cual se gastan los rendimientos.

¿La crisis de la caída de los precios ha influido de alguna manera en el desarrollo sostenible?

Sí. Durante el auge de los precios no se hicieron la transformaciones necesarias y ahora, en la parte lenta de los ciclos, existen las tentaciones a relajar la normatividad y los requisitos y tienden a predominar intereses de corto plazo, y no a largo plazo. Hay una tendencia a dar pasos hacia atrás, a liberalizar las normas, a explotar zonas que antes estaban reservadas para las futuras generaciones, a tomar decisiones en pequeños gabinetes que tienen lineamientos sectoriales, en lugar de hacerlo en lugares con mayor pluralidad.

¿Cuáles son los casos más críticos de América Latina?

En la cordillera de los Andes hay un problema con la industria extractiva. Las zonas montañosas son las más ricas en minerales, y la más relevante es la cadena andina. También tenemos conflictos ambientales en Centroamérica. Los casos preocupantes están en México, Panamá, Colombia, Brasil, Perú y la frontera Chile-Argentina.

¿En qué medida la responsabilidad es del Estado y en qué medida de las empresas?

Las empresas ajustan sus practicas a la legislación nacional. Pueden tener estrategias de mitigación de riesgos para la comunidad, pero le diría que, entre más estricta sea la ley, se reduce la posibilidad de tener conflictos ambientales costosos para el país. Es paradójico, porque donde las leyes son más laxas, las comunidades son las que tienen que hacerse cargo de las preocupaciones y los impactos de las empresas. Ojalá hubiera una coalición virtuosa entre empresas y estados para armonizar hacia la mayor exigencia de los procesos extractivos y así reducir los conflictos con las comunidades.

¿Qué impide esa armonía?

Sucede que las empresas —como pasó con el escándalo de la Volkswagen—, si no les estalla el conflicto siguen ganando lo que tienen previsto, pero cuando se presentan problemas tienen que hacer compensaciones. Lo ideal es que hay internalizar los costos de las industria extractivas.

En el caso particular de Colombia, ¿cómo se están llevando a cabo los procesos mineros?

Hay algunas comunidades preocupadas y otras que no. Existen conflictos abiertos, como el de La Colosa. Si hubiera un procedimiento de licenciamiento para la exploración y uno de supervisión de las operaciones, sería un avance en el marco legislativo de Colombia. Hay que fomentar la participación ciudadana. Eso sería un avance importante en Colombia.