Luxemburgo, con prioridad

Ante la Supersociedades se presentaron 1.112 solicitudes de cobro.

Nueve meses tardó la Supersociedades en entender el esquema, rastrear el camino de los fondos y determinar la cuantía de los fondos existentes para cubrir los reclamos de los acreedores afectados por el descalabro de la firma comisionista Interbolsa. En total, el ente de control cuenta con recursos por más de $163.000 millones para cubrir las 1.112 reclamaciones recibidas en el proceso de liquidación.

Pero ese monto no es el definitivo: contiene alrededor de $93.000 millones de “cuentas por cobrar”, o sea, acciones, participación en carteras colectivas y títulos de los que buena parte (cerca de $8.900) fueron suscritos a nombre de Alessandro Corridori, el hombre qué ayudó a idear el esquema para captar dinero, invertirlo en repos de Fabricato y, desde Interbolsa, aumentarla acción de la compañía. Un modelo que llevó a la comisionista a su quiebra.

 En resumen, la Superintendencia cuenta con una suma cercana a los $70.000 millones para cubrir las acreencias. Y los primeros beneficiados serán los 350 acreedores que adquirieron bonos (se les llama TEC) emitidos en el mercado bursátil de Luxemburgo, vendidos por Interbolsa como una fachada para captar recursos.

La decisión, respaldada por el artículo 335 de la Constitución, que protege al mercado de valores por considerarlo una fuente importante de obtención de fondos de alto interés público, fue tomada por Ángela María Echeverri, superintendente delegada para procedimientos de Insolvencia.

Se trata de un fallo de importancia estratégica, toda vez que los suscriptores de TEC reclaman el reintegro de más de $88.000 millones y que no es seguro recuperar todos los fondos de las cuentas por cobrar. Y, al mismo tiempo, una decisión que incomodó a los demás acreedores (órdenes religiosas, empresas y personas naturales) que, por estar en segundo lugar podrían quedarse sin recibir nada.

 Por eso sus apoderados criticaron la decisión. “Se deben excluir del expediente los hechos que no están probados”, dijo Andrés Flórez, apoderado de Alianza Fiduciaria (reclama $87.000 millones), quien presentó un incidente de nulidad porque, en su opinión, no hay pruebas de que los títulos TEC se hayan emitido en Luxemburgo ni que se hayan vendido en Colombia por un contrato de corresponsalía.

Su solicitud fue coadyuvada por los representantes de otros deudores, como Consuelo Acuña, de la Cartera Colectiva Escalonada Credit (con 4.150 ahorradores que se vieron afectados en $78.000 millones), quien, utilizando los mismos argumentos, anunció una acción de tutela por violación al debido proceso: “No se conocen las traducciones de Luxemburgo sobre el prospecto de emisión de dichos títulos”.

Pero no todas intervenciones criticaron la actuación administrativa del ente de control “Sorprende que estas inquietudes no se hicieran en los tiempos pertinentes y más cuando el expediente estuvo a la vista de todos”, dijo Germán Abella, apoderado de Seguros del Estado.

La audiencia de ayer terminó hacia las cinco de las tarde con varios asistentes disgustados. La Superintendencia de Sociedades decidirá mañana las acciones contra el proceso, pero su decisión, de momento, está en firme.