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En noviembre pasado, en medio del congreso de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, se hizo público el Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI), una hoja de ruta para que el Ejecutivo, los constructores, la banca y todos los que están enlazados en la cadena, tuvieran claro para dónde hay que acelerar.
En ese mismo evento, Simón Gaviria, director del Departamento Nacional de Planeación, aseguró que el Gobierno nacional podría cofinanciar hasta el 80% de los proyectos que integren la puesta en marcha del Plan Nacional de Vías Terciarias. Y con cifras en mano dijo que de acuerdo con los cálculos de Planeación, la cartera tenía 48 billones de pesos para cubrir la demanda de los próximos dos años, por lo que con el diseño de una política nacional se podría asegurar el financiamiento, operación y mantenimiento de 142 mil kilómetros que conectan áreas rurales del país. “La Nación no va regalar todo sino que va esperar contrapartidas de manera razonable de acuerdo con la capacidad de cada municipio”, dijo en ese momento el funcionario.
Pues resulta que el Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes, ya avaló el documento que establece los lineamientos de esas vías terciarias. “El Conpes 3857, que tuvo en cuenta algunas de las sugerencias hechas por la Cámara Colombiana de la Infraestructura, CCI, puede considerarse como un primer paso para mejorar la conectividad de las áreas rurales. Lo anterior será una herramienta clave para transformar el campo y consolidar la paz”, detalló el gremio en un comunicado de prensa.
La red terciaria está constituida por cerca de 140.000 kilómetros, un 24% de estos (33.600) está hecho en tierra y un 70% (unos 98.000) en afirmado. En contraste, apenas un 6% de las carreteras en mención –unos 8.400 kilómetros- está pavimentado.
El Conpes, detalla la CCI, estableció que el Gobierno deberá contar con un inventario detallado de la malla actual que tiene por objetivo focalizar con agilidad las inversiones necesarias. La CCI, precisamente, había dejado claro que la ausencia de inventarios hacía imposible conocer el estado real de esa red terciaria. “Sin estos insumos y sin reglas claras no será una tarea fácil definir dónde deberán priorizarse las intervenciones”, sentenció.
“Con la aprobación de este Conpes se abre la puerta para construir la infraestructura del posconflicto”, dijo Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente de la CCI. “Si bien es cierto que se trata de una buena noticia para las regiones del país, el reto ahora consistirá en gestionar de la mejor manera la cabal ejecución de tan necesario plan”.
El gran reto, además de la planificación, estructuración y puesta en marcha de la modernización de la red terciaria, está en la contratación. Públicamente se ha dicho que en las regiones están los más altos índices de corrupción con pliegos que apuntan a un solo contratistas. Una práctica que ha sido, también, cuestionada por la OCDE.
Por Redacción Negocios y Economía
