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La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) aprobó el fondeo para el reconocimiento del pago de los costos asociados al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto de Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique. Este canal, que es un punto estratégico a nivel geográfico, se ubica en la región Caribe y funciona cómo una vía fluvial artificial de comunicación entre Cartagena y el río Magdalena.
El pasado 22 de abril de 2025, la ANI firmó el Otrosí número 2 del contrato de concesión con la firma Ecosistemas del Dique, ampliando la fase de pre-construcción e incorporando mecanismos financieros para asegurar los recursos necesarios en la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
¿De cuánto es la inversión?
Los recursos aprobados —por $63.767 millones más IVA— serán destinados a la consultoría que tiene como objetivo presentar el EIA a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) durante el primer semestre de 2026. Este paso le juega de manera positiva al gobierno para poder cumplir con el objetivo manifestado por el presidente de la ANI, Óscar Torres Yarzagaray, de lograr la aprobación de la licencia antes de que termine el periodo de mandato del presidente Gustavo Petro, para así poder avanzar a la fase constructiva del proyecto.
“Las intervenciones al Canal del Dique son vitales y hacen parte del compromiso [...] con las comunidades de Bolívar, Atlántico y Sucre; hoy dimos un paso importante para avanzar hacia la recuperación de esta eco región que incluye la hidro vía del canal del Dique”.
Este proyecto de restauración abarca 435.000 hectáreas —tanto en área terrestre como marina— y se extiende a lo largo de 115 kilómetros, desde el municipio de Calamar hasta la Bahía de Cartagena, en el departamento de Bolívar.
Entre las principales obras previstas destacan la construcción de dos complejos de esclusas y compuertas en Calamar y Puerto Badel. Estas infraestructuras permitirán controlar el caudal de agua, reducir la intrusión salina y mitigar la erosión de los márgenes del canal, así como disminuir la sedimentación en las bahías de Cartagena y Barbacoas, según lo indicado en el comunicado de la ANI.
Además, la entidad afirma que estas intervenciones beneficiarán de manera directa a 1,5 millones de habitantes de 19 municipios de Atlántico, Bolívar y Sucre. En paralelo, bajo la coordinación del Ministerio de Transporte, se mantienen activos los programas de conservación y operación de la infraestructura actual, que incluyen dragados de mantenimiento, monitoreo permanente y protocolos de gestión del riesgo para proteger a las poblaciones ribereñas.
Sin embargo, la elaboración y aprobación del EIA es un reto para la entidad, pues es necesario confirmar que los ecosistemas estén protegidos y que no se vayan a causar daños irremediables en el ambiente, por lo que la nueva consultoría está llamada a fundamentar la viabilidad ambiental y social de la obra.
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