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Excluyendo los artículos que reforman un inciso de la ley de garantías y el traslado exprés de pensiones, los representantes a la Cámara le dieron el aval al texto del proyecto de reforma del Presupuesto General para 2022, que está aforado en $350,4 billones.
La sesión se inició en la mañana de este martes con el tradicional alud de impedimentos y la presentación de las ponencias negativas, alternativas de la oposición y la mayoritaria que defiende el Gobierno.
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En primera instancia fueron aprobados más de 100 artículos, paquete de donde fueron excluidos los polémicos puntos de la Ley de Garantías y el traslado pensional.
En 2022, el presupuesto de inversión tendrá un crecimiento real superior al del gasto operacional por segundo año consecutivo, con lo cual pasaría de $58,6 billones en 2021 a $69,6 billones para el año próximo, según las cifras oficiales.
El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo considera que la primera gran apuesta del Presupuesto General para 2022 es responder a los más vulnerables, con programas como Ingreso Solidario, subsidio al empleo, matrícula cero y aseguramiento en salud. Por ello, en esta propuesta se va a aumentar la inversión en inclusión social, buscando llegar a 25 millones de colombianos. Destaca que el sector educación nuevamente liderará el mayor gasto.
El proyecto de ley de presupuesto para 2022 de $350,4 billones representa un incremento del 5,3% respecto al monto correspondiente al aprobado en 2020. De los $350,4 billones, el 59,8% corresponde a gastos de funcionamiento, un 20,8% al pago del servicio de la deuda y el 19,5% a inversión.
La Ley de Garantías es uno de los temas más espinosos y en la polémica han intervenido tanto sectores políticos, como empresariales. Por ejemplo, el Consejo Gremial se pronunció públicamente a favor de no modificar la ley y puso sobre la mesa otras opciones para mantener el proceso de reactivación económica, por lo que se esperaba que el artículo que modificaba la Ley de Garantías fuera derogado. A su vez, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, también dijo que no es conveniente tumbar esta ley entrados en campaña electoral y “hay grandes dudas sobre la pertinencia de hacerlo a través del mecanismo escogido”, o sea, mediante una modificación del presupuesto.
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El otro punto complejo en el proyecto es el llamado traslado exprés de pensiones. Durante la vigencia 2022 se va a permitir el traslado de afiliados del Régimen de Ahorro Individual (RAI) al Régimen de Prima Media (RPM), siempre que sean hombres mayores de 52 y mujeres que superen los 47 años cuando hayan cotizado como mínimo 750 semanas al Régimen de Prima Media (Colpensiones).
Esta era la propuesta de un proyecto de ley que se había radicado en la Cámara y que no gozaba con el visto bueno del Gobierno. El artículo en el Presupuesto sí está avalado por el Ejecutivo, debido a que la reducción de la vigencia implica también una baja en el costo de la propuesta.
Inicialmente, el Ministerio de Hacienda había asegurado que el costo del proyecto de ley que permitiría el cambio exprés de régimen pensional era de unos $35 billones. Esta propuesta buscaba autorizar el traslado exprés de cualquier persona con un mínimo de 750 semanas cotizadas. Esta iniciativa tendrá un impacto fiscal de $3,8 billones en las cuentas nacionales y espera impactar a unas 19.000 personas.
De acuerdo con Asofondos, asociación que reúne a Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia esta medida beneficiaría, vía subsidios pensionales, a un grupo de trabajadores de ingresos medios y altos. El gremio calcula que a 4 de cada 5 personas no les convendría trasladarse. En su concepto, del número de afiliados que cumplen los requisitos de tener por lo menos 750 semanas cotizadas en el régimen público, 73,4 % tiene ingresos entre 1 y 2 salarios mínimos.
Mientras se da la discusión en Cámara, en el Senado avanza el estudio del proyecto en donde también fueron derrotadas las ponencias presentadas por los congresistas contradictores del Gobierno.
El proceso de debate del proyecto de presupuesto ha contado con varias críticas por falta de transparencia, como lo ha explicado el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. En su más reciente informe sobre el tema se lee: “La transparencia en el debate del proyecto de PGN para 2022 es opaca pues el Gobierno nacional no ha presentado documentos que permitan estudiar las variaciones del proyecto, respecto a los presupuestos previos. La discusión, además, está teniendo lugar sin la asesoría de la OATP, en contravía de lo establecido en el Estatuto Orgánico del Presupuesto. Adicionalmente, los niveles de transparencia en el texto de la iniciativa no son satisfactorios. Esto por cuenta de las asignaciones presupuestales presentadas. Los gastos de funcionamiento son el tipo de gasto que cuenta con una mayor asignación presupuestal –ascendiendo al 60%–. Sin embargo, en el proyecto solo se incluye la asignación de funcionamiento para cada entidad, sin detallar su composición”.
