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El recaudo tributario sufrió una caída de $12,2 billones en 2024, cerrando el año con un total de $267 billones. Este descenso, una de las mayores caídas recientes, pone en aprietos las finanzas públicas y reaviva el debate sobre la necesidad de una nueva reforma tributaria.
En su tercera semana al frente de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Luis Eduardo Llinás dejó en clara la urgencia de medidas estructurales para estabilizar las cuentas del Estado. Según sus declaraciones en la IV Jornada de Economía e Infraestructura de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, “las finanzas públicas atraviesan grandes escollos (...), lo más probable es que se necesite una reforma tributaria para cumplir el plan”.
A diferencia de enfoques anteriores, el objetivo sería reducir la carga tributaria sobre empresas y personas jurídicas, promoviendo la competitividad, mientras se revisan los beneficios fiscales vigentes en el Estatuto Tributario.
En paralelo, se estudia la posibilidad de establecer nuevos tributos para sectores con baja tributación. Aunque el director no brindó detalles específicos.
Mientras tanto, sectores como la minería y la industria han visto reducida su actividad, afectando directamente los ingresos del Estado. Según la DIAN, la evasión fiscal y la incertidumbre en litigios tributarios han agravado la situación, dejando un hueco en las finanzas públicas que el Gobierno ahora busca llenar con nuevas estrategias de control y ajustes fiscales.
“Venimos trabajando con el Ministerio de Hacienda para ajustar el plan financiero del 2025″, dijo Llinás, reconociendo “que venimos con unos reajustes del año 2023-2024 de pagos y obviamente eso impacta la caja del Estado”.
¿Dos tributarias en el horizonte?
Llinás fue enfático en que se necesita una reforma tributaria para cerrar el déficit, pero también reconoció que cualquier modificación pasará por el Congreso, donde el panorama no es sencillo. “El año pasado no se dieron las condiciones para que el Congreso Nacional aprobara el paquete de medidas”, admitió, señalando que el fracaso de la última reforma solo profundizó la brecha fiscal.
La DIAN plantea una estrategia dual:
- Una reforma tributaria estructural, con medidas de largo plazo para aumentar la recaudación y mejorar el sistema tributario.
- Un paquete de ajustes inmediatos, que permitan optimizar la fiscalización y capturar ingresos no contemplados.
“Eso significa que vamos a poder perfilar, obtener un nivel de riesgo de los contribuyentes en torno a la evasión”, afirmó el director de la DIAN, y agregó que, sumándole un mayor control del contrabando, se lograrían “casi dos reformas tributarias”. Es decir, en caso de una mejora efectiva en ambas operaciones, el recaudo repuntaría.
El Gobierno, por su parte, proyectó una meta de recaudo $299,8 billones, un ajuste frente a lo que se estimaba en el presupuesto de este año, que incluía un estimado de $343,1 billones (o sea, una caída de $15,2 billones).
La proyección, sin embargo, está bajo la lupa. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) alertó sobre un desfase de $52 billones en los ingresos proyectados para 2025. De estos, $12 billones se deben a la caída de la Ley de Financiamiento, y los $40 billones restantes a una sobreestimación del recaudo tributario.
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🪙 El rol del comercio electrónico y las criptomonedas
El déficit en el recaudo de 2024 dejó al país con menos margen de maniobra fiscal y obligó al Gobierno a hacer recortes presupuestales. En 2023 ya se había aplicado un ajuste de $28 billones, y para 2024 se recortaron otros $12 billones en gastos e inversiones públicas, dejando el presupuesto general en $511 billones.
Uno de los focos de la nueva estrategia será el comercio digital. Según Llinás, el crecimiento de los proveedores de servicios virtuales y plataformas de comercio electrónico ha generado un volumen de operaciones billonario que no está adecuadamente regulado.
“Tenemos que intervenir, no para colocar nuevos impuestos, sino para tener más control sobre este tipo de operaciones”, aseguró. Dentro de los sectores que la DIAN pretende fiscalizar están:
- Plataformas de comercio electrónico.
- Wallets digitales.
- Criptomonedas y exchanges.
- Otros servicios en línea con operaciones transfronterizas.
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Solo con aplicar una retención en la fuente de 4 % a 6 % sobre estas actividades, la DIAN estima que podría recaudar hasta $5,6 billones adicionales, un monto que actualmente no está contemplado en el plan financiero.
En los próximos meses, la DIAN presentará un nuevo plan de fiscalización, con un enfoque en los sectores con mayores niveles de evasión. Las expectativas están puestas en el desempeño del recaudo en 2025, donde el Gobierno espera alcanzar los $293 billones brutos.
El reto del Gobierno no solo es recaudar más, sino también recuperar la confianza de los mercados y cumplir con la regla fiscal. Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, criticó la proyección de ingresos del Ejecutivo, señalando que las cuentas del Gobierno están infladas y que no cumplen con la regla fiscal.
El riesgo es claro: si el recaudo proyectado no se materializa, Colombia podría enfrentar mayores recortes en inversión social e infraestructura, lo que a su vez impactaría el crecimiento económico.
Como anticipé en mi columna del pasado domingo en @ELTIEMPO, el déficit fiscal en 2024 fue muy superior al esperado por @MinHacienda, que era del 5,6% del PIB. Nuestro estimativo era de un déficit del 6,9% del PIB, frente al dato anunciado hoy por el gobierno del 6,8% del PIB.… pic.twitter.com/NXBbGvUtvK
— Luis Fernando Mejía (@LuisFerMejia) February 7, 2025
Nuevo control fiscal a la minería y el comercio exterior
El Estado necesita dinero y lo está buscando. En la minería, en la infraestructura, en el comercio exterior. Llinás reveló una serie de medidas con las que busca corregir fallas en la recaudación y modernizar su sistema de fiscalización.
Entre los cambios más relevantes están los nuevos controles a la minería de materiales de construcción, la posible reforma tributaria enfocada en sectores con baja tributación y la modernización del sistema aduanero. El objetivo es claro: aumentar el recaudo sin afectar la competitividad del sector privado.
En muchos casos, las canteras y titulares mineros legales no están emitiendo las facturas que deberían, lo que se traduce en una menor recaudación de impuestos. Según Llinás, aunque el sector es mayormente formal, existen eslabones en la cadena logística que operan fuera del marco legal.
Para enfrentar esta situación, el gobierno implementará controles más estrictos, sin eliminar títulos mineros, pero exigiendo el pago correcto de impuestos. Además, buscará alianzas con el sector privado para desarrollar modelos de fiscalización más eficaces y conectar los sistemas tecnológicos de la DIAN con los de las empresas.
Otro frente clave en la modernización del recaudo es el comercio exterior. Con el Decreto 659, aprobado el año pasado, se busca mejorar el control aduanero y facilitar las importaciones. Sin embargo, la reglamentación aún está pendiente, lo que ha generado inquietudes en el sector empresarial.
Para ajustar la normativa y garantizar su implementación efectiva, la DIAN planea abrir mesas de trabajo con el sector privado. La idea es anticipar las declaraciones de importación y establecer controles previos que permitan un mejor seguimiento de las mercancías y, en consecuencia, una mayor eficiencia en el cobro de impuestos.
Como parte de este proceso, se realizarán pilotos con nuevas plataformas tecnológicas antes de que entren en funcionamiento los nuevos formularios y sistemas de control aduanero. El plazo para su implementación a finales de este año, y en este tiempo se capacitará a empresas y consultores para evitar fallos en la transición.
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