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A pesar de las reformas tributarias de los últimos años, el recaudo no alcanza las metas proyectadas, y la presión sobre las finanzas públicas aumenta. En 2024, la caída en la recaudación de impuestos alcanzó los $12 billones, dejando al Gobierno ante una difícil disyuntiva: fortalecer los controles para evitar la evasión o convocar a una nueva reforma tributaria que equilibre las cuentas.
Luis Eduardo Llinás, director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), lanzó una advertencia: el país no necesita más impuestos, sino mejorar la eficiencia del sistema tributario.
El directivo fue claro: “Más que poner nuevos impuestos, el objetivo debería ser reducir la presión sobre las empresas y mejorar los controles de evasión”. Llinás enfatizó que el país necesita una recomposición de los beneficios tributarios vigentes en el Estatuto Tributario y un fortalecimiento de las herramientas de fiscalización.
Sin embargo, en paralelo, el ministro de Hacienda, Diego Guevara, ha dado señales en otra dirección. Según sus declaraciones recientes, una nueva reforma tributaria es altamente probable, con una base de al menos $12 billones en nuevos ingresos. La incertidumbre es evidente.
El panorama tributario ha dado apretado el dinero que requiere el presupuesto general. En 2024, el recaudo total cerró en $267 billones, una cifra que, aunque alta, representa una caída de $12,2 billones en comparación con los $279,38 billones de 2023.
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Colombia no necesita más impuestos sino mayores controles a los sectores que evaden sus obligaciones tributarias. Mediante el uso de tecnología de punta y analítica de datos y mayor fiscalización a sectores específicos de la economía, lo lograremos. pic.twitter.com/liksxsRbTE
— DIANColombia (@DIANColombia) February 21, 2025
La propuesta de la DIAN contempla nuevos impuestos a sectores con baja tributación, aunque aún sin definir cuáles.
Mayor control sobre el comercio electrónico y las criptomonedas, sectores que han crecido sin una regulación clara en materia fiscal. En cuanto a la evasión, la entidad fiscal estudia la posibilidad de aplicar una retención en la fuente de 4 % al 6 % sobre estas plataformas, lo que permitiría recaudar hasta $5,6 billones adicionales.
Revisión de exenciones tributarias, para reducir los beneficios fiscales que no aportan significativamente al desarrollo económico.
En los próximos meses, la DIAN presentará un nuevo plan de fiscalización con énfasis en los sectores con mayores niveles de evasión, mientras que el Congreso debatirá la necesidad de nuevos impuestos.
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Según las cifras reveladas por el organismo, este desplome afectó tanto a impuestos directos como indirectos, y se debió a varios factores.
Menor actividad en sectores clave, como la minería y la industria, históricamente generadores de grandes tributos, han registrado una desaceleración.
Por otro lado, según la DIAN, hay una “incertidumbre en litigios fiscales” que ha debilitado el flujo de ingresos.
La caída de la Ley de Financiamiento también llevó del bulto, confirmado por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), que alertó que el Estado perdió $12 billones con la anulación de algunos artículos de esta normativa.
A pesar de esto, hubo una sobreestimación del Gobierno, ya que en el presupuesto de 2024 se proyectó un recaudo de $343,1 billones, pero la realidad muestra un desfase de $52 billones, lo que agrava la brecha fiscal.
Para 2025, el Ministerio de Hacienda ha ajustado la meta de recaudo a $299,8 billones, una cifra que, aunque ambiciosa, sigue estando por debajo de las proyecciones iniciales.
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Los impuestos del Catatumbo
En medio de la crisis fiscal, el Gobierno lanzó un plan de financiamiento para fortalecer la seguridad en la región del Catatumbo, una de las más afectadas por la violencia y el narcotráfico. Para ello, se estableció una meta de recaudo de $3 billones (y que espera extender más allá de 2025 mediante una nueva reforma tributaria), distribuidos de la siguiente manera:
- $1,3 billones provenientes de un IVA de 19 % sobre los juegos de azar en línea.
- $1,2 billones de una contribución de 1 % sobre la primera venta o exportación de petróleo y carbón.
- $500.000 millones a través de un impuesto de timbre del1 % en trámites notariales superiores a 20.000 UVT (aproximadamente $298 millones).
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