Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Cada peso que entra al Estado viene con fuga. Así lo advirtió un informe del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. No por corrupción, en este caso, sino por exenciones fiscales.
Según explicó el Observatorio, por cada $100 que se recaudan en impuestos, $50 se evaporan en los beneficios tributarios, exenciones, deducciones y tratamientos especiales. En pocas palabras, los estímulos fiscales han crecido tanto que desangran la base de financiación pública.
Este dato en sí no es nuevo, pero sí la magnitud. El último estudio de la organización lo detalló con base en 2023. Mientras el país alcanzaba el nivel de recaudo en una década (16 %) del PIB, casi la mitad de ese ingreso fue erosionado por los beneficios. Se dejaron de recibir $49 de cada $100 que se habían anunciado.
Mientras se cava el pozo con la mano, se tapa con el pie.
En teoría esto no es malo, pues algunos sectores requieren fomento a la inversión o se alivian las cargas de grupos vulnerables. Sin embargo, el sistema se ha vuelto opaco. Una semejanza: las críticas por falta de focalización en los subsidios del Sisbén se intercambian con las exenciones tributarias que gestiona la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
“En Colombia su crecimiento ha estado acompañado de una falta de evaluaciones técnicas sistemáticas que permitan justificar su permanencia o medir su efectividad”, detalla el Observatorio.
Recomendado: El Dorado amplía su capacidad con siete nuevas posiciones para aeronaves
La paradoja de recaudar mucho y disponer de poco
En 2022, Colombia aprobó una reforma tributaria que prometía recaudar 1,4 % del PIB. Pero entre 2021 y 2022, los beneficios tributarios crecieron casi 30 %, al pasar de $88,3 billones a $114,3 billones. Ese salto —equivalente a 1,2 veces lo que se buscaba recaudar con toda la reforma— dejó claro que el problema no es solo cuánto se cobra, sino cuánto se deja de cobrar. Y a quién se le deja, a fin de cuentas.
Según la DIAN, 10 % de las empresas con mayores ingresos acapara más de 90 % de los descuentos tributarios. La mayoría de las mipymes, que representan más de 95 % del tejido empresarial, reciben solo migajas. El resultado es un sistema que, lejos de corregir desigualdades, las profundiza.
En términos técnicos, eso se llama regresividad fiscal: cuando el sistema otorga mayores beneficios a quienes menos los necesitan y reduce su capacidad para financiar bienes públicos esenciales como salud, educación o infraestructura.
Como explicó el Observatorio, los gastos tributarios pueden ser útiles. Algunos alivian la carga a las zonas más deprimidas del país o promueven sectores clave como las energías limpias. Pero el problema es que en el país muy pocos han sido evaluados. Permanecen año tras año sin rendir cuentas.
El Global Tax Expenditures Transparency Index (GTETI), que mide la transparencia en este campo, ubicó a Colombia en el puesto 35 entre 105 países, con un puntaje de 52 sobre 100. Avances tímidos, con reportes generales en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, pero sin evaluaciones de costo-beneficio ni mecanismos de depuración de lo inútil, fiscalmente hablando.
Entre 2019 y 2023, los beneficios tributarios representaron, en promedio, 50 % del recaudo. Tuvieron un pico de 57 % en 2022 y equivalen a 7,5 % del PIB. Son, en otras palabras, un sistema paralelo de gasto público sin control riguroso.
A propósito de la nueva tributaria que prevé el Ministerio de Hacienda en torno a la necesidad de “más impuestos”, el estudio de la Javeriana gira el espejo hacia la estructura tributaria: cómo se otorgan los privilegios y por qué.
En comparación, países como Chile y México han avanzado en la publicación y evaluación periódica de sus gastos tributarios. Canadá y Reino Unido exigen evaluaciones de impacto antes de renovar cualquier incentivo. En Colombia, ese debate sigue aplazado.
A mayo de 2025, el país acumuló ingresos por $127,2 billones, un aumento de 9,16 % frente al mismo periodo del año pasado. La DIAN lo atribuye a una mayor fiscalización y cumplimiento de las obligaciones.
Sin embargo, esa cifra no refleja lo que verdaderamente queda disponible para financiar el Estado. En paralelo, a través de los Títulos de Devolución de Impuestos (TIDIS), se han comprometido ya $10,27 billones.
Es decir, a medida que entra más, también se devuelve más, la conocida proporcionalidad.
💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.
