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El proyecto de ley de la sobretasa a la gasolina (no. 482 Senado y 625 Cámara), que buscaba resolver una inexequibilidad que falló la Corte Constitucional en 2019, fue aprobado este martes por el Congreso de la República y pasa a sanción presidencial.
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El articulado fue votado en la noche del lunes en Cámara, pues ya había culminado este proceso en Senado el pasado lunes en la madrugada. En la plenaria de este martes se aprobó la conciliación en Senado dado que había una diferencia en la redacción del artículo cuarto, referente a la fecha de entrada en vigencia de la iniciativa.
“No hay cambios de ninguna manera en los primeros tres artículos que son la esencia de este proyecto, se aprobó igual en Cámara como lo hicimos en Senado, solo el artículo 4 que es el de la vigencia por la redacción que se dio en la Cámara es más precisa, la nuestra decía que “a partir del 21 de junio” y el proyecto no estuvo sancionado para la fecha, la de Cámara dice “a partir de su promulgación”. Es el único cambio, lo demás es como salió del Senado”, explicó el senador Efraín Cepeda, uno de los conciliadores.
La nueva ley detalla los parámetros legales para calcular la base gravable de la sobretasa a la gasolina y al ACPM, descrita por primera vez en el artículo 121 de la Ley 488 de 1998, que encargaba al Ministerio de Minas y Energía la certificación del valor de referencia de venta al público. Sin embargo, según la Corte Constitucional, en su momento el Congreso vulneró el principio de legalidad tributaria por haber delegado a la cartera esta labor sin precisar ningún criterio.
El nuevo proyecto de ley no modifica el valor del impuesto que ya existe, sino que pone el gravamen en línea con el ordenamiento jurídico colombiano. La iniciativa establece que las tarifas se mantendrán de la misma forma por dos años antes de ajustarse con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el DANE. Esto significa que a partir de 2023 el valor comenzará a mostrar variaciones al ritmo de la inflación.
El proyecto de ley, compuesto por solo cuatro artículos, detalla que las tarifas se definieron partiendo del valor de referencia ya fijado por el Ministerio de Minas y Energía y se obtuvieron partiendo del porcentaje de asignación que le corresponde a municipios y departamentos: 18,5 % para municipios, 6,5 % para departamentos y 25 % para el Distrito Capital, porcentajes que ya regían hoy.
La tarifa de la sobretasa al ACPM, por su parte, será de $301 por galón. Si es para consumo en municipios zonas de frontera, se liquidará con una tarifa de $204 por galón para el producto nacional y $114 por galón para el producto importado.
A partir del periodo gravable enero de 2022, y hasta el periodo gravable diciembre 2022, la sobretasa al ACPM será cobrada por la Nación y distribuida en un 75 % para los departamentos y el Distrito Capital con destino al mantenimiento de la red vial, y un 25 % para los municipios y distritos que cuenten con sistemas integrados de transporte público masivo.
Este fue el único proyecto de ley para el cual se aprobaron sesiones extras, pues la Corte definió un plazo de dos legislaturas para que el Congreso expidiera la norma. De no aprobarse, no se podría realizar este recaudo. Sin embargo, el senador Gustavo Bolívar recordó que el plazo era específicamente el 20 de junio, por lo que advirtió que en este punto ya era ilegal.
Mientras senadores como Jorge Eliécer Guevara insistieron en que no se trata de un nuevo impuesto, a pesar de la confusión en la opinión pública, y destacaron sus beneficios en pro del fortalecimiento de las finanzas del país, especialmente de las regiones, otros como Gustavo Petro y Gustavo Bolívar cuestionaron el fondo de la norma.
“El impuesto existía por la dinámica de este país de sacarle del bolsillo la plata a la clase media para financiar los entes territoriales, pero no porque ya existiera toca dejarla, tenemos que ser creativos y ver cómo le sacamos el dinero a los que más tienen que sí pueden”, dijo Bolívar.
“La sobretasa se destina a la financiación de obras públicas para sistemas de bus de tránsito rápido por concesión a operadores privados que trasladan sus costos de operación a las tarifas del transporte. El Estado asume la obra pública con cargo a la gasolina, es un subsidio estatal a la operación privada de buses, uno de los más grandes negocios en Colombia que además se creó para desestimular el uso de los hidrocarburos y no lo logra”, destacó Petro.
