Plantear una propuesta tributaria y fiscal que cumpla con el principio de progresividad, las recomendaciones de la OCDE, que garantice el recaudo y, a su vez, que cuide las finanzas públicas en armonía con todos los intereses del país, es un ejercicio complejo.
Sin embargo, hemos identificado unos puntos fundamentales para mejorar el funcionamiento del sistema fiscal en Colombia, con independencia del resultado de las elecciones de este 19 de junio.
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La situación fiscal que vive Colombia es difícil. Llevamos tres años de déficits fiscales cercanos al 7 % del PIB y un nivel de deuda que cerrará en 2022 con un 62,7 %, uno de los más altos de nuestra historia. Sumado a esto, nos encontramos en una evidente crisis social representada en un índice de pobreza del 39 % que se refleja, entre otras cosas, en un panorama de inseguridad alimentaria y de desnutrición crónica en niños (el 25 % de los hogares del país se alimentan menos de tres veces al día, de acuerdo con el DANE).
Este diagnóstico plantea la necesidad de una fiscalidad que apoye la sostenibilidad de las finanzas públicas y sirva para financiar las enormes necesidades sociales.
Sobre las finanzas públicas y la ejecución del gasto, es fácil pensar que la forma de salir de la encrucijada consiste en apretar el cinturón del gasto público. No obstante, dada la ya conocida inflexibilidad del gasto en Colombia, y las necesidades apremiantes en la lucha contra la pobreza y desigualdad, esta podría no ser la respuesta inmediata que necesita nuestro país, e incluso podría suponer retrocesos si no se efectúa un análisis juicioso de dichos recortes presupuestales.
Otro camino podría ser una lucha frontal contra la corrupción junto con estrategias como el fortalecimiento de los esquemas de contratación y el ajuste de gastos de funcionarios públicos (planes de celular, esquemas de seguridad, etc.). Sin embargo, pese a ser valioso, creemos que esto no es suficiente, particularmente cuando nuestro porcentaje de gasto público respecto al PIB es de los más bajos de la OCDE y menor al promedio latinoamericano.
Con base en lo expuesto, nuestro país necesita aumentar el recaudo, no solo porque este es pequeño en comparación con pares de América Latina, sino porque lo exige nuestra regla fiscal, es necesario para cumplir con el gasto social y es lo único que podría dar tranquilidad a nuestros acreedores. Este mayor recaudo podría lograrse mediante una reforma tributaria que considere, al menos, los siguientes elementos.
Impuestos directos (impuestos sobre la renta y al patrimonio)
Necesitamos un cambio de enfoque de manera que el impuesto sobre la renta se concentre en la tributación de las personas naturales y no tanto en las personas jurídicas, como se ha hecho desde la década de los años 80, puesto que esto impide el desarrollo empresarial y la formalización, aumenta la evasión y afecta la equidad.
Así, la reforma tributaria debe procurar disminuir la tarifa para las personas jurídicas del 35 %, lo cual podría ser mediante un sistema de tarifas progresivas diferenciales, y a su vez eliminar beneficios tributarios injustificados, como rentas exentas introducidas en la Ley 2010 de 2019, por sugerencia de la Comisión de Expertos y la OCDE.
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Sobre las personas naturales, el impuesto sobre la renta debe ser modificado de tal manera que todos paguen de acuerdo con su capacidad económica. Por ejemplo, que el segmento más rico pague progresivamente según la justicia tributaria. Por otra parte, deben eliminarse rentas exentas injustificadas para personas naturales (magistrados, procuradores, fiscales, profesores y rectores de universidades públicas y FF. MM.).
Por último, sugerimos analizar la implementación de un impuesto al patrimonio que permita avanzar en la progresividad del sistema y no volver a introducir “amnistías tributarias” por medio de tributos como la normalización.
Reforma fiscal territorial
Este punto se relaciona con la descentralización y el fortalecimiento de las finanzas públicas territoriales. Dos cifras son reveladoras: mientras en países como Alemania, Brasil y España al menos el 40 % de los ingresos tributarios se recaudan en niveles de gobierno intermedios y locales, esa cifra alcanza tan solo el 17 % en Colombia, siendo el caso más dramático el de los departamentos que solo participan con el 5 %.
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Por otra parte, los más de 1.000 municipios certificados que tiene el país apenas tienen una capacidad de generar un 11 % de sus ingresos, mientras que un 88 % de estos son transferidos desde el Gobierno Central. A esto se suma una tendencia a la baja de los recursos generados por regalías. En esa medida, sugerimos fortalecer y acelerar la apuesta del Catastro Multipropósito, para mejorar el desempeño fiscal de los municipios.
Otros impuestos
Aconsejamos la implementación del impuesto a las bebidas azucaradas y la modificación y el mejoramiento del impuesto a las emisiones de CO2, como se explicó en un trabajo conjunto de la Red de Trabajo Fiscal.
Fortalecimiento de los mecanismos para la lucha contra la evasión y elusión fiscal, así como de la cultura tributaria
Debemos fortalecer estructuralmente la administración tributaria y su relación con la ciudadanía, así como la implementación de más herramientas jurídicas para luchar contra la evasión y elusión fiscal, como lo son la introducción de otras medidas antiabuso y antidiferimiento, y el intercambio de información con otros países.
Finalmente, en materia de cultura tributaria, debemos hacer más accesible el sistema fiscal e incrementar su pedagogía, dado que los impuestos y su vigilancia deben estar al alcance de todos y todas.
Este contenido hace parte de la alianza sobre elecciones y temas fiscales que estableció El Espectador con la Red de Trabajo Fiscal. Los contenidos informativos de esta alianza los puede consultar aquí.
* Red de Trabajo Fiscal