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La deuda externa volvió a perder peso frente al tamaño de la economía. Al cierre de abril, el saldo llegó a USD 247.668 millones, equivalente al 51,6 % del PIB, según cifras preliminares del Banco de la República. Un año atrás representaba 53,7 % del PIB, de manera que el indicador cayó 2,1 puntos porcentuales.
La reducción, sin embargo, no significa que el país deba menos plata al exterior. En realidad, ocurrió algo que suele generar confusión. El monto total de la deuda aumentó frente a abril de 2025, cuando era de USD 227.961 millones. Es decir, en doce meses el saldo creció cerca de USD 19.700 millones, alrededor de 8,6 %.
La diferencia está en el denominador. El indicador que compara la deuda con el PIB puede disminuir aunque el saldo aumente, siempre que la economía crezca más rápido o existan factores financieros que reduzcan el peso relativo de esas obligaciones.
¿Qué afectó la reducción de la deuda?
En este caso también influyeron decisiones del Gobierno. Entre ellas aparece la cancelación del Total Return Swap (TRS) denominado en francos suizos y la apreciación que registró el peso frente al dólar, un movimiento que reduce el valor en moneda local de las obligaciones contratadas en divisas.
Desde 2022, el Ministerio de Hacienda viene modificando la composición de la deuda pública para depender menos de acreedores internacionales y financiar una mayor parte de sus necesidades dentro del mercado colombiano.
Los números muestran ese giro. En agosto de 2022, la deuda externa representaba cerca del 40 % del endeudamiento total del Gobierno Nacional. Para abril de este año esa participación descendió hasta 26,5 %. En sentido contrario, la deuda interna pasó de explicar cerca del 65 % del total a aproximadamente 73 %.
Ese cambio significa que el Gobierno está reemplazando parte de los préstamos externos por emisiones de TES (Títulos de Tesorería), los bonos con los que consigue recursos entre bancos, fondos de pensiones, aseguradoras y otros inversionistas locales.
Lo bueno y lo malo
La estrategia tiene ventajas. Al financiarse más en pesos, el Estado reduce parte de su exposición a las variaciones del dólar. Si la tasa de cambio sube, el costo de una deuda denominada en moneda local no aumenta por efecto cambiario, algo que sí ocurre con las obligaciones contratadas en dólares o euros.
Sin embargo, el otro lado de la moneda es que la deuda pública interna ha crecido con rapidez durante este año.
Solo este miércoles, el Ministerio de Hacienda volvió a acudir al mercado y terminó colocando COP 3 billones en TES con vencimientos entre 2030 y 2058. Inicialmente había ofrecido COP 1,5 billones, pero la demanda alcanzó COP 6,2 billones, más de cuatro veces el monto original, lo que le permitió activar la cláusula de sobreasignación y duplicar la emisión.
Las tasas también mostraron una mejora frente a las subastas anteriores. Hacienda logró colocar los títulos con rendimientos entre 11,85 % y 12,12 %, una reducción de entre 24 y 36 puntos básicos respecto de la operación previa. Para el Gobierno, significa conseguir financiación a un costo ligeramente menor.
Alertas de los analistas
Pero detrás del éxito de las subastas aparece otra señal que varios analistas siguen de cerca: el espacio para seguir emitiendo TES comienza a estrecharse.
De acuerdo con cálculos del Banco de Bogotá, al cierre de junio el Gobierno ya había utilizado cerca del 78 % del cupo autorizado para emitir TES durante todo 2026. Del límite anual de COP 85,3 billones, quedarían disponibles alrededor de COP 19 billones para el segundo semestre.
El mismo informe advierte que, si el ritmo de colocaciones continúa, ese margen podría agotarse hacia mediados de agosto. Además, estima que las necesidades de financiación del Gobierno para el resto del año superan los COP 30 billones, una cifra superior al espacio restante para emitir deuda interna mediante TES.
De este modo se explica por qué la reducción de la deuda externa no implica necesariamente un menor nivel de endeudamiento. En buena parte, el Gobierno está cambiando la fuente de financiación más que reduciendo sus obligaciones.
Las cifras del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) muestran esa tendencia. Según su más reciente seguimiento fiscal, la deuda bruta del Gobierno Nacional Central cerró abril en 62,9 % del PIB, de la cual 46,1 puntos porcentuales correspondieron a deuda interna.
El propio CARF proyecta que la deuda neta alcance alrededor de 61 % del PIB durante 2026, un nivel que considera el más alto registrado por el país y que calificó como un escenario “claramente insostenible” si no se realizan ajustes fiscales.
Mientras tanto, la composición de la deuda externa sigue concentrada en el sector público. De los USD 247.668 millones registrados en abril, USD 150.818 millones correspondían a obligaciones públicas, equivalentes al 60,9 % del total. Los restantes USD 96.850 millones pertenecían al sector privado.
También continúa predominando el financiamiento de largo plazo. Más de ocho de cada 10 pesos de toda la deuda externa vencen en horizontes superiores a un año, mientras que apenas poco más de uno de cada 10 corresponde a obligaciones de corto plazo, una estructura que reduce el riesgo de refinanciación inmediata, aunque mantiene elevados compromisos financieros hacia el futuro.
De modo que se juntan dos noticias: la primera es que la deuda externa perdió peso frente al tamaño de la economía y dentro de la estrategia de financiamiento del Gobierno; y la segunda es que esa menor dependencia del crédito internacional ha venido acompañada por un uso mucho más intensivo del mercado local mediante TES, un endeudamiento que simplemente cambió de lugar.
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