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La discusión por el Presupuesto General de 2027 pinta como uno de los primeros puntos de tensión en materia económica para el gobierno entrante del presidente Abelardo de la Espriella.
El documento, radicado por la saliente administración de Gustavo Petro, tiene un monto de COP 575,6 billones. Pero para financiar los gastos se necesitan ingresos adicionales por COP 30,2 billones.
La administración saliente de Gustavo Petro se ha rehusado a presentar presupuestos ajustados a las realidades fiscales, pero le ha dado prioridad al gasto social, mientras que la entrante de Abelardo de la Espriella promete ortodoxia fiscal y un desmonte del alcance del Estado.
Aunque ambas visiones de país colisionan en sus puntos más esenciales, en la mitad del juego político hay realidades más allá de los discursos: el déficit fiscal podría cerrar el año en 7,4 % del PIB, de acuerdo con las cuentas del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), Hacienda estima que cerraría en 5,3 %. La deuda, según el CARF, llegaría a 61 % del PIB en 2026, el registro más alto en la historia (los cálculos del Gobierno indican que quedaría en 58,9 %).
Estos datos ponen sobre la mesa una conversación alrededor de cómo se manejan los ingresos del país, claramente, pero también cómo se acotan los gastos. Y, de cierta forma, ambos elementos comienzan a manifestarse en las cuentas del Presupuesto General de la Nación para 2027. A este tema hay que sumarle un elemento que no es menor: las tensiones que habrá en el Legislativo por las visiones de país y de Estado, que terminarán por moldear el resultado final del Presupuesto.
Uno de los rubros que más creció en el Presupuesto de 2027 fue el servicio de la deuda, que subirá 17,5 %, llegando a COP 118 billones. Y aquí la conversación comienza a tornarse un poco más difícil.
La discusión sobre la deuda de Colombia
El respiro que el Gobierno le dio a las finanzas públicas el año pasado tiene un costo que empezará a sentirse después de 2028. Así lo advierte un análisis publicado este martes por el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, que revisó las proyecciones del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) de los últimos cinco años.
En 2025, el pago de intereses de la deuda pública se redujo, en buena parte gracias a las llamadas operaciones de manejo de deuda (OMD): mecanismos con los que el Gobierno recompra o canjea títulos para modificar plazos y tasas sin aumentar el monto total de lo que debe. El Observatorio las compara con lo que hace un hogar cuando refinancia una deuda: la cuota baja hoy, pero el costo total en intereses puede terminar siendo mayor.
Eso es justamente lo que muestran las cifras. Antes de la pandemia, entre 2018 y 2019, el pago de intereses representaba entre 2,8 % y 2,9 % del PIB. La emergencia sanitaria disparó el endeudamiento y ese costo llegó a un máximo de 4,3 % del PIB en 2022. Tras la mejora puntual de 2025, el MFMP más reciente proyecta que los intereses volverán a subir de forma gradual hasta cerca de 4,2 % del PIB hacia 2032-2034 —un nivel prácticamente idéntico al peor momento de la pandemia.
El Observatorio también encontró que el propio Gobierno ha venido revisando sus proyecciones al alza año tras año. Para el pago de intereses en 2033, el MFMP de 2023 estimaba 3,2 % del PIB; el de 2024 subió esa cifra a 3,6 %; el de 2025 la llevó a 3,9 %, y el más reciente ya proyecta 4,2 %. Comparado con el marco fiscal de hace apenas un año, el aumento promedio para los años posteriores a 2028 es de 0,3 puntos del PIB, una cifra equivalente al presupuesto anual completo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) para 2026, cerca de $6,8 billones.
El dato que resume la advertencia del Observatorio es este: si el pago de intereses efectivamente llega a 4,2 % del PIB, esa cifra (COP84,8 billones) sería prácticamente igual al total del presupuesto de inversión del Presupuesto General de la Nación para 2026, calculado en COP 84,4 billones. En otras palabras, el país pagaría en intereses casi lo mismo que invierte en total.
El análisis advierte que ese mayor peso de los intereses en el presupuesto irá reduciendo el margen de maniobra fiscal del país frente a cualquier imprevisto futuro. El alivio de 2025, concluye el Observatorio, no fue gratuito: simplemente trasladó el costo hacia la próxima década.
Ese es el terreno sobre el que arrancará la discusión del Presupuesto 2027 en el Congreso: un déficit que unos y otros miden distinto, una deuda que crece más rápido de lo previsto y un gasto en intereses que, año tras año, termina siendo mayor al que el propio Gobierno proyectó doce meses atrás. La pelea por los números, en el fondo, es apenas el primer capítulo de la pelea por qué tipo de Estado puede pagar Colombia.
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