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La guerra en Medio Oriente disparó los precios de la energía y los gobiernos respondieron rápido. Puede que demasiado rápido, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Desde el inicio del conflicto, cerca de 170 países han introducido casi 900 medidas para frenar el impacto del alza en los energéticos en hogares y empresas: subsidios a productores y distribuidores de energía, recortes a impuestos sobre combustibles y controles de precios, entre otras.
El FMI las analizó y advierte que muchas de esas respuestas son costosas, poco focalizadas y difíciles de desmontar, incluso si el conflicto llega a su fin.
Medidas de contención
Por lo general, las medidas fiscales dominan la respuesta global a la guerra. En las economías avanzadas, casi la mitad de las intervenciones han sido subsidios a productores y distribuidores de energía, y otro tercio son recortes a impuestos sobre combustibles.
Europa, en particular, ha apostado fuerte por medidas fiscales y de control de precios para proteger a los hogares.
Las economías emergentes muestran un panorama más variado. Además de las medidas fiscales, que representan cerca de la mitad de las políticas registradas, muchos países han recurrido a topes de precios o ajustes en fórmulas de tarifas.
En Medio Oriente y Asia Central, las herramientas monetarias y financieras juegan un papel más importante, junto con una expansión fiscal en los países exportadores de petróleo. África depende más de medidas sobre precios y oferta, mientras que partes de Asia han optado por gestión de la demanda, incluyendo conservación de inventarios y racionamiento de estos.
Un grupo menor de países ha tomado una ruta más sostenible pero políticamente difícil: permitir que los precios suban, reducir subsidios o suspender mecanismos de estabilización de precios.
Esas decisiones preservan las señales del mercado y contienen el gasto público, pero exigen redes de protección social sólidas para no dejar desprotegidos a los hogares más vulnerables.
El que puede gasta; el que no, raciona
El patrón que emerge del análisis del FMI muestra que el nivel de deuda de cada país influye tanto como su nivel de ingreso.
Los países con mayor deuda y menos espacio fiscal, principalmente economías emergentes, han tendido a recurrir más a controles de precios y supresión de la demanda para aguantar los impactos de la guerra. En estos escenarios han sido comunes los racionamientos de combustible, y hasta el trabajo remoto obligatorio y restricciones de viaje.
Las economías avanzadas, en cambio, han podido absorber más el golpe inflacionario de los combustibles vía gasto público. Pero eso no las deja libres de riesgo, pues el FMI advierte que la composición de las respuestas de hoy se parece mucho a la que se vio durante el choque energético de 2022, con una diferencia clave: entonces había más margen. Ahora, el servicio de deuda es más alto en muchos países.
Los riesgos que advierte el FMI
Uno de los problemas centrales que identifica el organismo es que una parte importante de las medidas (que suelen presentarse por los gobiernos como temporales) no tienen fecha de vencimiento clara ni estimaciones de costo. Sin esos límites, lo provisional tiende a volverse permanente.
Los subsidios amplios y los recortes de impuestos son costosos, especialmente cuando se prolongan más allá de la fase inicial del choque; por su parte, los topes de precios en países importadores de petróleo pueden volverse imposibles de financiar si los precios globales siguen subiendo.
Otro riesgo es que cuando los gobiernos comprimen márgenes en empresas energéticas estatales vía controles de precios, las pérdidas no desaparecen. Se acumulan y eventualmente reaparecen como pasivos en las cuentas públicas.
El FMI también advierte sobre un efecto colectivo: si muchos países frenan simultáneamente el traslado de precios a consumidores, la demanda global no cae lo suficiente, los mercados se tensan y los precios internacionales pueden subir aún más.
A final, cada peso que se gasta hoy en subsidios amplios, a combustibles, por ejemplo, es un peso menos disponible para responder a futuras eventualidades, sea una escalada del conflicto, nuevas disrupciones energéticas u otros choques.
Proteger personas, no precios
El organismo reconoce que contener los precios de la energía es una respuesta comprensible ante un choque de esta magnitud. Pero si se sostiene en el tiempo, los costos fiscales escalan y señales de precio distorsionadas desincentivan el ahorro energético y la transición hacia otras fuentes.
La alternativa que propone el Fondo es menos popular políticamente: dejar que los precios se ajusten y concentrar el gasto público en proteger a las personas más vulnerables, no en contener los precios para todos por igual. Algunos países ya van en esa dirección. Otros harían bien en seguirlos.
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