Después de unas tres semanas de reuniones y debates, las Comisiones Económicas del Congreso le dieron el visto bueno al monto del Presupuesto General para 2027 que presentó la administración del presidente Abelardo de la Espriella.
El Gobierno radicó el 27 de agosto un proyecto de Presupuesto por COP 634,9 billones, después de que la administración Petro dejara un documento por COP 575,6 billones.
En otras palabras, la propuesta de De la Espriella contempla recursos extra por casi COP 60 billones. Frente al monto del Presupuesto de 2026 (COP 555,8 billones), el nuevo plan del Gobierno presenta un incremento de 14,2 %.
Según el Ministerio de Hacienda, el aumento en el monto se debe a que la primera versión estaba “mal hecha” y no incluía plata que sí o sí se necesita. El principal faltante estaba, según la cartera, en el servicio de la deuda, con COP 37,4 billones.
Además del servicio a la deuda, el Minhacienda ha asegurado que al Presupuesto le faltaba incorporar recursos para estos rubros:
- COP 6,5 billones para el pago de pensiones
- COP 2 billones para el sistema de salud
- COP 4,5 billones para salarios de funcionarios públicos
- COP 0,7 billones para universidades públicas
- COP 9,6 billones para el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles
Durante el debate en las Comisiones se discutió una proposición del Pacto Histórico para establecer un monto diferente al del Gobierno (COP 596,6 billones), la cual fue negada por mayoría en las cuatro unidades legislativas.
Durante la exposición de esta proposición, el representante Marco Hincapié, del Pacto Histórico, recalcó que «debemos ser consecuentes con el argumento de la austeridad, pero estamos discutiendo un Presupuesto que crece 10 %, COP 60 billones basado en deuda. Este Gobierno promete reducir el gasto, pero en la realidad no lo hace».
Posterior a esto se votó el monto del Gobierno, el cual fue aprobado por las cuatro Comisiones, así:
Cuarta de Cámara: 22 votos a favor, 6 por el no.
Cuarta de Senado: 11 votos a favor, 4 por el no.
Tercera Senado: 9 votos a favor, 3 por el no.
Tercera Cámara: 22 votos a favor, 5 por el no.
“Les quiero agradecer este voto de confianza en el gobierno nacional. Todos podemos estar de acuerdo en que este Presupuesto no es óptimo, no es el que hubiésemos querido para iniciar el mandato, pero es el que nos podemos permitir dadas las condiciones de la economía nacional”, dijo Miguel Gómez, ministro de Hacienda, al final de la votación.
El problema de la financiación del Presupuesto
La gran pregunta en este momento es de dónde saldrán los recursos para financiar el Presupuesto, ya que el Gobierno ha insistido en que no va a presentar una reforma tributaria (al menos no para sumarle recursos directamente a la iniciativa).
La respuesta rápida es: más deuda. Y esta es una de las preocupaciones que hay en el Congreso. Si bien los legisladores le dieron el visto bueno al monto, lo hicieron advirtiendo que el crecimiento de la deuda es algo preocupante. “Esperamos que el Gobierno se ajuste el cinturón”, aseguró Alex Bermúdez, presidente de la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes.
Luis Fernando Mejía, exdirector de Fedesarrollo y CEO de Lumen Economic Intelligence, explicó que al incluir amortizaciones de deuda y otras operaciones de caja, las necesidades totales de financiamiento llegarían a unos COP 266,3 billones.
Como señaló Sebastián Correa, experto en derecho tributario y socio de Serrano Martínez CMA, se estima que para financiar el presupuesto se acudiría a deuda interna (COP 150,9 billones mediante subastas y colocaciones de Títulos de Tesorería), deuda externa (COP 87,7 billones con multilaterales y mercados internacionales) y utilidades de empresas del Estado como Ecopetrol (COP 20,7 billones).
Las promesas de ajuste fiscal del Gobierno
A la par de la presentación del Presupuesto, el Gobierno ha recalcado que irá haciendo el ajuste fiscal (sin impuestos nuevos) mediante dos recortes de gasto, si se quiere.
El primero vendría este año, de acuerdo con el ministro Gómez, y sería por casi COP 22 billones. Esto permitiría que el déficit fiscal cierre el año en 7,2 % (si no se efectúa esta operación llegaría a 8,2 %).
En paralelo, el Gobierno dijo que hacia finales de este mes se presentaría una ley fiscal ante el Congreso (también llamada de rescate económico), que estará enfocada en reducir el gasto, no en nuevos ingresos tributarios. Por ese camino se buscaría reducir unos COP 45 billones de forma estructural en el Estado, algo que equivale a cerca de 2,2 % del PIB, y cuyo efecto se notaría en las cuentas nacionales hasta 2027.
Con esta medida se espera que el déficit se mantenga en 7,2 % el próximo año y que no crezca hacia el 9,4 % proyectado inicialmente. La idea es que, como se trataría de un recorte estructural, no pasajero, el proyecto permitiría que la deuda neta se estabilice en 64,8 % del PIB para 20230.
“La estabilidad macroeconómica sólo estará garantizada si el proceso de ajuste fiscal continúa y se profundiza durante varios años. En estas circunstancias será útil que el Gobierno elabore un nuevo Marco Fiscal de Mediano Plazo o un documento equivalente que haga explícitas las bases cuantitativas y las metas del mencionado proceso de ajuste”, aseguró Leonardo Villar, gerente del Banco de la República.
¿Qué sigue en el debate del Presupuesto?
Las comisiones económicas tienen hasta el 25 de septiembre para votar el articulado del Presupuesto. Una vez termine esta etapa, el proyecto pasaría a las plenarias de Senado y Cámara.
El Congreso tiene hasta el 20 de octubre para aprobar por completo el proyecto. Si el Legislativo no lo aprueba, el Gobierno lo decretará tal como fue radicado, un escenario que ya se dio en la administración Petro.
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