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La Comisión Europea impuso una multa conjunta de $458 millones de euros a varios fabricantes de automóviles —entre ellos Volkswagen, Renault, Stellantis, Toyota y BMW— por haber participado durante más de 15 años en un acuerdo ilegal relacionado con el reciclaje de vehículos al final de su vida útil.
Según la investigación, las compañías conspiraron para no pagar a desmanteladores de autos por procesar los vehículos chatarra y también acordaron no competir entre sí al promocionar qué porcentaje de sus autos podía reciclarse.
Además, optaron por guardar silencio sobre el uso de materiales reciclados en sus nuevos vehículos, suprimiendo así la información ambiental relevante para los consumidores.
¿De cuánto es la multa?
- Volkswagen AG: $128 millones de euros
- Renault SA y Nissan: $81 millones de euros
- Stellantis NV: $75 millones de euros
- BMW AG: $25 millones de euros
- Toyota Motor Corp.: $24 millones de euros
Mercedes-Benz Group AG evitó la multa al ser la empresa que denunció el cártel, lo que le otorgó inmunidad en la investigación.
En paralelo, la Autoridad de Competencia y Mercados (CMA) del Reino Unido impuso sanciones por más de $77 millones de libras esterlinas (unos US$100 millones) a fabricantes como Ford Motor Co. ($18,5 millones de libras) y Volkswagen ($14,8 millones de libras).
Las autoridades británicas señalaron que las empresas firmaron un “acuerdo de caballeros” conocido como “ELV Charta”, que evitaba que se compitiera en temas relacionados con reciclaje y pagos a terceros por ese proceso.
La respuesta de los involucrados
Las empresas implicadas, por su parte, han respondido a la sanción. Renault dijo que los hechos se remontan a 2002, cuando el sistema de reciclaje aún se estaba estructurando, y aseguró que ha reforzado sus programas de cumplimiento. Stellantis y BMW señalaron que cooperaron con las autoridades y que las multas ya estaban provisionadas en sus balances financieros.
La jefa de competencia de la UE, Teresa Ribera, fue enfática al advertir que no tolerarán cárteles de ningún tipo, y menos aquellos que afectan la transparencia con los consumidores sobre la sostenibilidad de los productos.
Este golpe regulatorio llega en un momento complejo para la industria automotriz, que también enfrenta nuevos aranceles del 25 % a las importaciones en Estados Unidos, impulsados por el presidente Donald Trump.
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