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Tras no lograrse una concertación, el Gobierno de Gustavo Petro determinó que el incremento del salario mínimo para 2025 será del 9,5 %, quedando en $1.423.500, así como un subsidio de transporte de $200.000 (subió 23,45 %), para un total de $1.623.500.
Las centrales obreras que hacen parte del Comando Nacional Unitario (CTC, CUT y CGT) celebraron la decisión del Gobierno, pues la misma se apega bastante a la solicitud del 12 % que realizaron (teniendo en cuenta el incremento del subsidio de transporte, el incremento real del salario mínimo fue del 11 %).
Sin embargo, una facción de la CGT (la que preside Jorge Iván Diez Vélez) considera que el incremento fue excesivo y que sus consecuencias, en el mediano y largo plazo, pueden ser contraproducentes para la economía del país.
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Esta CGT le solicitó al Gobierno evaluar el impacto que se tendrá en materia de inflación y empleo, pues se cree que el incremento del mínimo elevará el costo de vida de los trabajadores, lo que se traduciría en una disminución en su capacidad de compra.
Lo anterior tiene varias explicaciones. Por un lado está la dinámica propia de la relación entre la oferta y la demanda. Cuando la demanda sube muy rápido sobre la oferta, hay inflación. Es decir, si los trabajadores comienzan a gastar más, y el sector productivo no puede responder a esa nueva demanda, lo que hacen es elevar los precios.
Por otro lado están los costos de contratación, los cuales muchas empresas (ahora que el salario mínimo está más alto) no pueden asumir y deben subirle el precio a sus productos y servicios para poder encontrar un equilibrio que les permita pagar su nómina.
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A esta CGT también le preocupa el empleo formal, pues consideran que el grueso de las empresas (que en Colombia son las micro, pequeñas y medianas, las cuales representan más del 90 % del tejido empresarial) no podría asumir estos costos y se verían tentadas a despedir personas o migrar a la informalidad.
“Teniendo en cuenta lo anterior y la, posible, afectación a la generación de empleo formal e incluso al impacto a los empleos ya generados, invitamos al Gobierno a tomar medidas tributarias, arancelarias e inclusive, subsidiarias en favor de las MiPyMEs que sostienen hoy más del 80% del empleo formal. Nuestra invitación es a ser precavidos en las políticas gubernamentales que al final puedan afectar negativamente la reactivación económica”, concluyó.
La otra mirada
En estos momentos es complejo saber qué puede pasar con este nuevo salario mínimo, pues aunque reparos como estos han existido siempre, en el marco de esta conversación, lo cierto es que en los últimos años las alzas han sido considerables en comparación con la inflación, y el mercado laboral pareciera que no ha mostrado un deterioro, al igual que la carestía, que continúa desacelerando.
La postura del Gobierno, y de las centrales obreras, es que un aumento significativo tiene un potencial positivo para la economía, pues el hecho de que los trabajadores tenga una mayor capacidad de gasto se traduce en más ventas para las empresas.
Bajo esta teoría, los empleados ganan, las empresas ganan y la economía del país crece.
Cada quien tiene argumentos y formas de realizar cálculos para defender sus posturas. Sin lugar a dudas, 2025 será un año de pruebas para determinar cuál de estas tuvo al final la razón.
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