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El Gobierno de Gustavo Petro publicó el decreto mediante el cual se realizan los ajustes al Presupuesto General de la Nación (PGN), luego de que a finales del año pasado se hundiera en el Congreso la ley de financiamiento (reforma tributaria), con la que se buscaban recursos por $12 billones, entre modificaciones de impuestos (unos $6 billones) y un cupo extra de deuda por modificaciones a la regla fiscal (otros $6 billones).
Para el Gobierno era importante la aprobación de esta ley, pues ante el bajo recaudo que se experimentó en 2024, y el que se espera para 2025, el presupuesto está desfinanciado. Los recursos se necesitaban para reforzar el rubro de inversión, principalmente. La iniciativa se hundió sin superar siquiera su primer debate, a pesar de contar con ponencia positiva en las comisiones económicas conjuntas.
Vale recordar que el presupuesto de 2025 tampoco logró ser aprobado en el Congreso, en buena parte por la oposición a la ley de financiamiento. Así las cosas, el Gobierno debió decretarlo en la misma forma en la que se lo presentó al Legislativo (incluyendo los $12 billones que se obtendrían con la tributaria), es decir, con recursos por $523 billones: $327,9 billones para funcionamiento, $112 para deuda y $82,4 para inversión.
Los reparos que terminaron en el fracaso de la ley de financiamiento obedecieron, principalmente, a la baja ejecución que ha tenido la administración Petro, sumado a las promesas de recaudo que no se cumplieron para este año.
Con el decreto que se conoció este martes, el Gobierno recortó al presupuesto, teniendo presente que no podrá contar con los $12 billones que estaba buscando vía reforma tributaria.
Este es el recorte del Presupuesto de 2025
El recorte se efectúa en 45 entidades de todo tipo, desde Ministerios (el que más asume es el mismo Minhacienda) hasta unidades administrativas, pasando por el Congreso, entre otros entes del Estado.
Así mismo, el aplazamiento se efectúa en uno de dos órdenes (o en unos pocos casos, en ambos): recursos de funcionamiento o de inversión.
De hecho, tan sólo en seis casos hay aplazamiento de gastos de inversión, la vasta mayoría se realiza en términos de funcionamiento.
Esto va en línea con lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro que, dada la caída de la ley de financiamiento, el ajuste del cinturón no tocará programas de gobierno, sino el tamaño y alcance del Estado, de cierta forma.
Las entidades en donde sí se toca la inversión son el Departamento Nacional de Planeación ($92.000 millones, aproximadamente), el Invías ($222.000 millones, en promedio), la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI ($1,2 billones), el Ministerio de Defensa (cerca de medio billón de pesos) y el Ministerio de Hacienda ($2 billones).
Si se mira por totales, el renglón en donde más hay aplazamiento de gasto es en el Ministerio de Hacienda, que suma más de $3,5 billones. Le siguen muy de cerca Trabajo, con unos $2,8 billones, y la ANI, que está un poco más al Norte de $1,7 billones.
Por ejemplo, en el aplazamiento de inversión en Hacienda hay proyectos importantes, como la primera línea del Metro de Bogotá, a la que se le aplicó un aplazamiento de unos $770.000 millones, aproximadamente. También se aplazarán recursos por más de $328.000 millones para la troncal de Transmilenio de la calle 13.
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