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Noventa billones de pesos. Solo en intereses.
Esa es la cifra que aparece en el anteproyecto del Presupuesto General de la Nación para 2027. Un monto que queda apenas por debajo de todo el gasto en educación y por encima del de salud. “El pago de intereses sería el más alto de la historia reciente (…) solo comparable con los años de la pandemia”, advierte el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana.
El número viene pegado a una estructura fiscal que lleva años desbalanceada. En 2025, el Gobierno recaudó el equivalente al 16,3 % del PIB, pero gastó 22,7 %. La diferencia, un déficit primario de -3,5 %, se cubre con más deuda. Y esa deuda, en un entorno de tasas altas, empieza a pasar factura.
El anteproyecto del PGN 2027 suma COP 601,6 billones. Es más grande que el de 2026, y está estirado, principalmente, por el servicio de la deuda. Ese rubro crecería 40,2 % en términos reales, unos COP 43 billones adicionales. Mientras tanto, el gasto de funcionamiento caería 3,3 % y la inversión 12 %.
El presupuesto crece, pero el margen se reduce.
“El aumento del gasto no refleja una expansión de la política fiscal, sino una presión derivada del mayor costo del endeudamiento”, señala el análisis. Eso quiere decir que el Estado está gastando más, pero no porque tenga más espacio, sino porque le cuesta más deber, conseguir la plata adicional.
La composición también cambió. Para 2027, el 24,9 % del presupuesto sería para deuda. En 2026 era 18,4 %. En 2019, 20 %. La inversión, en cambio, sigue cediendo terreno: pasa de niveles cercanos al 16 % o 18 % en años previos a 13,8 %.
Es el componente más fácil de recortar. Y el primero en caer.
El problema se vuelve más claro cuando se mira por dentro. De los COP 124,5 billones destinados al servicio de la deuda, cerca de 90 billones son intereses. No capital. No reducción de la deuda. Es, en cambio, una bola de nieve de intereses que se multiplica con cada nueva emisión.
“Esto implica que una proporción cada vez mayor del presupuesto se destina a cubrir el costo del financiamiento, más que a reducir el saldo de la deuda”, señala el Observatorio.
Educación tendría COP 91,6 billones. Salud, 81,3 billones. Los intereses quedan en medio, rozando uno y superando al otro.
Y ese rubro, por supuesto, no construye carreteras o financia colegios. Es el precio de decisiones acumuladas y decisiones externas menos amables que enfrentará cada gobierno, uno tras otro, hasta que le ponga freno a la bola.
El peso de la deuda sobre el PIB también sube. Pasaría de 3,4 % en 2026 a 4,2 % en 2027. Niveles que no se veían desde la pandemia. Un momento excepcional, ahora replicado sin el mismo tipo de choque.
“El resultado es una estructura de gasto cada vez más concentrada en componentes rígidos”, advierte el informe. Funcionamiento, deuda, compromisos legales. Todo eso se mueve poco. Lo que queda flexible es la inversión. Y ahí es donde cae el ajuste.
“El resultado es una estructura de gasto cada vez más concentrada en componentes rígidos”, advierte el informe. Funcionamiento, deuda, compromisos legales. Todo eso se mueve poco. Lo que queda flexible es la inversión. Y ahí es donde cae el ajuste, en la única parte que genera crecimiento futuro, que impide un presente rígido y que diluye la promesa de la productividad y el bienestar.
“Que una proporción tan alta del servicio de la deuda se destine al pago de intereses, y no a amortizar capital, es una señal de alerta sobre la fragilidad de las finanzas públicas”, insiste el Observatorio.
Y cada vez más, porque ya debe demasiado.
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