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El recaudo tributario en Colombia cerró el 2024 con cifras que revelan un panorama complejo para las finanzas públicas. Según la DIAN, el país recaudó $267,2 billones, 4,3 % menos que en 2023, cuando la cifra había alcanzado $279,38 billones.
La reducción no solo evidencia dificultades estructurales en la captación de ingresos, sino también los retos asociados con la evasión fiscal y un sistema tributario en constante debate. Esta caída en el recaudo había sido anticipada desde finales del tercer trimestre por diversos analistas económicos, quienes advirtieron sobre la desaceleración de algunos sectores clave y los problemas de cumplimiento tributario.
La mayor fuente de ingresos, la retención en la fuente, aportó $97,4 billones, equivalentes a 36,5 % del total. Los impuestos a las ventas generaron $57,5 billones (21,5 %), mientras que las aduanas sumaron $41,1 billones (15,4 %).
Los ingresos restantes provinieron de tributos adicionales, que alcanzaron $71,07 billones.
¿Cómo se distribuyó el recaudo?
Los ingresos tributarios permitieron financiar diferentes sectores del presupuesto nacional:
- Deuda pública: $49,1 billones.
- Educación: $37,45 billones.
- Salud: $32,69 billones.
- Defensa y policía: $48,49 billones.
Sin embargo, otros sectores recibieron menos recursos, destacándose agricultura ($4,89 billones), la rama judicial ($4,90 billones) y vivienda ($5,19 billones).
Los problemas detrás de la caída en el recaudo
El sistema tributario enfrenta desafíos estructurales de larga data, señalados por diferentes ministros de Hacienda y directores de la DIAN:
- Evasión fiscal: este fenómeno es uno de los mayores obstáculos para las finanzas públicas. La falta de cumplimiento en sectores informales y la debilidad en las penalizaciones para quienes incumplen han mermado significativamente los ingresos del Estado.
- Litigios legales: los procesos estancados y la falta de claridad jurídica generan incertidumbre y frenan la captación de recursos.
- Regalías: la disminución en estos ingresos, especialmente provenientes del sector minero-energético, ha agravado el déficit.
El director saliente de la DIAN, Orlando Villabona, había advertido este resultado desde el año pasado. En una reciente entrevista con el medio La República, apuntó que se sumó el problema de la tributaria, ya que no se logró el gravamen a los juegos de azar.
Un informe del los analistas económicos de Corficolombiana detalló que desde la pandemia, este sector ha crecido 87 % entre el cuarto trimestre de 2019 y el tercer trimestre de 2024, lo que representó un avance siete veces mayor al crecimiento acumulado del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, que fue de 12 % en el mismo periodo.
Los expertos mencionaron que, aunque la percepción general apunta a los conciertos y eventos artísticos como los principales impulsores del entretenimiento, los datos revelan que el verdadero motor del crecimiento han sido los juegos de azar.
Sin embargo, tras los debates de la Ley de Financiamiento, la Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar (Fecoljuegos) criticó que el proyecto busca recaudar $2,1 billones de los recursos que se ponen en apuestas. Para el gremio, esta cifra es inconsistente, pues parte de los ingresos de las plataformas, es decir, dineros a los que se les descuentan costos de operación, impuestos, transferencias al sistema de salud y retornos en premios.
Por su parte, el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, apuntó que “la tecnología ha conducido a que los ciudadanos se trasladen a las apuestas en plataforma. Hoy las apuestas de plataformas no están gravadas y las físicas sí. Nos dicen (las empresas de apuestas virtuales) que se van a quebrar, y sus transacciones subieron de $16 a $32 billones en tres años. Mientras que las apuestas físicas declinan, las apuestas en plataformas aumentan y estos tienen costos de operación menores”.
Ajustes y medidas para afrontar la crisis
El Gobierno de Gustavo Petro publicó un borrador de plan de austeridad con el que espera afrontar el déficit fiscal tras el hundimiento de la tributaria de $12 billones que apoyaría el presupuesto de 2025.
Cabe recordar que, para este año, la cartera del Estado contará con $523 billones. Un presupuesto al que le falta un decreto de recorte, una tarea que sigue pendiente de parte del Gobierno.
Uno de los puntos clave del plan radica en que las entidades públicas “deberán realizar una revisión previa de las razones que justifiquen la contratación de personal para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión”; es decir, ejecutar un plan de reducción de gasto en los contratos de prestación de servicios.
En cuanto a viáticos, se establece que, si los gastos se asumen de manera parcial, se pagará la diferencia. En cambio, si la comisión de servicios no requiere que el servidor público pase la noche en el lugar, la administración puede reconocer un valor menor a la mitad de lo estipulado en los decretos salariales.
En esa línea, el Ministerio de Hacienda también plantea que todas las entidades adelanten “acciones que permitan racionalizar el reconocimiento y pago de horas extras y ajustarlas a las estrictamente necesarias”.
La publicidad estatal, asimismo, sufrirá una parte de los recortes.
El nombramiento de Llinás
Hace siete meses, el nombramiento de Orlando Villabona, quien reemplazó al economista Luis Carlos Reyes (actual ministro de Comercio), marcó una apuesta inicial del gobierno por un perfil técnico.
Sin embargo, su corto mandato reflejó las tensiones internas y las dificultades para cumplir con las expectativas presidenciales en materia tributaria.
A partir del 27 de enero, Cecilia Rico Torres, actual directora de Gestión de Impuestos, asumirá como directora encargada, mientras Luis Eduardo Llinás Chica, actual director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), formaliza su llegada.
El panorama fiscal de Colombia evidencia la necesidad de cambios estructurales profundos. La baja en los ingresos tributarios no solo pone en jaque las metas presupuestarias, sino que también limita las capacidades del Estado para atender las necesidades sociales y de infraestructura.
A pesar de las medidas adoptadas, el país enfrenta retos significativos para asegurar una estabilidad fiscal a largo plazo. Los próximos meses serán determinantes, no solo para implementar los ajustes anunciados, sino también para recuperar la confianza de los contribuyentes y mejorar la eficiencia del sistema tributario.
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