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Diego Guevara, quien hasta hace unas horas se desempeñaba como viceministro general del Ministerio de Hacienda, fue designado por el presidente Gustavo Petro como el nuevo jefe de esta cartera en reemplazo de Ricardo Bonilla, cuya renuncia al Minhacienda se da en medio de acusaciones por su presunta vinculación con la supuesta compra de votos de congresistas a través de contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
El contexto que recibe al nuevo ministro es exigente, por decir lo menos.
Básicamente, la preocupación actual es que las cifras de recaudo no son las mejores y, dan, casi que por sentado, que la caja del Estado estará desfasada entre la meta planteada y la realidad. Esto genera una cascada de problemas.
El primero es cumplir las metas de la regla fiscal, norma que limita el gasto público del Gobierno, mantiene en cintura el endeudamiento y garantiza la sostenibilidad de las finanzas públicas a mediano y largo plazo.
Y es que, por cuenta del bajo recaudo tributario, este año el Gobierno ha efectuado dos recortes presupuestales: el primero, con una congelación del gasto en el orden de $20 billones y, recientemente, otro cercano a los $8 billones.
Los problemas fiscales del Gobierno van de la mano de un recaudo tributario menor al esperado; $17 billones por debajo de la meta esperada por la DIAN (con corte a octubre). En los primeros 10 meses de 2024 llegaron a las arcas del Estado $223, 86 billones vía impuestos, frente a los $240,3 alcanzados en el mismo periodo de 2023.
A lo anterior se suma la proximidad de un año preelectoral que trae consigo mayores tensiones políticas que, de un modo u otro, podrían dificultar la construcción de consensos en el Congreso de la República, donde a la fecha se halla un proyecto de importancia capital para la agenda económica del Gobierno.
Esto es lo urgente, lo pendiente y lo necesario que deberá asumir la nueva cabeza del Ministerio de Hacienda.
La ley de financiamiento-reforma tributaria
Según varios analistas, el Presupuesto General de la Nación (de $523 billones) está desfinanciado y lo estará aun más si no se aprueba la Ley de Financiamiento, una especie de reforma tributaria acotada a financiar el Presupuesto.
Este proyecto deberá surtir su trámite en el Congreso en las próximas semanas y su importancia yace en que le aportaría $12 billones mediante una combinación de nuevos impuestos y otros ajustes a tributos ya existentes (lo que le conseguiría unos $6 billones al Gobierno), así como maniobras con el cupo de deuda (para adelantar el cumplimiento de las metas de la regla fiscal, que aportaría los otros $6 billones, aproximadamente).
Sin embargo, la ley de financiamiento está en “cuidados intensivos”, como la han descrito algunos congresistas. Además de que las modificaciones de impuestos son impopulares, las tensiones políticas han impedido que la iniciativa avance.
En un escenario en que la ley de financiamiento perezca en el Congreso, la nueva cabeza de Hacienda deberá comenzar a quitarle sustancia al Presupuesto de 2025.
La agenda económica
Al asumir la dirección de Hacienda, el designado por el presidente Petro enfrentará la tarea crítica de planificar las finanzas del país para 2025. La planeación incluirá la elaboración del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) y el Plan Financiero del Gobierno, ambos son esenciales para definir el rumbo de la economía colombiana, pues definen las metas de déficit fiscal y deuda pública, los supuestos macroeconómicos sobre el tablero de ingresos a la Nación (como las previsiones de tasa de cambio y precio internacional del petróleo) y, a grandes rasgos, dan luces sobre las prioridades del Gobierno.
Esta siempre es una tarea clave de cara a los mercados internacionales, incluyendo inversionistas y calificadoras de riesgo, pero lo será aún más en medio de las estrechez presupuestal que hay en este momento y que, pareciera, se seguirá sintiendo a lo largo de 2025.
- Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP)
El MFMP es una herramienta que establece las proyecciones macroeconómicas y fiscales para los próximos años, definiendo metas de déficit fiscal, niveles de deuda y estrategias de ingresos y gastos. El ministro de Hacienda deberá revisar y actualizar este marco, considerando factores como el crecimiento económico, la inflación y las necesidades de financiamiento del país. La reciente aprobación de la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), que incrementa los recursos transferidos a las administraciones locales, según varios analistas y exministros de Hacienda, apretando las finanzas públicas a niveles poco sostenibles, también deberá ser incorporada en estas proyecciones.
- Plan Financiero del Gobierno
Este plan detalla las fuentes de financiamiento y las necesidades de recursos para el año fiscal, alineándose con las proyecciones del MFMP. La cabeza de Hacienda deberá identificar fuentes de ingresos, como emisiones de deuda interna y externa, y establecer prioridades de gasto que equilibren la inversión social con la disciplina fiscal. La reciente reducción del presupuesto debido a menores ingresos tributarios subraya la importancia de una planificación prudente por parte del Minhacienda.
- La regla fiscal
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) advirtió el mes pasado que “percibe que han aumentado los riesgos de incumplimiento de la regla fiscal en 2024″ y que el plan financiero de 2025 deberá ser más realista para garantizar el cumplimiento de la regla fiscal y mejorar la posición de caja. Hacia adelante, el país requiere identificar y tomar medidas estructurales que permitan consolidar un ajuste fiscal sostenido”.
Como explicó Marc Hofstetter, profesor de la Universidad de los Andes y exmiembro del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, no cumplir con esta medida que nos impusimos para mantener cierta disciplina en el frente fiscal (la regla fiscal) tiene costos en cómo nos ven los mercados: “Dada la situación fiscal, pues vamos a seguir pidiendo financiación. Eso lo pagamos con más impuestos, que se van para pagar más tasas de interés a futuro. Eso no le conviene a nadie”.
- La reforma al Sistema General de Participaciones (SGP)
Tras la aprobación de este proyecto en el Congreso, varios expertos han advertido que esta iniciativa tendrá importantes consecuencias fiscales. Si bien el aumento arrancará en 2027 (y terminará de ajustarse en 12 años, cuando llegue a 39,5 % de los ingresos corrientes de la Nación), el balance de los inversionistas podría generar consecuencias en el corto plazo.
La aplicación de esta reforma al SGP está atada a una ley de competencias, pieza clave para la transformación. El Gobierno tendrá que presentarla al Congreso en un año, un reto que asumirán, principalmente, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y el minhacienda.
El ministro de Hacienda tiene ante sí la tarea de mostrarle al Congreso (y al país de paso) que es posible construir un camino hacia la sostenibilidad fiscal sin comprometer los programas sociales ni las inversiones estratégicas en un entorno que demanda al Gobierno “apretarse el cinturón” en materia financiera y en el que las tensiones políticas lastrarán las iniciativas en el legislativo.
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