El camino del Presupuesto General de la Nación 2027 fue atropellado en muchos niveles. Este miércoles, José Manuel Restrepo, vicepresidente de la República, informó que el Gobierno decretará el documento que salió del primer debate en las comisiones económicas. La decisión se tomó por un vicio de trámite en el segundo debate en las plenarias. La principal consecuencia es que se perdieron las casi 20 horas de discusión hasta la madrugada y, especialmente, los cambios que se habían acordado.
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A las 11:00 de la noche del lunes el Senado le dio el visto bueno al presupuesto. La Cámara terminó la aprobación casi a las 4:00 de la mañana del martes. Al parecer, legisladores y el Gobierno estaban convencidos de que ambas corporaciones habían aprobado los mismos textos al pie de la letra. Bajo esa premisa, no era necesario conciliar.
Pero en la noche del martes, se hizo evidente el error: en el Senado se aprobó el texto del presupuesto sin ajustes al artículo 65, que trata sobre coberturas financieras para reducir impactos fiscales por variación en el precio del petróleo, los combustibles y el dólar. El senador Juan Fernando Caicedo, autor de la proposición, explicó a medios de comunicación, incluyendo a El Espectador, que como la plenaria ya había aprobado ese artículo, para aprobar su proposición, que agregaba dos parágrafos, era necesario reabrir la discusión y volverlo a votar. Para evitar que se dilatara el debate, Caicedo decidió retirarla.
Sin embargo, en el texto que se envió para el debate y la aprobación en la Cámara de Representantes sí se incluyó la proposición de Caicedo. En la votación de la madrugada del 20 de octubre, pasadas las 3:00 de la mañana, el pleno de la corporación le dijo “sí” al presupuesto sin percatarse de que había una diferencia que cambiaría el rumbo de las cuentas de 2027.
El país despertó el miércoles en incertidumbre. En redes sociales y medios de comunicación los congresistas y expertos manejaban, en general, dos posiciones. Para unos, era evidente que por el error de trámite y la falta de conciliación dentro de los tiempos establecidos era necesario que el Gobierno decretara el presupuesto que salió de las comisiones económicas. Para otros, los problemas con el artículo 65 no viciaban la totalidad del texto, por eso era posible que, excluyendo los cambios en ese artículo, se salvaran los resultados del segundo debate, aunque en el futuro se presentaran demandas. Unos y otros citaban jurisprudencia.
Pasadas las 10:00 de la mañana, Presidencia publicó un video de poco más de tres minutos en el que aparecen el vicepresidente y Miguel Gómez, ministro de Hacienda. “No ha sido ni hundido ni tumbado por nadie”, dijo Restrepo. A continuación explicó que ante el error de trámite, siguiendo lo establecido en el Estatuto Orgánico del Presupuesto, el Gobierno decretará el proyecto presentado con las modificaciones aprobadas y discutidas por el Congreso en primer debate.
El vicepresidente defendió que el presupuesto 2027 es de “la verdad”, a diferencia del radicado por la administración anterior, que presentó una primera versión a finales de julio. Aunque Gómez prometió un presupuesto más austero, la propuesta del Gobierno De la Espriella superó en casi COP 60 billones la que había dejado Gustavo Petro. Sin embargo, el Ejecutivo defiende que la diferencia está en que las cuentas de la nueva administración sí incluyen todos los gastos sociales y de funcionamiento del Estado.
Con vehemencia, Restrepo mandó un “mensaje de tranquilidad” a los inversionistas, tenedores de bonos y a la comunidad financiera internacional porque, aseguró, el documento “recoge el esfuerzo fiscal que necesita el país” y el siguiente paso es la radicación de la ley de rescate económico, con la que el Ejecutivo promete ordenar las finanzas públicas. El ministro Gómez no dijo nada. Tampoco hubo una rueda de prensa.
Puede que para muchos suene lejano el error de trámite y los cambios en el presupuesto, pero lo que ocurrió esta semana tiene efectos prácticos. Las plenarias de Cámara y Senado decidieron bajarle recursos, más de COP 11 billones, al servicio de la deuda para darle más plata a algunos sectores porque consideraron fundamental hacerlo. Esos ajustes se borran de un plumazo (vea en el gráfico, basado en datos de Hacienda, cómo cambia la distribución del presupuesto).
El error en el artículo 65 implica que ya no habrá recursos extra para el sector salud (se habían sumado COP 3 billones), para pensiones (COP 6,5 billones), para subsidios de energía y gas (COP 3 billones) ni para el funcionamiento de las universidades públicas (COP 700.000 millones), entre muchos otros ajustes.
Varios congresistas han cuestionado que se perdieran los acuerdos que había logrado el Legislativo con el Gobierno. “Icetex perderá los COP 100.000 millones que propusimos y logramos aprobar. Los perjudicados serían miles de estudiantes que dependen de esos recursos. ¿Quién responde por ellos?”, dijo el representante Mauricio Toro (Alianza Verde). La senadora Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso) agregó que con la decisión también “se pierden” COP 7.000 millones para los programas que administra Prosperidad Social (como Colombia Mayor) y COP 26.500 millones para el programa de esterilización de perros y gatos. Así como se borra lo que habían “ganado” algunos sectores, también hay una pequeña victoria para la JEP: ya no se aplicará ese recorte adicional de COP 11.400 millones que se habían trasladado al Mindefensa (aunque permanece el ajuste inicial de COP 170.000 millones).
Pedraza también advirtió que queda por fuera el artículo que obligaba al Ministerio de Hacienda a informar cada trimestre sobre los saldos y la ejecución de los recursos de fondos especiales, contribuciones parafiscales, establecimientos públicos con recursos propios, fondos cuenta, patrimonios autónomos, fiducias públicas y otros mecanismos que administren recursos públicos y hayan recibido giros del presupuesto nacional. En estas mismas páginas, en la edición del miércoles, Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Javeriana, destacó que ese era un avance importante para “empezar a cerrar una brecha de información sobre recursos que hasta ahora han sido difíciles de rastrear una vez salen del presupuesto”.
Para los congresistas que habían advertido que se necesita mayor veeduría sobre los recursos que entran al Fondo Milagro, para la reconstrucción tras el terremoto, ese artículo no era suficiente, pero sí daba algunas garantías. Entre los artículos nuevos que ya no existen había otro que creaba un trazador presupuestal para hacer seguimiento a los recursos destinados a atender emergencias y calamidades asociadas a desastres naturales.
Las plenarias también habían aprobado dos artículos para aumentar la transparencia en la gestión de la deuda pública y uno para liquidar la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte (UPIT) y el Instituto Nacional de Vías Regionales (INVIR), creado en noviembre de 2023.
Sobre la mesa hay muchas preguntas que, hasta ahora, el Gobierno no ha contestado. Las carteras de Salud, Trabajo y Minas y Energía, por poner tres ejemplos, habían advertido que sí o sí necesitaban más plata de la asignada para cumplir compromisos ineludibles. ¿De dónde saldrán los más de COP 6 billones para pensiones? ¿Cómo se conseguirán los recursos para los subsidios de energía y gas? ¿Con qué plata se atenderá la crisis de la salud? No está claro cuál será el plan.
La hora del ajuste
Para Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence y exdirector de Fedesarrollo, no se puede olvidar que este “es uno de los presupuestos más grandes de la historia, así que la preocupación no es tanto sobre los sectores desfinanciados, sino en dónde va a recaer el ajuste”.
En el video publicado el miércoles, Restrepo dijo que “próximamente” se radicará en el Congreso la ley de rescate económico que “busca seguir ordenando las finanzas públicas y garantizar el crecimiento de la economía”. Esa es, sin duda, una pieza vital para el futuro fiscal del país.
Los cálculos del Ministerio de Hacienda indican que el próximo año el déficit fiscal quedaría en 7,2 % del PIB con la ley de rescate económico, que implicaría un recorte de COP 45 billones en el gasto. En un escenario sin ajuste, la cifra sería de un alarmante 9,4 % del PIB.
Camilo Pérez, director de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, dijo a este diario el martes que para los mercados había claridad en que el presupuesto era un escalón para la radicación de la ley de ajuste fiscal. Con el presupuesto listo, el tiempo para dar el segundo paso empieza a correr. “Este es quizá el punto más importante de toda la estrategia fiscal del Gobierno porque es donde veremos el compromiso del Ejecutivo con los ajustes necesarios para que la deuda pública sea sostenible, pero también qué tan cercano está el Congreso a este tipo de propuestas”, aseguró.
Mejía también le dijo a El Espectador que la aprobación del presupuesto ya estaba descontada por los mercados, y era, de hecho, el paso más sencillo. Ahora viene lo “verdaderamente difícil”, recortar al menos dos puntos del PIB del presupuesto del próximo año y dar señales sobre el ajuste que se hará en el cuatrienio.
Para el senador Rafael Nieto no está claro cómo se hará ese recorte. De hecho, sostiene que hasta ahora, ante la negativa del Gobierno a propuestas que su partido, Centro Democrático, ha presentado para lograr el ajuste, no ve “ninguna posibilidad de ver una reducción real del presupuesto”.
La ley de ajuste fiscal, en la que tienen los ojos puestos los mercados y organismos internacionales, es quizá la llave maestra de la credibilidad fiscal en este momento. Su aprobación depende del Congreso. El error de trámite que borró todos los acuerdos que se habían logrado para el presupuesto en segundo debate lesionó, no sabemos qué tan profundamente, la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Ese “tropiezo” puede pasar factura más adelante.
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