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La administración del presidente Donald Trump puso en marcha una serie de recortes en el empleo público y congelaciones de fondos federales que han generado incertidumbre en varias agencias gubernamentales y organismos estatales.
Este martes, en horas de la noche, la Casa Blanca anunció que ofrecerá indemnizaciones a empleados federales que no deseen volver a trabajar de manera presencial. Además, se advirtió que habría recortes adicionales en la fuerza laboral federal.
En paralelo, el Gobierno emitió una orden que congela subsidios y préstamos federales. Un documento aclaratorio de la Oficina de Administración y Presupuesto indicó que los beneficios individuales no serían afectados, pero la falta de detalles ha generado incertidumbre. Pese a que un juez federal bloqueó temporalmente la medida, la posibilidad de que la congelación de fondos siga adelante ha generado preocupación en gobiernos estatales, locales y organizaciones que dependen de estos recursos.
Además de estas medidas, la Casa Blanca ha emitido órdenes ejecutivas para cerrar agencias y modificar regulaciones. Una de las primeras decisiones en esta línea fue la orden de cierre de una oficina del Ejército de EE.UU. dedicada a reducir el impacto de los conflictos armados sobre la población civil. Según documentos internos obtenidos por Bloomberg, esta orden fue emitida el mismo día de la toma de posesión de Trump.
Impacto en el empleo federal
La Oficina de Gestión de Personal ha comenzado a recopilar información sobre empleados en período de prueba dentro de distintas agencias federales. La nueva directora interina de la agencia ha solicitado a cada dependencia gubernamental que envíe listas de trabajadores cuya permanencia en el puesto aún no haya sido asegurada, con el objetivo de evaluar posibles despidos adicionales.
Funcionarios de diversas agencias han reportado que se está revisando la asignación de contratos y la estructura organizativa de varias oficinas, lo que podría derivar en una reducción aún mayor de la plantilla gubernamental en las próximas semanas.
Mientras tanto, tanto el Congreso como los tribunales han comenzado a analizar el alcance de estas acciones y sus implicaciones legales. A nivel estatal y local, gobiernos y organizaciones sin fines de lucro que dependen del financiamiento federal han expresado preocupación por la posibilidad de que la reestructuración afecte la distribución de recursos esenciales para el funcionamiento de programas públicos en todo el país.
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