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Este martes, en el último día de plazo, el Ministerio de Hacienda radicó en el Congreso el Presupuesto General de la Nación para 2026.
El gobierno, nuevamente, depende de una ley de financiamiento (en la práctica una reforma tributaria, pero para financiar el presupuesto) para que cierren las cuentas.
El presupuesto de 2026 sería de $557 billones, pero para financiarlo faltan $26,3 billones que el Gobierno espera recaudar con la ley de financiamiento. La cartera anunció que la iniciativa llegará al Congreso en agosto.
“En el curso del mes de agosto, entre 15 y 20 días sea radicada. En esto consideramos que el país y el Congreso debe tener un altísimo grado de responsabilidad, de coparticipación en las decisiones estratégicas para la economía del país. Es lo que hemos denominado el gran pacto fiscal por el equilibrio económico del país”, dijo Germán Ávila, ministro de Hacienda, durante la radicación del Presupuesto este martes.
Para este año el presupuesto fue de $523 billones, pero quedó desfinanciado cuando se cayó la ley de financiamiento con la que el Gobierno buscaba recaudar $12 billones. A principios de este año el Ministerio de Hacienda hizo un aplazamiento por ese monto (dejando el presupuesto en $511 billones), pero el recorte no se ha materializado de forma oficial.
Ahora bien, de acuerdo con la información del Ministerio de Hacienda con corte a 30 de junio, el aplazamiento presupuestal de $12 billones derivado de la caída de la ley de financiamiento no se ha efectuado. A esta cifra también se le suman recursos derivados de la emergencia económica decretada por la situación en Catatumbo.
Así las cosas, bajo esta perspectiva, el Presupuesto de 2025 cuenta con casi $526 billones. Respecto a este, el de 2026 crecería 5,9 %, de acuerdo con los cálculos del Minhacienda. Y si se le resta el servicio a la deuda, este incremento sería de 10 %.
La diferenciación de los montos de 2025 con o sin los recursos de la ley de financiamiento que se cayó (o sea, con o sin recorte de gasto) es clave porque ayuda a ver mejor qué tanto crecen las cuentas de 2026 bajo una u otra perspectiva. Si se calcula el monto del Presupuesto de este año sin los $12 billones del proyecto que se cayeron en el Congreso, lo que el Gobierno busca que el Congreso le apruebe este año representaría un crecimiento de 9 %.
De acuerdo con el Ministerio, “el gasto de funcionamiento programado es altamente inflexible. Cinco rubros explican alrededor del 80 % de su crecimiento en 2026 respecto a 2025: SGP; pensiones incluidas las asignaciones de retiro; aseguramiento en salud; Instituciones de Educación Superior Pública (IESP) y gastos operacionales (nómina, mantenimiento y servicios públicos) de Defensa, Policía, Rama Judicial, Fiscalía y Órganos Autónomos (Congreso, Contraloría, Procuraduría y Registraduría)”.
La iniciativa presentada finalmente por el Gobierno crece frente a los cálculos del anteproyecto que ya estaba radicado ante el Congreso, un asunto que es normal. En ese momento, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, había dicho que “En el contexto de la actual fragilidad fiscal actual, este proyecto, por tercer año consecutivo, luce de dudosa capacidad de financiación y no da el difícil pero necesario paso de iniciar un recorte en el gasto público”.
Según el Observatorio Fiscal de la U. Javeriana, el monto que buscaría la nueva ley de financiamiento no tiene precedentes.
“Este desfinanciamiento, que equivale al 1,4 % del PIB, contrasta con las metas de ajuste fiscal necesarias para retomar una senda sostenible de deuda y déficit, tras la activación de la cláusula de escape. Sin medidas estructurales en ingresos y gasto, el déficit fiscal y la deuda podrían deteriorarse a niveles similares, o incluso superiores, a los observados durante la pandemia”, advierte el Observatorio.
Para 2026, prácticamente todos los sectores ganan en asignación presupuestal. El panorama se ve de esta forma:
Vale recordar que el Presupuesto de 2025 se hundió en el Congreso porque los parlamentarios consideraron que las cuentas del Gobierno no eran creíbles. El proyecto debió ser decretado por el Gobierno, sin la ley de financiamiento.
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