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Este lunes, líderes gremiales, expertos económicos y exfuncionarios se reunieron en el foro “Panorama económico y propuestas para el futuro de Colombia”, organizado por Caracol Televisión.
El encuentro abrió un espacio de conversación en el que los participantes debatieron sobre los principales problemas de la economía del país y las reformas que consideran urgentes de cara al próximo gobierno. El foro coincidió, además, con el lanzamiento oficial de Negocios Ditu, el primer canal 24/7 de economía en una plataforma de streaming en Colombia.
¿Qué le duele a la economía colombiana?
No hubo una sola respuesta entre los invitados, pero sí varios puntos de encuentro: la inversión está de capa caída, la regulación no genera confianza y el modelo económico al cual el país debe encaminarse está, precisamente, definiéndose de cara a las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.
María Claudia Lacouture, presidenta de Amcham Colombia y de Aliadas, arrancó la discusión con una advertencia. Para la dirigente gremial, los números de la economía colombiana se ven bien en un primer momento pero, de fondo, la situación no es la mejor.
El país crece, el desempleo ha bajado, la inflación cede. Pero debajo de esa superficie, dijo Lacouture, hay señales que preocupan.
Por ejemplo, criticó que el crecimiento del 2,6 % en el PIB de 2025 esté jalado principalmente por el gasto de los colombianos, no por inversión empresarial ni por generación de empleo formal. El desempleo está en 8,9 %, pero buena parte de esa cifra es rebusque.
El déficit fiscal genera preocupación dentro y fuera del país. Y la inversión extranjera cayó el año pasado un 16 %; la proveniente de Estados Unidos, un 38 %. “No quiero decir que estemos en crisis, ni mucho menos, pero sí es un momento para poder poner atención”, señaló.
Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, indicó que el problema no es solo cuánto crece el país, sino cómo. De ese crecimiento del PIB en 2025 (2,6 %), dijo Malagón, la inversión privada aportó el 1 % y la pública el 7 %.
Un dato que, según Malagón, no había tenido precedente desde la crisis del UPAC en 1999: la participación del gobierno en la economía supera hoy a la de la inversión empresarial.
“Hoy en Colombia pesa más el gobierno de lo que pesa la inversión de los empresarios del sector privado. Eso es gravísimo”, dijo.
Para el presidente de Asobancaria, el diagnóstico de fondo tiene nombre: “La principal preocupación que yo veo hoy es la estatización de la economía”. Y cerró con una frase que resumió la preocupación del panel: “Estamos creciendo poquito, pero estamos creciendo mal”.
Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech, fue más crítico con el entorno regulatorio. En los últimos cuatro años, dijo, el país vivió una “esquizofrenia regulatoria sin precedentes”, la cual definió como un gobierno que hablaba de inclusión financiera e innovación pero que, en la práctica, no tenía quién ejecutara esa agenda.
“No hay mando medio ejecutor, no hay una capacidad de tecnócratas que puedan sacar adelante estas agendas”, señaló. El resultado, según Santos, fue un Estado preso de la inoperancia y la corrupción regulatoria.
Dentro de los ejemplos que puso están que en los últimos 18 meses este gobierno excluyó del mercado formal de crédito a una población del tamaño de la ciudad de Cali.
En factoring electrónico (un mecanismo que permite a empresas pequeñas acceder a capital) Chile tiene una participación del 13 % del PIB; Colombia apenas llega al 3 %. Y en activos digitales, mientras Estados Unidos aprobó el Genius Act y Europa avanzó con el reglamento Mica, Colombia se quedó con un mercado de cerca de 40 billones de dólares sin reglas claras. “Nos quedamos sin con quién conversar del otro lado de la mesa”, resumió Santos.
Para Javier Díaz, presidente de Analdex, el reto de la economía tiene nombre propio: crecimiento. Y más específicamente, exportaciones. Según el líder gremial, Colombia vende al exterior 50.000 millones de dólares al año, pero debería exportar más del doble si se compara con el promedio per cápita de la región.
Y es que, de los dos millones de empresas formales del país, solo 9.000 exportan, y de esas, 411 concentran el 91 % de las ventas al exterior, según datos de Analdex.
“411 empresas es muy poquito (...). Si la economía no crece a tasas significativamente más altas, no va a haber posibilidad de mejora de bienestar para la población”, advirtió Javier Díaz.
Y en infraestructura, el problema tampoco es falta de inversión privada. María Consuelo Araújo, presidenta de la Cámara Colombiana de Infraestructura, explicó que los privados están dispuestos a poner la plata bajo el modelo de asociaciones público-privadas.
A su criterio, lo que frena al sector es que el Estado no ha pagado lo que debe. Según Araújo, al Invias le deben cerca de COP 1 billón, la ANI tiene COP 1,38 billones sin comprometer en vigencias futuras, y hay sentencias, laudos y conciliaciones pendientes por cerca de COP 3 billones más. En total, según la líder gremial, hay cerca de COP 7 billones parados.
¿Qué necesita Colombia?
Remover la tasa de usura, inyectarle capital al sector infraestructura lo que se le debe, meterles tecnología a las aduanas y crear reglas claras para los activos digitales. Esas fueron algunas de las propuestas que pusieron sobre la mesa los panelistas cuando la conversación pasó del diagnóstico a las soluciones.
María Consuelo Araújo resumió las necesidades del sector infraestructura en tres condiciones: confianza, seguridad física y estabilidad institucional. La primera tiene que ver con honrar los compromisos soberanos: contratos, sentencias y vigencias futuras. “Si usted no paga lo que debe, nadie va a venir a seguir prestando”, dijo.
La segunda, con garantizar que los obreros puedan trabajar sin que grupos criminales quemen maquinaria o extorsionen cuadrillas en las regiones. Y la tercera apunta a la rotación de funcionarios: en este gobierno ha habido cuatro ministros de Hacienda, cuatro de Transporte, seis presidentes de la ANI y ocho gerentes del Invias.
“Cuando ya uno pretende hacer el seguimiento de lo que acordó, ya ha cambiado el funcionario”, dijo Araújo.
Para Javier Díaz, la respuesta pasa por política agroexportadora y tecnología. El mundo sigue demandando alimentos y Colombia podría participar más activamente, pero el sector exportador carga con una regulación heredada de la lucha contra el narcotráfico que ahuyenta a las empresas pequeñas.
Un error formal en la DIAN (una unidad de medida equivocada, por ejemplo) puede generar multas que se llevan el patrimonio de una pyme, aunque no haya evasión. Y los trámites siguen siendo manuales: desaduanar un contenedor tarda en promedio ocho días. “En Panamá son minutos”, dijo Díaz. La solución, según él, pasa por inteligencia artificial, big data y plataformas electrónicas.
Jonathan Malagón llegó con tres frentes. El primero, seguridad digital: Colombia recibe 92 ciberataques por segundo en su sistema financiero, y buena parte del fraude bancario se origina desde las cárceles. El segundo, la tasa de usura: el sistema financiero no puede prestar por encima de cierto techo, mientras el gota a gota cobra hasta el 20 % diario. “¿Saben cuánto está cobrando el gota a gota hoy? 20% diario”, dijo.
Y advirtió que bajar la tasa de usura no perjudica al sistema financiero sino al colombiano que queda por fuera del crédito formal.
El tercero fue una meta concreta para el próximo gobierno: rebancarizar a cinco millones de personas que estuvieron en el sistema financiero y salieron por deudas pequeñas. “Si logramos rebancarizar cinco millones de colombianos, la inclusión financiera por el lado del crédito llegaría al 50 %”, dijo.
Gabriel Santos insistió en algo que había señalado antes: el problema no es solo de normas sino de interlocutores. “Una cosa que puede parecer muy sencilla pero es muy importante es tener con quién conversar del otro lado”, dijo.
Y puso dos agendas pendientes que, según él, el próximo gobierno no puede seguir aplazando: el factoring y la regulación de activos digitales.
María Claudia Lacouture cerró con que hay que fortalecer las empresas que generan empleo formal. Según explicó la presidenta de Amcham, en compañías de menos de 10 empleados, el 69 % son informales; cuando superan los 50, la informalidad cae al 1,7 %. “Lo único que genera sostenibilidad es que se pueda generar ingresos a través de empleo formal”, señaló.
El déficit fiscal, el reto del próximo gobierno
El segundo panel del foro organizado por Negocios Ditu se concentró en las finanzas públicas. La pregunta de fondo era: ¿qué tan grave es el déficit fiscal que va a heredar el próximo mandatario y cómo se resuelve?
Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda, describió una “situación fiscal calamitosa, como probablemente no haya memoria en el país”. Advirtió que el servicio de la deuda acumulada se va a devorar el 30 % del presupuesto del año entrante, más de lo que el país invierte en educación o en salud. También llamó a revisar la política energética, incluida la decisión de no hacer fracking.
Restrepo habló de reformar el IVA, que hoy tiene una evasión del 40 %, sin tocar la canasta familiar. De todas formas, advirtió, cualquier reforma va a necesitar acuerdos en el Congreso y resalto que ninguno de los candidatos que, por ahora, van adelante en las encuestas va a llegar con mayorías suficientes para sacar adelante iniciativas sin el apoyo del legislativo.
Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence, puso el problema en perspectiva histórica: tras la pandemia, el déficit fiscal saltó del 3,5 % al 6,5 % del PIB en promedio, unos COP 54 billones anuales.
Y señaló algo más preocupante: Colombia tiene hoy déficit primario, es decir, el gobierno no genera ingresos suficientes para cubrir sus gastos corrientes. Para salir de ese hueco, planteó tres vías: reforma tributaria, recorte del gasto y mayor crecimiento. Sobre el recorte, señaló que el 80 % del gasto en subsidios de servicios públicos llega a hogares que no son pobres.
Hernando Zuleta, decano de Economía de la Universidad de Los Andes, advirtió que el ajuste tiene que calibrarse: “No podemos arrancar el nuevo gobierno con un ajuste fiscal que genere una recesión”.
Para Zuleta, el nuevo gobierno debe comenzar por enviar señales creíbles a los mercados internacionales: iniciar el ajuste fiscal, reducir gasto público y sentarse a negociar con organismos multilaterales. Solo así, dijo, se podrán reducir las tasas de interés que le cobran al país. Y subrayó que una coordinación con el sector privado debería arrancar, incluso, antes del 7 de agosto (cuando se posesione el nuevo mandatario).
A su turno, Jorge Iván González, profesor de la Universidad Nacional y exdirector del DNP, apuntó a la ineficiencia del gasto territorial: COP47 billones de pesos en regalías desperdiciados en 12.000 proyectos dispersos en un solo cuatrienio, y señaló que la ejecución presupuestal está en 16 % cuando debería estar en 25 %. “¿Cómo nos estamos gastando la plata?”, cuestionó el exfuncionario del Gobierno.
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