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La decisión de la Comunidad Andina (CAN) sobre la guerra comercial entre Colombia y Ecuador cayó bien en el sector empresarial. Los principales gremios vinculados al comercio exterior respaldaron las resoluciones emitidas por el bloque regional y pidieron a ambos gobiernos desmontar las medidas que llevaron la relación bilateral a uno de sus momentos más tensos en años recientes.
La Secretaría General de la CAN ordenó retirar los aranceles y restricciones comerciales que ambos países se impusieron mutuamente desde comienzos de 2026. El organismo concluyó que las medidas violan el Acuerdo de Cartagena, tratado que rige la integración andina y que prohíbe barreras comerciales entre los países miembros.
Las resoluciones fijaron un plazo de 10 días hábiles para desmontar las medidas.
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María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colombo-Americana (AmCham Colombia), aseguró que la decisión “recuerda que la integración andina no es un discurso, sino un marco jurídico y político construido precisamente para evitar que las tensiones coyunturales e ideológicas entre gobiernos terminen castigando a las empresas, al empleo y a los ciudadanos”.
La dirigente gremial advirtió que insistir en mantener medidas de este tipo “no proyecta firmeza, proyecta una desconexión costosa entre la política y la economía real”.
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Lacouture también subrayó que la hoja de ruta ya quedó definida por la Secretaría General de la CAN. “Se fijó un plazo de 10 días hábiles para retirar las medidas. Cualquier reconsideración puede presentarse dentro de los 45 días, pero no frena automáticamente su cumplimiento y si aun así persisten los aranceles, el asunto puede entrar en terreno de incumplimiento del derecho andino y puede terminar ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”.
La presidenta de AmCham pidió además que ambos gobiernos abran espacios de diálogo para bajar la tensión comercial. “Es importante que los pasos se cumplan y es importante también dentro del relacionamiento entre los dos gobiernos que se tenga acciones de diálogo y resolver cualquier confrontación que permita seguir avanzando entre dos pueblos que han sido hermanos”, afirmó.
La disputa escaló rápido. A comienzos de año, Ecuador impuso el primer arancel del 30 % a mercancías colombianas. Después elevó la tarifa al 50 % y finalmente al 100 %. Paralelamente, incrementó de 3 a 30 dólares por barril la tarifa para transportar crudo colombiano por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE).
Bogotá respondió golpe por golpe. Aplicó aranceles recíprocos a productos ecuatorianos como cacao, frutas, bebidas, calzado, plásticos y hortalizas. También restringió el ingreso terrestre de mercancías por Ipiales y Puerto Asís y suspendió exportaciones de electricidad hacia Ecuador alegando razones de soberanía y seguridad energética.
En medio de la presión empresarial y la caída del comercio, el gobierno de Daniel Noboa anunció esta semana una reducción del arancel del 100 % al 75 %, efectiva desde el 1 de junio, con el argumento de avanzar hacia mecanismos de cooperación bilateral en seguridad. El problema es que para los empresarios el daño ya está hecho y un arancel del 75 % sigue funcionando como una pared.
¿Qué ordenó la CAN?
La Comunidad Andina emitió tres resoluciones firmadas por el secretario general Gonzalo Gutiérrez Reinel.
Las resoluciones 2581 y 2582 van dirigidas contra Ecuador. La primera ordena a Ecuador levantar la restricción que convirtió al puente internacional de Rumichaca en el único paso habilitado para mercancías colombianas. La segunda exige desmontar la llamada “tasa de seguridad”, que arrancó en 30 %, luego subió al 50 % y finalmente llegó al 100 % para productos provenientes de Colombia.
La tercera resolución, la 2583, va dirigida al gobierno colombiano. Allí, la CAN ordena retirar los aranceles recíprocos y las restricciones aplicadas a mercancías ecuatorianas por las aduanas de Ipiales y Puerto Asís.
En sus conclusiones, la Secretaría General rechazó los argumentos de ambos gobiernos. Ecuador defendía el cobro alegando mayores gastos en controles fronterizos, scanners, drones, vigilancia satelital y lucha contra el crimen organizado. La CAN concluyó que esos costos hacen parte de obligaciones normales del Estado y no podían trasladarse como recargos al comercio colombiano.
Colombia, entre tanto, argumentó razones de seguridad nacional y protección económica frente al impacto sobre sectores productivos. La CAN respondió que las medidas resultaban “injustificadas, desproporcionadas” y que no superaban el test de proporcionalidad contemplado dentro del derecho andino.
Los gremios piden volver al arancel cero
La respuesta de los exportadores fue igual de contundente. Javier Díaz, presidente de Analdex, dijo que las resoluciones representan “una muy buena noticia” para el comercio bilateral y sostuvo que el gremio venía advirtiendo desde hace meses que las medidas eran incompatibles con el Acuerdo de Cartagena.
“Siempre hemos sostenido que estas medidas eran ilegales a la luz del acuerdo de Cartagena, pero ahora la decisión de la comunidad es una orden, una obligación para los países, sino estarían incumpliendo el ordenamiento jurídico”, señaló.
Díaz agregó que espera que ambos gobiernos acaten el fallo y restablezcan el arancel cero para el universo de productos comercializados entre los dos países. “Espero que tanto Ecuador como Colombia acaten esta decisión de la comunidad y se restablezca el 0 % de arancel para el universo del comercio, de los productos, que tanto Colombia como Ecuador comercializan bilateralmente”.
La preocupación del sector privado no es menor si se mira el golpe que ya recibió el comercio binacional. Según cifras de Analdex, las exportaciones colombianas hacia Ecuador acumulan una caída del 60 % con corte a marzo.
Entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, las ventas externas pasaron de USD 173,5 millones a USD 109,3 millones. La energía eléctrica, principal producto exportado hacia Ecuador, se desplomó 77,1 % en el arranque del año. Los azúcares también retrocedieron 26 %.
En Rumichaca, principal corredor fronterizo entre ambos países, transportadores y agencias aduaneras llevan semanas operando a media marcha. El flujo comercial se redujo incluso antes de que Ecuador elevara el arancel al 100 %.
Desde la ANDI, Bruce Mac Master también respaldó la decisión de la Comunidad Andina y habló de los efectos económicos que dejaron las restricciones. “La Comunidad Andina le ordena a los gobiernos de Colombia y Ecuador levantar todas las medidas restringen en el comercio, entre las dos naciones, entre las dos economías, entre las dos sociedades en forma irregular”, escribió.
El dirigente gremial añadió que el organismo regional hizo énfasis “en el inmenso daño que se produce derivado de las medidas arbitrarias que afectan a los trabajadores, al sector empresarial, a los consumidores de los dos países”.
Con el procedimiento ya trazado dentro del sistema andino, el desacato podría escalar jurídicamente ante el Tribunal de Justicia. Recordar lo que señaló Lacouture: “Cualquier reconsideración puede presentarse dentro de los 45 días, pero no frena automáticamente su cumplimiento”.
El reloj ya empezó a correr para ambos gobiernos. Y también para cientos de empresas que llevan meses atrapadas entre decretos cruzados, camiones quietos y una guerra comercial que terminó chocando contra las reglas del propio bloque regional que ambos países ayudaron a construir.
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