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Luego de la ponencia de la Ley de Financiamiento, conocida popularmente como reforma tributaria, presentada este martes en el Congreso, se conocieron cambios respecto a su versión inicial de $12 billones.
El propósito central de la Ley de Financiamiento es aportar recursos adicionales al Presupuesto General de la Nación, que para 2025 está proyectado en $511 billones. Inicialmente, se esperaba que esta reforma recaudara $12 billones adicionales; sin embargo, tras las modificaciones introducidas, la cifra se ha ajustado a $9,8 billones; una disminución refleja del Gobierno para viabilizar la aprobación en los próximos cuatro debates.
El ministro de Hacienda, Diego Guevara, señaló que esta cifra “es el cálculo que tenemos con el equipo técnico, para complementar el presupuesto de inversión”. Un monto que, además, facilitaría el consenso con el Congreso para su aprobación.
“Si mañana no se aprueba esta ley, analizaremos los escenarios. Estaremos revisando hasta el final de la legislatura en la siguiente semana”, subrayó.
El contexto de esta reforma es inusual: el presupuesto de 2025 no fue aceptado por el Congreso en los tiempos estipulados, algo sin precedentes en la historia reciente del país. Esto implica que el Gobierno tendrá que expedirlo mediante decreto, ajustándolo a los recursos disponibles, con plazo hasta el 31 de diciembre.
“Yo creo que antes de las dos semanas efectivamente va a salir. Estos dos años he podido conocer bien el Ministerio, conocer las finanzas del país y mantener un mensaje positivo a todos los inversionistas y con todos los colombianos”, dijo el ministro Guevara, quien ejerció como viceministro.
Así, la Ley de Financiamiento resulta clave para evitar recortes drásticos en las metas de gasto público.
¿Cuáles son los cambios?
Aunque el Gobierno evita llamarla una “reforma tributaria”, la Ley de Financiamiento incluye modificaciones en impuestos y ajustes a la regla fiscal. Este último aspecto busca adelantar el cumplimiento de los límites de endeudamiento fiscal de 2026 a 2025, permitiendo al Gobierno manejar con mayor flexibilidad su endeudamiento en el corto plazo.
“Sabemos que estamos al límite y estamos comprometidos con eso”, señaló Guevara. “Este Gobierno ha hecho un gran sacrificio por mantener la confianza de todas las personas que compran los títulos y bonos de Colombia, tanto internos como externos”.
Entre las principales alteraciones al proyecto original destacan:
- Eliminación del IVA a juegos de azar en línea: inicialmente, se propuso gravar esta actividad con un IVA de 19 %, con una expectativa de recaudo de $2 billones anuales. El ministro Guevara apuntó la medida fue retirada “por las diferentes dudas de los ponentes sobre los escenarios de ilegalidad que pueda crear”. Sin embargo, se introdujo “un impuesto a dividendos para tratar de complementar el recaudo”.
- Impuesto a servicios postales internacionales: para cubrir el hueco dejado por los juegos de azar, se propone gravar con IVA los servicios postales, de entrega rápida y de tráfico internacional, cuyo valor sea inferior a US$200. Esto podría aportar más de $2 billones anuales, según cálculos de los ponentes.
- Amnistías tributarias y descuentos en multas: la reforma introduce beneficios significativos para deudores tributarios y morosos de multas de tránsito. Las sanciones impuestas hasta el 31 de diciembre de 2023 podrían ser canceladas con un descuento del 50 % en el capital adeudado y de 100 % en los intereses. También se establecen tarifas reducidas para corregir obligaciones tributarias con la DIAN.
- Impuesto a los carros híbridos: se descartó el incremento del IVA a 19 % para este tipo de vehículos. La tarifa se mantendrá en 5 %, argumentando coherencia con las políticas de transición energética y la necesidad de fomentar su compra.
- Impuesto al patrimonio y ganancias ocasionales: se eliminó la propuesta de reducir el umbral del impuesto al patrimonio de 72.000 UVT a 40.000 UVT (aproximadamente $1.882 millones). También se descartó un incremento del 5 % en las tarifas aplicables a ganancias ocasionales.
- Sobretasa a industrias extractivas: se modificó la propuesta de sobretasa para las empresas de este sector. Ahora, esta solo se aplicará cuando los precios internacionales de los productos energéticos sean altos, evitando cargas adicionales en momentos de precios bajos. En cuanto a los combustibles, el ministro de Hacienda subrayó que el impacto “es marginal”, mientras continúan los diálogos con los camioneros.
Disminución de impuesto de renta
Uno de los elementos más destacados del proyecto es la reducción gradual del impuesto de renta para las empresas, que pasaría de 35 % actual a 30 % en un plazo de cinco años (1 % menos por año entre 2025 y 2030). Este ajuste, según el Gobierno, busca hacer más competitivo el entorno empresarial nacional frente a estándares internacionales.
Además, los cambios propuestos en la regla fiscal permitirían al Ejecutivo tener un margen adicional de $6 billones en endeudamiento, sin superar los límites establecidos previamente.
Los recortes presupuestales
En sus declaraciones recientes, el ministro destacó que el Gobierno ejecutó un recorte presupuestal de $28 billones, acompañado de un manejo eficiente de la liquidez. Este esfuerzo, asegura, permitirá cumplir con la regla fiscal en 2024, un compromiso clave para preservar la credibilidad financiera del país.
“Sabemos que estamos al límite y estamos comprometidos con eso”, afirmó Guevara, subrayando el sacrificio realizado por la administración para mantener la confianza de los inversionistas, tanto en el mercado interno como en el internacional.
A pesar de los ajustes fiscales, Guevara considera que el contexto macroeconómico brinda señales positivas. Según sus estimaciones, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) cerrará en un 2 % este año, triplicando el desempeño de 2023. Asimismo, la inflación se ubicará en 5,2 %, acercándose al rango meta del Banco de la República, mientras que el desempleo se ha mantenido por debajo del 10 %.
“Estas tres variables macroeconómicas muestran unas buenas perspectivas”, aseguró el ministro, quien también destacó la tendencia a la baja en las tasas de interés del Banco de la República como un factor que podría aliviar la presión fiscal.
En cuanto a la negociación del salario mínimo para 2024, Guevara reiteró el respeto del Gobierno al proceso tripartito, que involucra a empresarios, trabajadores y autoridades. Recordó que el punto de partida de estas discusiones siempre debe ser el crecimiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) más la productividad, lo que garantizaría un equilibrio entre los intereses de las partes involucradas.
A pesar de las modificaciones realizadas para suavizar el impacto de la reforma, el camino en el Congreso no será sencillo. Diversos sectores han manifestado su desacuerdo con aspectos específicos del proyecto, desde la carga impositiva sobre ciertos sectores hasta la falta de claridad en algunos de los cálculos de recaudo.
De no ser aprobada, el Gobierno tendría que ajustar sus ambiciones de gasto y recurrir a medidas alternativas para cuadrar las cuentas de 2025, lo que podría incluir recortes en programas clave.
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