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Esta reforma tributaria se encamina a recaudar $15,2 billones “que garantizarían soluciones en torno a lo social, lo económico y lo fiscal, que beneficiarían a cerca de 11,6 millones de colombianos y que lograrían reactivar la economía, la sostenibilidad fiscal y mayor inversión en nuestro país”, explica el Gobierno.
Para alcanzar esta suma, el proyecto contempla suavizar algunos impuestos y elevar otros. Propone, por ejemplo, un descuento del ICA (impuesto de industria y comercio) del 50 % para disminuir la tarifa efectiva de tributación de las empresas sin afectar los ingresos de las entidades territoriales. Con este cambio se espera obtener $3,9 billones.
Atendiendo el ofrecimiento de la ANDI y los empresarios, el proyecto de reforma tributaria plantea elevar la tarifa de renta para las empresas al 35 %, pero manteniendo los beneficios de la Ley de Crecimiento, como la contratación de jóvenes, descuentos para empresas de los sectores creativos o economía naranja, renta exenta del 0 % para el sector agroindustrial y las inversiones en hoteles y parques. Con una mayor renta para las empresas se pueden recaudar hasta $6,7 billones.
Igualmente, el Gobierno propone decretar hasta tres días sin IVA, decisión que ayudaría a la reactivación de las compras electrónicas.
Menos consenso existe en la posibilidad de elevar en tres puntos la actual sobretasa al sector financiero hasta 2025, pero no por eso se excluyó del texto final del Gobierno. Esa sobretasa está definida para 2021 en 34 % y para un año después en 33 %. Este impuesto representaría un ingreso de $415.000 millones.
Como en anteriores propuestas, se incluyó la opción de que la DIAN desarrolle un programa de normalización tributaria que se convierta en una de las principales herramientas para regularizar los capitales de los colombianos en el exterior. Fortaleciendo la capacidad de fiscalización de la entidad se esperan obtener $2,7 billones adicionales.
Además, con el propósito de continuar la campaña de reducción de la evasión, se facultaría a la DIAN para enviar las declaraciones de renta a aquellos contribuyentes que están obligados a presentarla y hoy no lo hacen.
Finalmente, el proyecto propone crear el Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB), con el propósito de identificar mejor a las personas que son propietarias o beneficiarias de las empresas para que cumplan con sus obligaciones tributarias. Para este se utilizaría un sistema de información georreferenciada con el objetivo de detectar el valor real de los inmuebles declarados.
El Gobierno insiste en no gravar a las clases medias con impuestos adicionales, dado que estas son el motor del consumo y de la reactivación. Bajo esa premisa, el Gobierno reiteró que el proyecto de ley no toca el impuesto a la renta ni se modifica la estructura del IVA.
Para ayudar al fortalecimiento de las finanzas de las regiones que también se han visto afectadas por la pandemia, la tributaria incluye financiar hasta el 50 % del déficit operacional derivado de la pandemia de sistemas integrados de transporte masivo, así como distribuir $2,4 billones del Sistema General de Participaciones (SGP) para las entidades territoriales que pueden destinar a educación, salud y agua potable. Asimismo, plantea la extensión de algunas medidas del Decreto 678, establecido durante la pandemia, como los créditos de tesorería y los cupos de endeudamiento.
El Minhacienda explicó que habrá mayor capacidad técnica e independencia del Comité de Regla Fiscal y definió un anclaje para la deuda pública del 55 % del PIB.
Austeridad en el gasto
El Gobierno ha venido proponiendo un programa de austeridad en el gasto público, sin embargo, no contempla la posibilidad de eliminar ninguna de las 15 consejerías que cuestan cerca de $225.000 millones. Sí dice que se limitará el crecimiento de la burocracia y que mantendrá la capacidad adquisitiva de los trabajadores públicos. Solo restringe los cambios en la planta de personal y mete en el congelador las vacantes.
De los gastos en viáticos, papelería, publicidad, uso de vehículos y combustibles se busca un ahorro del 50 % en los siguientes 10 años. Igualmente, el recorte pasa por el uso de celulares, planes de telefonía, internet y datos. Por último, se promoverá el teletrabajo y los eventos virtuales, se racionalizan los esquemas de seguridad y habrá control a los contratos de prestación de servicios o nóminas paralelas. Con este plan se esperan conseguir $1,9 billones.
Respecto a los subsidios, se propone extender el programa de Ingreso Solidario hasta el año 2022, ampliando a 200.000 hogares en condición de pobreza extrema. De esta forma, el costo de este beneficio sería de $2,1 billones para 2021 y de $6,5 billones para 2022.
También se amplía el subsidio a la nómina (PAEF) hasta diciembre de 2021, pero focalizado a empresas o personas naturales que empleen entre dos y 50 trabajadores. Estas ayudas sociales demandan recursos por $1,06 billones en 2021.
El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, indicó que el proyecto de inversión social será llevado al Congreso de la República el 20 de julio con mensaje de urgencia y se espera su aprobación para el siguiente mes de agosto.
