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Los buses intermunicipales se alinean como fichas de dominó dormidas. Esa es la escena luego de cuatro días de paro arrocero. Dentro del bus, la paciencia se cocina al calor de gremios que reclaman más apoyo del Gobierno ante la caída de los precios del arroz, contrabando y pocas garantías laborales.
Desde el 14 de julio, los productores arroceros iniciaron bloqueos en varios puntos estratégicos de un país que se mueve las mercancías, mayormente, por carreteras. Tolima, Huila, Meta, Casanare, Córdoba, Arauca, y ahora también Sucre, Cesar, Santander y Norte de Santander.
El epicentro del malestar es el precio, que ha caído 12 % en lo corrido del año, mientras los costos de producción vuelan en los Andes.
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El sector arrocero, que siente la respuesta estatal como insuficiente, se levantó de la mesa de diálogo por la falta de presencia de la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino.
Pero de fondo, en el transporte la factura crece cada segundo. Los intermunicipales están varados: más de 300.000 viajeros han resultados afectados. Algunos esperaron hasta diez horas. Las pérdidas para las empresas ya superan los $6.000 millones. Y contando.
La asociación que agrupa a los transportadores formales (Aditt) comunicó que a pesar de reconocer el derecho a la protesta, el cierre de los corredores viales es un atropello a los derechos de movilidad, seguridad y trabajo.
“Las pérdidas económicas para las empresas superan los 6 mil millones de pesos, una cifra que sigue en aumento por la imposibilidad de operar con normalidad”, dijo José Yesid Rodríguez, presidente del gremio.
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La red de rutas bloqueadas es extensa y asfixiante: Saldaña, Armero y Gualanday en Tolima; Neiva, Campoalegre y Villavieja en Huila; Aguazul en Casanare; la doble calzada Lorica-Cereté en Córdoba.
Frente al colapso, las empresas de transporte han solicitado autorización para desvíos, corredores humanitarios y vigilancia reforzada. Pero la respuesta del Ministerio de Transporte no ha llegado.
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Según Fedearroz, el precio por carga de 125 kilos cayó de $225.000 en 2024 a apenas $158.000 en los Llanos y $170.000 en Tolima. Una reducción que no se compensa con los costos en insumos, fertilizantes y transporte. Agricultores reportan pérdidas de hasta $2,8 millones por hectárea sembrada.
Entre julio y septiembre se recoge el grueso de la cosecha nacional. Pero con las vías cerradas, los granos no llegan a los molinos. Y si no llegan a tiempo, se pierden. Y si se pierden, habrá más molestias sazonándose.
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