Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Más de 7,5 millones de fotomultas quedaron bajo revisión en Colombia. Y más de 5,8 millones perderán validez.
La Superintendencia de Transporte abrió investigación administrativa contra 37 organismos de tránsito del país por presuntas irregularidades en la operación de sistemas automáticos de detección de infracciones, las conocidas cámaras de fotomultas.
El caso golpea a varias de las principales ciudades del país y podría terminar en devoluciones multimillonarias.
El Gobierno calcula que más de 1,5 millones de comparendos ya pagados generaron recaudos superiores a COP 1,05 billones. Ese dinero ahora podría convertirse en un problema fiscal y jurídico para las autoridades investigadas.
Las posibles sanciones superarían los COP 2,1 billones.
La investigación apunta a fallas relacionadas con requisitos técnicos obligatorios establecidos en la Ley 2251 de 2022 y la Resolución 718 del Ministerio de Transporte. El punto más delicado gira alrededor del llamado “concepto de desempeño” emitido por el Instituto Nacional de Metrología, documento que certifica la confiabilidad técnica de los sistemas.
Según la Supertransporte, varias entidades operaron cámaras sin cumplir esa condición.
“Hoy el Gobierno Nacional le dice al país que las fotomultas no pueden convertirse en un mecanismo de recaudo por fuera de la ley. Cuando no se cumplen los requisitos técnicos y legales, los ciudadanos no pueden ser los que paguen las consecuencias”, afirmó la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.
Los hallazgos quedaron divididos en tres grupos:
Doce organismos de tránsito habrían iniciado operación sin contar con concepto de desempeño. Otros siete operaron utilizando conceptos expedidos a terceros. Y 18 obtuvieron los certificados técnicos después de haber empezado a imponer comparendos.
Entre las autoridades investigadas aparecen Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Villavicencio, Montería, Sincelejo, Valledupar, Sabaneta, Soledad y Villa del Rosario, entre otras.
Cali concentra el volumen más alto de comparendos bajo investigación: 2,7 millones.
Le siguen Medellín, con más de 717.000; Bogotá, con cerca de 294.000; y Barranquilla, con más de 131.000.
La consecuencia más inmediata recaerá sobre las multas pendientes de pago. Según el Gobierno, 5.832.906 comparendos deberán ser revocados de oficio por las autoridades correspondientes.
El beneficio potencial alcanzaría a más de 1,4 millones de ciudadanos.
El otro frente es todavía más complejo. Los comparendos ya pagados podrían abrir la puerta a devoluciones masivas de dinero. La Superintendencia calcula que los recaudos asociados superan COP 1,05 billones.
“No estamos actuando contra la seguridad vial. Estamos actuando contra posibles irregularidades que afectan la legalidad y la confianza ciudadana. Ninguna cámara de fotodetección puede operar sin cumplir los requisitos técnicos y jurídicos exigidos por la ley”, aseguró el superintendente de Transporte, Alfredo Piñeros.
El sistema de fotomultas, en escala
Según cifras del RUNT, en el país circulan cerca de 18,2 millones de vehículos. Y el uso de cámaras de detección electrónica se disparó en los últimos años.
Entre 2022 y 2023, las infracciones detectadas mediante fotomultas crecieron 50 %, pasando de 2,2 millones a tres millones de comparendos. Si se compara con 2021, el aumento ronda 170 %.
Recomendado: Tecnologías para hacerles “conejo” a las fotomultas: ¿una realidad inminente?
También creció la infraestructura. El número de dispositivos de detección electrónica se ha cuadruplicado en siete años. De 216 que se registraron en 2018 pasamos a los 680 actuales, de acuerdo con registros de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Bogotá concentra la mayor cantidad, seguida de Antioquia y Atlántico.
Sin embargo, las autorizaciones por parte de la ANSV han tenido altibajos: en 2022 se sumaron 44, en 2023 fueron 95 y para 2024 sólo se añadieron cinco cámaras.
Las autoridades de tránsito y seguridad vial han defendido históricamente estos sistemas bajo dos argumentos: aprehensión y disuasión. La ANSV sostiene que las cámaras ayudan a reducir accidentes y que el exceso de velocidad sigue siendo una de las principales causas de sanción detectada electrónicamente.
“Cuando se incrementa la velocidad, la relación de incremento del riesgo es de uno a cuatro; es decir, por 1 % de incremento en la velocidad, el incremento en el riesgo de tener un siniestro vial es de 4 %”, según la entidad. Y agregó: “Según estudios internacionales, la instalación de cámaras mostró una reducción de 20 % en choques, 15 % en choques con lesionados y 51 % en choques con muertos”.
El caso desliza bajo la puerta, de nuevo, la perspectiva de los actores viales: si las fotomultas terminaron convertidas en una herramienta de seguridad vial o en un sistema de recaudo permanente para las administraciones locales.
La polémica no es nueva. Durante años hubo críticas por cámaras ubicadas en zonas cuestionadas, sanciones automáticas y problemas alrededor de notificaciones y debido proceso. La Ley 2251 de 2022 intentó endurecer requisitos técnicos y jurídicos para limitar abusos y garantizar trazabilidad en los sistemas.
La investigación actual sugiere que parte de esas exigencias podría haberse incumplido precisamente mientras el sistema más se expandía.
También deja un problema administrativo enorme. Revocar millones de comparendos implica procesos internos, ajustes en bases de datos, eventuales reclamaciones judiciales y posibles devoluciones masivas de dinero.
Para varios municipios y ciudades, el golpe puede sentirse directamente sobre las finanzas públicas. Muchas entidades territoriales incorporaron durante años los ingresos por fotomultas como una fuente relativamente estable de recaudo.
Ahora parte de esos recursos podría quedar atrapada entre procesos administrativos, litigios y devoluciones.
💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.
