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Durante el Gobierno de Gustavo Petro, cuando al presidente le ha correspondido definir el incremento salarial vía decreto, la apuesta ha sido por aumentos considerables. Para este año el alza fue del 23 %, más de cuatro veces la inflación con la que cerró 2025 (5,10 %).
Detrás de esto hay una teoría económica que, una vez más, el Gobierno está poniendo a prueba. Esta dice que trabajadores mejor remunerados se traducen en una dinamización de la economía, ya que el aumento de su poder adquisitivo implica una mayor demanda, lo que incentiva una mayor venta y producción de las empresas y, por ende, mayor demanda de empleo. Un círculo virtuoso.
En el debate por el incremento del salario mínimo que se dio en diciembre del año pasado, ese fue el argumento que emplearon las centrales obreras, pues dijeron que tras años de alzas considerables el desempleo llegó a mínimos históricos, la inflación siguió en una senda de desaceleración y el PIB continuó creciendo.
Una tesis que habría que revisar con lupa pues, como en su momento lo advirtieron los empresarios, estas alzas están demandando mayores esfuerzos de caja en el tejido empresarial, lo que podría terminar, señalan los empresarios y algunos centros de pensamiento, en un repunte de la informalidad o recortes de personal.
Recientemente, la Federación Colombiana de Gestión Humana informó que más del 14 % de las empresas han cambiado los salarios integrales por salarios ordinarios, precisamente por cuenta del salario mínimo.
El salario integral, según el artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo, es aquel que acuerda el trabajador con el empleador y se caracteriza por incluir, además del sueldo básico, el pago de las prestaciones, los recargos y otros beneficios (excepto las vacaciones). Lo positivo de esta figura es que simplifica la nómina para los cargos de alta remuneración.
El código también establece que este no debe ser inferior a 13 salarios mínimos, donde el factor salarial (que equivale al 70 %) debe ser de por lo menos 10 salarios mínimos; mientras que el prestacional (que se lleva el otro 30 %), tiene que estar por encima de los 3 salarios mínimos.
De esta forma, el salario integral para 2026 debe ser de por lo menos COP 22.761.765. De estos, COP 17.509.050 son del factor salarial y, COP 5.252.715 del prestacional.
“El estudio -que consultó a más de 200 organizaciones de todos los tamaños de varias regiones del país- también reveló que más de la mitad de las empresas aún no han decidido si mantener los salarios integrales o transformarlos”, puntualizó ACRIP.
Para los cargos de alta gerencia, el 26% de las empresas que tienen esta política salarial afirmaron que los pasarían a régimen nominal, mientras que el 18% dijo que los mantendría. En gerencia media, el 39% los pasaría a salario ordinario y el 7% los mantendría. Mientras que para los cargos de gerencia general el 25 % de las organizaciones encuestadas tiene como política dejarlo bajo el régimen integral.
Esta es solo una de las estrategias que están adoptando las empresas para hacer frente a la considerable alza salarial. El estudio también mostró que el 32 % de las compañías han reducido sus gastos e implementado estrategias de austeridad, mientras que el 24 % le ha apostado a la automatización de procesos a través de la IA (parte de los trabajos que antes hacían humanos ahora lo hacen las máquinas).
El presidente de ACRIP, Juan Carlos Ramírez, “el incremento desmedido del salario mínimo decretado por el Gobierno ha impactado las finanzas de las empresas, llevándolas a crear estrategias para mitigar su impacto. Con este análisis evidenciamos que los esquemas salariales, la empleabilidad y, en algunos casos, el precio final de los consumidores o usuarios, son los más afectados”.
Se encontró que el 82,4% de las empresas van a incrementar los salarios en este 2026, un 14,8% manifestó no estar seguros de si hacerlo o no, y un 2,9% ya tomó la decisión de no incrementarlos.
El 47,1% de las empresas ya realizó incrementos de salarios durante el mes de enero, el 22,8% los realizará en febrero, el 15% en marzo y un 9,2% en abril.
“Los mayores porcentajes de incrementos estarían en el personal base, con un aumento del 13,3% en promedio, más de cinco puntos porcentuales por encima de la proyección que tenían las empresas en diciembre de 2025, antes de que se conociera el incremento del salario mínimo. Le siguen el personal técnico con un incremento del 8,2%, profesionales con el 6,9%, gerencia media con el 6,4% y alta gerencia con el 6,3%. Para estos niveles organizacionales, las empresas proyectaban un incremento del 6% en diciembre de 2025”, concluyó.
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