22 Mar 2020 - 2:00 a. m.

Medidas radicales para tiempos impensables

El avance del coronavirus, más allá de sus implicaciones macroeconómicas, propone replantear el paradigma social y pensar en acciones más audaces para tiempos de crisis, pero también de cara a un futuro lejos de las fragilidades de un sistema que fue desarmado por un microorganismo.

Diego Guevara* @diegoguevaro

La covid-19 es, de lejos, el principal protagonista en la comedia de los errores en lo que va corrido del siglo XXI. Y seguramente los efectos y las transformaciones que generará marcarán un hito en nuestra era.

La crisis económica y financiera que la pandemia está desatando tendrá consecuencias más profundas para la economía global que la gran recesión de 2008 y los niveles de desempleo y decrecimiento pueden superar a los de la Gran Depresión de 1929 si no hay una ruptura y flexibilización del paradigma macroeconómico imperante. Una crisis de la magnitud actual requiere medidas económicas globales coordinadas que sean profundas y radicales, que tendrán que trascender las lógicas del mercado y las reglas presupuestarias sobre las que se ha erigido la política económica de las últimas cuatro décadas.

De fondo, lo que la pandemia está proponiendo, rápida y globalmente, es una reestructuración del paradigma social: todos vamos a perder un poco. Pero perder entre todos puede ayudar a ajustar el golpe, a difundir la energía del choque.

El virus ha desnudado las fragilidades de un sistema interconectado y altamente interdependiente. Como toda gran crisis, se ceba en las grietas sociales y económicas, en asuntos como la desigualdad y la desprotección social.

Pero también vale la pena señalar que, como en toda gran crisis, el mantra emergente señala hacia lo colectivo y comunitario como punto fundamental de resistencia y, más aún, de reconstrucción de cara al futuro. Futuro, esa palabra que por estos días toca decir con los ojos cerrados.

En esa medida, mirando hacia delante, los paquetes de alivio sugeridos deben estructurarse no solo para resolver las necesidades del momento inmediato, sino que deben sentar las bases de una recuperación sostenida cuando haya bajado el pico de la covid-19 y de ahí que las ayudas fiscales deben ser masivas y, a la vez, consistentes con las medidas de aislamiento social que permitirían alcanzar la ruptura de las cadenas de propagación del virus.

Hasta el momento, los diferentes gobiernos han activado variadas medidas de provisión de liquidez, paquetes de estímulo, moratorias de deuda, líneas de crédito de última instancia y pagos adicionales en los subsidios establecidos para la población vulnerable. Pero lo que parece ir emergiendo es que estas medidas tal vez no sean suficientes y se necesitan acciones radicales para tiempos impensables.

Colombia no ha sido la excepción y también ha tenido que jugar cartas económicas. Por el lado del Banco de la República, aún no se han tomado políticas drásticas en términos de la tasa de interés, como sí lo hizo la Reserva Federal en Estados Unidos, y más bien el frente de acción ha estado por el lado de la política cambiaria, pues la devaluación del peso colombiano en el mes de marzo ha sido histórica y se rompió la barrera de los $4.000 por dólar.

La salida de capitales ante la desconfianza global por la pandemia, junto con la caída del precio del petróleo a niveles inferiores a US$30, agudizó el problema y por más que en la última semana el Banrep decidió subastar US$400 millones, la tasa de cambio se mantiene por encima de los $4.000.

Si bien hay una buena intención en estas medidas, no son suficientes en un mundo financiarizado y ante el choque global los inversionistas están retirando capitales de las economías emergentes, generando graves depreciaciones en sus monedas. Ante este escenario, una medida radical es el control de capitales, pues como ya se dijo, las acciones tomadas dentro del marco tradicional no están siendo tan efectivas.

Esta medida hoy es respaldada por diferentes académicos del mundo en una carta pública que hemos firmado denominada “Emerging markets need capital controls to prevent financial catastrophe”. Esta decisión, para cualquier economista de formación ortodoxa, atenta contra las lógicas de los mercados, pero en tiempos de una crisis como esta puede prevenir la dramática devaluación de la moneda y los precios de los activos. Sin embargo, se advierte, son decisiones que deben ser coordinadas por instituciones multilaterales para evitar el estigma y prevenir el contagio.

Pasando al rol del Gobierno central y su política fiscal, la administración nacional ha apuntado a sacar cerca de $12 billones del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolero (FAEP) y cerca de $2,7 billones del Fondo Nacional de Pensiones de las entidades territoriales. Se ha planteado un giro adicional para Familias, Jóvenes en Acción y Adulto Mayor, y a la vez acelerar los mecanismos de devolución del IVA para los más vulnerables que estén en el Sisbén. Políticas adicionales plantean suspensión de cuotas de créditos por dos meses y posibilidades de refinanciación.

Otro de los puntos claves, pero que a la vez plantea muchos interrogantes, es la anunciada línea de crédito especial para que las empresas puedan pagar sus nóminas, pero no hay que ser un experto en economía para saber que si los empresarios están en un escenario de incertidumbre extrema, en el que no saben qué va a pasar, no van a tomar un crédito. El Mintrabajo ha afirmado que el coronavirus no es un motivo de fuerza mayor para los despidos, pero muchas compañías están presionando a sus trabajadores para pedir licencias no remuneradas y suspensiones de contratos. También hay casos de despidos forzosos, que en tiempos de aislamiento forzoso tienden a pasar más de agache, incluso para las autoridades. Entonces la señal del crédito para la nómina no está siendo efectiva, a pesar del optimismo de la medida.

Es en estos casos en los que la política fiscal debe ir más allá de las ayudas focalizadas y de insistir únicamente en la vía crediticia como solución en esta crisis. Esta semana los profesores de la Universidad de Berkeley Emannuel Saez y Gabriel Zucman lanzaron una interesante propuesta del Gobierno como pagador de última instancia. Para ellos, en el contexto de la pandemia global, deben existir formas radicales de seguridad social, y una de estas es que el Estado asuma los pagos de las nóminas (puede ser parcialmente) y los costos básicos de mantener un negocio hibernando; esto con el fin de evitar despidos masivos e ir a la bancarrota. Esto no es una medida de largo plazo, pero puede ser sostenida por algunos meses para que el retorno a la normalidad sea menos doloroso.

Un ejemplo de esto es el programa implementado por el gobierno de Dinamarca, que está dispuesto a cubrir el 75 % de los salarios mensuales de los empleados que virtualmente serían despedidos. Adicionalmente, se ha despertado una solidaridad internacional, en la que países como Francia han dicho que no dejarán hundir a Italia en una debacle que aún es primordialmente sanitaria y humanitaria, y en un tiempo pasará a ser económica.

Con estas propuestas hay una ruptura con el paradigma imperante de las finanzas balanceadas y las reglas fiscales. ¿De qué sirven unas finanzas sanas si en el futuro no habrá un aparato económico que contribuya a las mismas? En estas crisis la preocupación por el déficit debe pasar a un segundo plano, y acá se necesitan de nuevo acciones coordinadas globalmente para que las calificadoras no caigan en la trampa de castigar un comportamiento humanitario bajo la lógica financiera.

Estas acciones hasta ahora mencionadas son claves para las dinámicas macro e inciden directamente sobre los sectores formales, que son la gran mayoría en los países del norte, y son un primer paso a seguir. Pero la radicalidad de las medidas en nuestros países de periferia debe llegar también a las dinámicas de la economía popular que marcan la vida de una gran parte de la población.

En el caso colombiano, la informalidad ronda el 50 % del mercado laboral y en la economía popular se encuentran miles de colombianos que se ganan el día a día en actividades como venta ambulante, peluquerías, tiendas de barrio, recicladores, costureras, sastres, cuidadoras, emboladores, trabajadoras domésticas, trabajadores de las plataformas digitales de domicilios y de transporte de pasajeros e incluso trabajadores sexuales.

Estas personas, muchos lejos de los programas de asistencia social, en una suerte de aislamiento social, no podrán tener un ingreso mínimo diario. En este sentido, desde el Grupo de Socioeconomía Instituciones y Desarrollo (GSEID), del CID de la Universidad Nacional, se han planteado esta semana sugerencias de política pública como abrir el Registro Telefónico/Virtual Nacional de Población Ocupada por Cuenta Propia, que derivan su sustento de actividades de la economía popular (informal), para realizar una transferencia monetaria. Esto es clave, pues hoy hay una población “sánduche” de la economía popular que no está en el Sisbén, pero que depende del día a día.

En este sentido, también se propone una suspensión en el pago de los servicios públicos básicos para la población registrada en los programas de transferencias condicionadas y en el registro de cuenta propia que se habilite. Finalmente, es clave suspender pagos de salud y cotización a pensión de trabajadores independientes.

Es tiempo de pensar de formas radicales y despreocuparse por los lineamientos tradicionales. Al fin y al cabo, hoy la economía está en un segundo plano ante la emergencia sanitaria global y la protección de la vida. Si hoy la economía se sube en el asiento del pasajero, entonces hay oportunidad de repensarnos un nuevo contrato social para tiempos de crisis del cual puedan surgir alternativas más humanas en los tiempos para la vida después del coronavirus.

* Profesor de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional de Colombia.

 

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