Mercado laboral y política social

El desempeño del mercado laboral ocupa el centro del debate económico recientemente. Esto se debe a que, en un escenario de inflación creciente y desaceleración económica, el desempleo, después de disminuir consistentemente durante cinco años, aumentó en julio de 2008 con respecto al mismo mes de 2007.

Los últimos resultados de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE muestran que, entre julio de 2007 y julio de 2008, el desempleo aumentó alrededor de un punto porcentual, pasando de 11,2% a 12,1%. Esto implica que, empezando el segundo semestre del año, había 254.000 desempleados más que el año pasado. Este deterioro se traduce en una reducción de los ingresos de las familias que afecta su bienestar, especialmente entre la población más pobre. En efecto, aproximadamente el 75% de los ingresos de los hogares urbanos pobres y el 90% de los ingresos de los hogares rurales pobres se derivan del mercado laboral.

Por esas razones, se han oído muchas explicaciones y debates al respecto. El Gobierno se apresuró a decir que había que reabrir el debate concerniente a la política monetaria, implicando con esto que los recientes aumentos de la tasa de interés podrían explicar el fenómeno. Se ha dicho, en esta línea, que se deben bajar las tasas de interés para dinamizar la producción y el empleo.

También se ha argumentado, con razón, que parte del incremento en el desempleo está explicado por la mayor participación laboral de los últimos meses. Sin embargo, lo que se quiere resaltar en este artículo, escapándonos del debate coyuntural de la última cifra de desempleo, es que el mercado laboral colombiano tiene un problema estructural clave que hace que, desde hace rato, el empleo crezca menos que la economía y, de manera importante, que el autoempleo y la informalidad no se reduzcan con el mayor crecimiento.

Por no ir muy lejos, entre julio de 2007 y julio de 2008, la economía bien pudo haber crecido cerca del 5%, mientras que el empleo lo hizo tan sólo al 2,2%. Esta considerable brecha se explica, en gran medida, por ese problema estructural. Por eso, centrar el debate del empleo en las decisiones de política monetaria es una posición de corto plazo que, de asumirse, dejaría expuesto al país a una mayor escalada en los precios, sin solucionar el problema laboral.

El problema central reside en el hecho de que la protección social, y otros servicios sociales, se financian con impuestos a la nómina, que no han hecho sino crecer desde 1994. Lo anterior entraña dos dificultades fundamentales. En primer lugar, se trata de un sistema excluyente por definición. Si la seguridad social se encuentra atada al empleo formal, deja por fuera a una gran cantidad de individuos que, como tal, son los más vulnerables (por ejemplo, los autoempleados).

En segundo lugar, ese tipo de financiación encarece la generación de empleo formal, bien sea por “exclusión” (asociada a los costos que debe asumir el empleador, que lo obligan a generar menos empleo), o por “escape” (asociado a los costos que percibe el trabajador, que hacen que prefiera ser autoempleado para evitarlos).

Nótese, además, que, en este esquema, muchas de las contribuciones no están directamente relacionadas con un beneficio para el trabajador (es decir, se usan para financiar bienes públicos, el caso de la mayoría de los llamados parafiscales), lo que hace que los trabajadores las perciban como un impuesto puro para ellos, dándoles incentivos adicionales para tratar de evitarlas.

Cuando este esquema de financiación se combina con metas demasiado ambiciosas de cobertura se genera un “círculo vicioso de la informalidad”, donde los incrementos en cobertura se traducen en mayor necesidad de recursos, que son conseguidos, por supuesto, con incrementos en impuestos a la nómina, lo que genera una reducción en la base de aportantes (mayor informalidad), que a su vez genera menores recursos para el sistema. Esta disminución de recursos aumenta la necesidad de financiación para mantener las coberturas, lo que da inicio a una nueva etapa del proceso, que se repite de manera consecutiva y pone en entredicho la sostenibilidad del sistema.

La evidencia de este círculo parece ser incontrovertible. Por ejemplo, se observa que, a partir de la expedición de la Ley 100 de 1993, que incrementó de manera sustancial y abrupta los costos a la nómina, el desempleo y el autoempleo (cuenta-propismo) se incrementaron rápida y sustancialmente, al mismo tiempo que, como se dijo, el empleo y la formalidad se volvieron más resistentes al crecimiento económico.

Al observar la evolución de los costos no salariales y el desempleo urbano en el Gráfico 1, es más que claro que el incremento en los costos a la nómina se encuentra directamente relacionado con el incremento en la tasa de desempleo. De esta forma, se podría afirmar que, bajo la regulación actual, que encarece la generación de empleo formal, la tasa de desempleo de largo plazo de la economía colombiana bien podría ubicarse alrededor del 10%.

Otra consecuencia del modelo actual tiene que ver con el aumento de la ocupación denominada como cuenta propia (el autoempleo). El Gráfico 2 muestra, sin lugar a dudas, cómo el aumento de los costos a la nómina se encuentra directamente relacionado con el incremento del cuenta-propismo.

En efecto, la proporción de trabajadores cuenta propia aumentó ininterrumpidamente entre 1995 y 2001. Lo más importante es que el porcentaje de trabajadores cuenta propia en la actualidad, después de cinco años de crecimiento económico alto, se ubica aproximadamente 20 puntos porcentuales por encima del valor observado a principios de la década de los noventa.

Lo anterior es una clara evidencia de segmentación del mercado laboral, en el sentido de que el empleo por cuenta propia, a partir de 1994/5 se ha vuelto un refugio para quienes, por las restricciones en el mercado formal, les toca dedicarse al cuenta-propismo, aun prefiriendo un empleo asalariado. Es decir, los individuos se ven obligados a pasar de un trabajo asalariado a uno cuenta propia debido al alto costo del empleo asalariado formal. Adicionalmente, en la mayoría de los casos, la migración al empleo cuenta propia está acompañada por la caída del salario, lo que sugiere que la hipótesis de salida involuntaria es la apropiada en este caso.

Esto quiere decir que incluso en los momentos en los que el PIB aumenta de manera considerable, como en 2003-2006, la informalidad no disminuye por la presencia de altos costos de generación de empleo formal. Tanto las empresas como los trabajadores deciden permanecer en el sector informal para no incurrir en los costos relacionados con la actividad formal. Si bien es cierto que en los últimos años se ha dado un incremento importante en la afiliación a pensiones, salud, riesgos profesionales y cajas de compensación, la pregunta relevante, bajo este escenario, es si ésta hubiese sido mayor de no estar presentes estas restricciones. 

El Gráfico 4 es aún más diciente. Muestra las tasas de crecimiento de la economía y el empleo y es contundente en reforzar el mensaje de este artículo: a pesar de altas tasas de crecimiento económico, el empleo total no aumenta a la par. Por esto, cuando la economía se desacelera, el problema de los altos costos a la nómina se hace más evidente y empieza a ser una restricción importante y notoria. Todavía es muy temprano para decir si el dato de desempleo de junio refleja este fenómeno (habrá que esperar unos meses más), pero lo que sí es un hecho es que, con la economía desacelerándose, debemos prepararnos para dejar de observar crecimientos sustanciales del empleo en el futuro.

Finalmente, vale la pena notar que este problema afecta más duramente a la población pobre. De hecho, la proporción de trabajadores cuenta propia entre los hogares pobres representaba el 50% de la población ocupada en 1995, para llegar a ser del 65% en 2006. Por otro lado, la población en pobreza extrema presenta los mayores niveles de informalidad (cerca del 80%), que se traducen, entre otras cosas, en menores salarios. Por lo tanto, este tema es, realmente, uno de los más importantes de política social ¿Será que por querer abarcar mucho estamos apretando poco? Parece ser claro que el sistema actual excluye a muchos, especialmente los más pobres, de la posibilidad de tener un buen trabajo.

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