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El presidente electo, Abelardo de la Espriella confirmó recientemente que Miguel Gómez Martínez será su ministro de Hacienda.
“Los grandes desafíos exigen experiencia, carácter y convicción. Hoy presento a Miguel Gómez Martínez como Ministro de Hacienda de la Patria Milagro. Un hombre que nunca se ha rendido ante las crisis, que entiende que cada peso de los colombianos debe administrarse con responsabilidad y que sabe que la confianza es la base de una economía fuerte. Nunca más el desorden. Nunca más el despilfarro. Nunca más las mentiras que hipotecan el futuro de Colombia”, manifestó el presidente electo.
¿Quién es Gómez Martínez?
Es economista del Instituto de Estudios Políticos de París con Maestría en Economía Internacional y Maestría en Ciencia Política.
Ha sido gerente internacional y presidente ejecutivo de Asocolflores, así asesor económico del Ministerio de Comercio Exterior y secretario del Consejo Superior de Comercio Exterior.
En su hoja de vida también figura que fue vice-contralor general de la República, presidente de Bancoldex, embajador de Colombia en Francia y director de la Cámara de Comercio Colombo Americana.
También figuran cargos académicos, como el de vicerector de la Universidad Sergio Arboleda, decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario y profesor de Macroeconomía Empresarial, de Coyuntura Económica, de la especialización en Finanzas y de la especialización en Mercado Estratégico del Colegio de Estudios Superiores en Administración.
A esto se suma su paso por el Congreso. Según información de la entidad, Gómez llegó a la Cámara de Representantes, siendo cabeza del Partido de la U, con más de 44.400 votos. Su slogan de campaña fue “No más chambonadas, Bogotá merece lo mejor”, y su eje programático se enfocó en la seguridad ciudadana, anticorrupción y generación de empleo, entre otros aspectos.
El enorme reto fiscal de Colombia
Colombia lleva un par de años navegando los peores déficits fiscales de su historia reciente (con excepción de los años de pandemia, por razones obvias). La crudeza del indicador ha venido acompañada de caídas en recaudo tributario, presupuestos desfinanciados y recortes presupuestales.
Al escenario se han sumado rebajas en calificaciones crediticias, subidas en los intereses que gobiernan la deuda externa y una inflación que no logra llegar a la meta del Banco de la República y que, actualmente, se está acelerando.
A la vez, el país ha logrado tener un mejor ritmo de crecimiento económico (particularmente en el PIB), tener un desempleo en niveles históricamente bajos, además de registrar disminuciones en aspectos como pobreza (monetaria y multidimensional).
La ecuación fiscal depende de una serie de factores. Pero, con una visión algo simple y reducida, podemos agruparlos en ingresos y gastos. Y en ambos frentes hay una tela larga por cortar, no sólo desde la Casa de Nariño, sino también desde el Congreso y los intereses de los partidos políticos.
Bajo los análisis del Ministerio de Hacienda, el país cerraría 2026 con un déficit fiscal de 5,3 % del PIB, una proyección mayor a la del Plan Financiero, que a principios de año estimaba esta variable en 5,1 % del PIB. Para 2027, el déficit debería corregirse hasta 4,5 % del PIB, en 2028 debería disminuir a 3,6 % y hacia el largo plazo, 2037, debería tocar un mínimo de 2,7 % del PIB.
La proyección suena bien, pero su materialización está condicionada por una serie de acciones y metas que no son sencillas.
De acuerdo con las cuentas del Minhacienda, se necesitan unos COP 30 billones para comenzar a estabilizar el escenario fiscal, darle más solidez al Presupuesto y poder financiar las inversiones que el Gobierno quiera perseguir. La cifra, astronómica de entrada (la pasada reforma tributaria buscaba recursos por alrededor de COP 20 billones), sólo daría caja para 2027. De ahí para adelante, la cosa es a otro costo, literalmente.
Las cifras del Ministerio indican que, para volver al camino de la regla fiscal (por allá en 2028), el país necesita incrementar sus ingresos tributarios al ritmo de 1,4 % del PIB cada año (con miras a subir a 1,6 % del PIB).
Pero esto no suena del todo realizable, si tenemos en cuenta que entre 2019 y 2025, los ingresos tributarios crecieron apenas 0,4 % del PIB.
El ministro de Hacienda actual, Germán Ávila, aseguró este martes que el Gobierno no descarta presentar el próximo Presupuesto General (antes de finales de julio) con una nueva ley de financiamiento, que buscaría, cuando menos, unos COP 16 billones en recaudo.
Según Ávila, el gran reto es encontrar ingresos nuevos porque por el lado del gasto hay una serie de restricciones legales que, según el funcionario, lo vuelven inflexible en más de 90 %.
Sin embargo, para analistas como Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence y exdirector de Fedesarrollo, reducir el gasto es fundamental: “La mayor parte del ajuste tiene que venir del gasto: la nómina estatal creció 30 % real entre 2022 y 2025, y los subsidios como el de combustibles siguen mal focalizados”.
Sin embargo, pensar en que el Estado se reduce de un plumazo suena un poco a magia, justamente porque no es real del todo. Una porción nada despreciable de estas decisiones está atada a protecciones constitucionales y otra debe pasar, de nuevo, por manos del Congreso.
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