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La Contraloría General de la Nación encontró un daño fiscal por $1.767 millones en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. El hallazgo obedece a deficiencias en la prestación de servicios de salud.
Según el ente de control, se dio un mal uso al 80 % de los recursos de la ejecución de un contrato celebrado entre el departamento y la IPS Universitaria. El contrato estaba destinado al mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura hospitalaria.
De $2.205 millones que debía entregar la IPS Universitaria al departamento, solo ha invertido $437 millones, que equivalen a cerca del 20%.
“La IPS quería cobrar actividades que no se habían realizado, para generar unos gastos superiores y decir que estaban completando ese rubro de los $105 millones para descontarlos” indicó el contralor delegado para el sector social.
Por este motivo, el departamento no ha invertido en infraestructura, equipos de imagenología, neurocirugía, cirugía, odontología y otras especialidades, que según la Contraloría, se encuentran en total abandono.
La Contraloría advirtió que el departamento acumula multas por $1.000 millones, impuestas por la Superintendencia Nacional de Salud y solo ha pagado una por $7 millones.
Entre otras irregularidades, el ente determinó que en Providencia y Santa Catalina no existe habilitación para prestar servicios de urgencias ni de odontología, y cuestionó que la Gobernación de San Andrés no garantizó permisos para el ingreso de especialistas en salud, canceló citas médicas y dejó a los pacientes sin consulta.
Por Redacción Economía.
